Enrique Daza Gamba
Al año de la posesión del gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, el pueblo ecuatoriano protagonizó otras importantes jornadas de lucha a raíz las medidas de ajuste que, decretadas aprovechando las festividades decembrinas, incrementaron el precio de los combustibles, del gas de uso doméstico, de las tarifas de transporte público, de los servicios de agua, luz y teléfonos y del impuesto predial.
Las manifestaciones de descontento fueron iniciadas por sectores estudiantiles de las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, mientras el movimiento indígena y otros sectores intensificaron las acciones a partir del 21 de enero; fecha en la cual se cumplió el año del derrocamiento del demócrata cristiano Jamil Mahuad, por un golpe de Estado en el cual participaron militares e indígenas y que después de unas horas de incertidumbre culminó con el ascenso al poder de Noboa, vicepresidente en ese entonces, quien continuó la política de Mahuad y mantuvo la dolarización de la economía.
De acuerdo con las exigencias del FMI, la medidas de diciembre estaban orientadas a disminuir el déficit presupuestal, garantizar el pago de la deuda externa y salvar el sector financiero
A un año de su puesta en marcha, es evidente que la dolarización no detuvo la inflación, pues en el año 2000 llegó a 91%; las tasas reales de interés pasaron de 10% a 20%, mientras los precios de los productos fueron situándose en los niveles internacionales, y el salario mínimo, de 117 dólares, apenas cubre una tercera parte de la canasta familiar. El desempleo abierto llega a 15%, el subempleo a 60% y una tercera parte de la población, cuatro millones de habitantes, se encuentra en la absoluta miseria. La dolarización eliminó las reservas monetarias, y a pesar de que el gobierno se vio favorecido por los elevados precios del petróleo y los giros que el millón de ecuatorianos que viven en el país hacen a sus familiares, esto no amainó la gravedad de la crisis.
Durante el último año se consolidó la dominación norteamericana en Ecuador en materia económica, se le entregó a Estados Unidos una base militar en Manta y el presidente Noboa manifestó que cumplir las exigencias de la Carta de Intención con el FMI es «la responsabilidad central» del Estado ecuatoriano.
Las protestas
Al adoptarse las medidas gubernamentales, el Frente Popular y diversas organizaciones populares integrantes del Frente Patriótico y de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, iniciaron la preparación de protestas. A partir del dos de enero se iniciaron diversas acciones en las principales ciudades, en las que jugaron papel fundamental los estudiantes.
Para el 13 de enero se convocó la Asamblea Unitaria de los Pueblos, en la cual se proclamó la voluntad de lucha contra las medidas neoliberales del gobierno y se exigieron varias medidas para el reintegre a la sociedad de las gigantescas ganancias del capital financiero, para la renegociación de la deuda y para que la renta petrolera beneficie a toda la población. En esta misma reunión se pidió la destitución de numerosos funcionarios corruptos y arbitrarios y se rechazó la intromisión norteamericana. Los diversos sectores políticos y sociales exigieron aumentos salariales y la derogatoria de las medidas gubernamentales, y acordaron intensificar la lucha a partir del lunes 15 de enero; se programaron asambleas provinciales con el objetivo de ejecutar acciones locales y se programaron movilizaciones de los pequeños comerciantes y de los afiliados al Seguro Social Campesino; y la Conaie, principal organización indígena, decidió una gran movilización para el 25 de enero.
A comienzos de febrero la lucha arreció y en un nuevo gesto de prepotencia del gobierno, tras haber arrestado a más de 700 luchadores populares, decretó el Estado de Emergencia con la suspensión de todas las garantías y derechos constitucionales. Tropas del gobierno rodearon la Universidad Salesiana, se suspendieron las líneas telefónicas de las organizaciones populares, los dirigentes fueron buscados y se incrementaron las amenazas a los medios de comunicación, al tiempo que el movimiento logró la renuncia de Juan José Vivas, secretario de la Presidencia, identificado como el Montesinos ecuatoriano por sus labores de espionaje telefónico.
El 3 de febrero, los dirigentes del movimiento resolvieron denunciar el Estado de Emergencia, reforzar la lucha y derrotar con el combate popular la represión brutal del régimen y se ratificó la gran jornada de paralización para el 7 de febrero.
Este miércoles 7, las organizaciones indígenas Conaie, Feine, Fenocin, Fei, Fenacle, Confeunase, Uarunari, Confeniae, firmaron un acuerdo para exigir:
w Disminución del precio del gas en 40 centavos de dólar y el congelamiento del precio de los combustibles por un año.
w Que los estudiantes, niños y ancianos paguen 50% de los pasajes del transporte público.
w Que no se implemente el Plan Kérex (kerosene) en las comunidades indígenas, por ser altamente tóxico.
w Reestructuración, fortalecimiento y capitalización del Banco de Fomento.
w Recuperación de la cartera vencida de los bancos intervenidos.
w Incremento de presupuesto para los organismos indígenas Codenpe (Desarrollo), Dineib (Educación) y DNSI (Salud )
w El canje de deuda externa por conservación de medio ambiente, para beneficio de los gobiernos locales y comunidades indígenas.
w Solución a los conflictos de tierra y agua que enfrentan las comunidades indígenas campesinase implementación de políticas que beneficien a los emigrantes.
w Buscar consensos para la reforma de la seguridad social y proceder al pago de la deuda al seguro social campesino.
w Que el país se abstenga de participar en el Plan Colombia, porque persigue la guerra y la muerte.
w Indemnización a familiares de muertos y heridos
También se contempló la derogatoria del Estado de Emergencia.
En las horas de la mañana del 10 de febrero hubo grandes marchas estudiantiles e importantes concentraciones de maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores, UNE. Las marchas se unieron en el centro de las ciudades, alrededor de la casa de gobierno en Quito y de las gobernaciones en las provincias.
Las jornadas evidenciaron el inmenso poder combativo del pueblo ecuatoriano, desnudaron la arbitrariedad de las exigencias del FMI y el carácter antipopular del gobierno de Noboa. Entre la oligarquía toma fuerza la idea del fomento de la autonomía provincial, que busca desmembrar al país, estimular contradicciones secundarias entre la población y distraerla de los verdaderos problemas.
El movimiento obtuvo reivindicaciones importantes que detuvieron medidas que afectaban en particular a la población indígena, pero quedaron en veremos importantes exigencias del movimiento obrero, el estudiantado y los maestros. Si estos sectores logran unificarse y vencer las vacilaciones de algunos sectores que invitan a la concertación y el diálogo, el año 2001 será de más amplias luchas.