No más pretextos: páguenle al magisterio de Caldas
Presionado por sus afanes electorales, en carta publicada en La Patria el 6 de enero, al senador Víctor Renán Barco le tocó salir a exculparse y a exculpar al gobernador de Caldas por su decisión de no pagar los 21 mil millones de pesos que el departamento les debe a los educadores por trabajo ya realizado. Según él, la culpa la tienen el ministro de Educación, quien se «negó de manera enfática» a ordenar el pago de los salarios, y una sentencia de la Corte Constitucional que Barco interpreta como opuesta a la cancelación de la deuda y que le dice a su gobernador que debe acatar con toda mansedumbre.
Poco le luce a Barco responsabilizar a la administración Pastrana de este golpe a los maestros, porque en su carta, y en los hechos, está claro que se coludió con ella para utilizar la retención de los salarios como un instrumento en contra de la lucha del magisterio; porque, y él tiene que saberlo, el ministro de Educación no puede ordenar ese pago, dado que el único ordenador del gasto en Caldas es su gobernador; y porque la sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es que no puede pagarse el tiempo no laborado, y aquí sí se trabajó. Por lo demás, hay un hecho que los condena sin atenuantes: 27 gobernadores ya les pagaron a los maestros. Lo positivo de su alegato es que no insiste en el cuento de sus pupilos de que no pagaban por causa de las «palabras disonantes» de un directivo del sindicato de educadores. Y a propósito, ¿qué hicieron con la plata que deben en este pleito?
Con su conocido estilo, Barco también me echó su pulla para que el debate lo demos en «campos más propicios» –para sus contradictores, habrá que suponer. Pues bien, peor que no pagarles a los maestros lo que sin duda con responsabilidad ganaron, es que, con el respaldo de La Coalición que mangonea a Caldas desde hace 30 años, el gobierno arremetió contra la educación pública mediante el Acto Legislativo 012. Está comprobado hasta la saciedad que esa reforma constitucional sí era un proyecto privatizador, el cual, además, recortó el presupuesto de educación y salud en más de nueve billones de pesos. Y con la reforma de la Ley 60, también aprobada por ellos, se pavimentó el camino para aumentarles los costos de la educación en las escuelas y colegios a los padres de familia, deteriorar aún más la calidad de la enseñanza y golpear de manera sistemática los derechos laborales de los docentes. A lo anterior se le suma que su gobernador en Caldas aplicó el «convenio de desempeño» que le suscribió al gobierno nacional, pacto que desarrolla la idea neoliberal de que a los pobres se les debe asegurar una educación «apropiada» para ellos, es decir, bien pobre.
Estas posiciones no deben sorprender a nadie que esté al tanto de cómo se ha votado en el Congreso, porque con los votos de los senadores y representantes de La Coalición se aprobaron todas las exigencias del FMI de la última década. Por ejemplo, respaldaron la Ley 50 contra los derechos laborales, la Ley 100 que golpeó la salud y las pensiones al convertirlas en un vulgar negocio del capital financiero, la Ley 142 que impuso la privatización a menosprecio de las empresas de servicios públicos y disparó sus tarifas, la Ley 99 que les clavó el llamado impuesto por contaminación a los cafeteros y la Ley 617 que definió la masacre laboral en las Alcaldías y Gobernaciones. Además, Barco terminó convertido en el «senador estrella» porque casi todos los años ayuda a estrellar a los colombianos contra una nueva reforma tributaria.
El secreto de los clientelistas de Caldas reside en que, mediante sus procedimientos, se consiguen los votos necesarios para llegar al Congreso y, una vez allí, se someten a cualquier política que el FMI le fije al poder Ejecutivo, venias que les pagan con los puestos, auxilios y contratos que requieren para aceitar su maquinaria. Y las gentes ignoran cómo y quiénes deciden en Bogotá en su contra, con lo que sus desgracias no tienen responsable conocido en las regiones, en tanto sí conocen el nombre, la foto y el número del tarjetón de quienes en cada elección les hacen demagogia y les tiran un tamal y un carné del Sisben.
(De su columna «Contra la corriente, La Prensa, Manizales)
Con el ALCA arrasarán lo que queda de producción
nacional
Lo ocurrido en el Cesar es un ejemplo patético del desastre de muchas regiones de Colombia y de la manera como ejecutaron sus políticas los neoliberales criollos. Si no es extraño allí oír de empresarios agrícolas tan arruinados que hoy se transportan en bus porque perdieron hasta sus camperos, hay que ver la miseria que sufren los que antes trabajaron como asalariados de aquéllos en municipios como Codazzi, otrora hervideros humanos en los que se reflejaba el movimiento económico generado por las más de cien mil hectáreas de algodón que alcanzaron a sembrarse en las tierras del vallenato. Cuántos sufrimientos hay detrás de los campos improductivos y de los tractores comidos por el óxido en las abandonadas fincas del Cesar.
Pero la forma como arruinaron a los algodoneros es, si se quiere, peor que su misma ruina. Los neoliberales no le explicaron a la nación el compromiso adquirido por ellos en la OMC de acabar con el cultivo del algodón en Colombia, para remplazarlo por el Cotton USA, del que tanta propaganda se hace en el país. Y además de que no tuvieron la honradez y el valor civil para hablar con franqueza, hicieron todo tipo de esfuerzos retóricos para convencer a los empresarios de que sí podrían competir, a lo que le agregaron descalificar con improperios a los pocos que advertimos lo que le sucedería a la producción nacional con la apertura a los productos extranjeros. En esa operación de crear falsas ilusiones también recibieron la ayuda de quienes se autocalifican como «especialistas en competitividad», lo cuales no vendieron fórmulas para salvarse de los efectos de la desprotección –porque no existían–, sino que cobraron duro por crearles la ilusión a sus víctimas de que sobrevivirían. Los algodoneros, creyéndoles a los que consideraban amistosas autoridades en el tema, siguieron, como antes, invirtiendo y endeudándose en nuevas siembras, hasta que terminaron por perder lo acumulado a lo largo de todas su vidas, con lo que a muchos de ellos no les quedó ni con qué volver a empezar.
Y ahora, luego de cumplir con lo pactado en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional de incluir a Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA –la última fase de la apertura neoliberal, que deberá llevar el país a aranceles de cero por ciento y desprotección total–, ya volvieron los mismos con las mismas. Por ahí anda la alta burocracia diciéndoles a los empresarios que deben prepararse para el aumento de la competencia externa, creándoles la ilusión de que podrán hacerlo con éxito, labor en la cual también esta vez actúan con la colaboración de quienes, en tono supuestamente científico, venden espejismos como si fueran posibilidades.
Que nadie se haga ilusiones, que si el ALCA se aplica en Colombia se completará la obra iniciada en 1990 de acabar con los sectores no monopolistas de la industria y con lo que aún sobrevive del agro, exceptuando, de pronto, a los cultivos tropicales, porque hasta éstos podrían terminar en una crisis sin retorno. Cómo será lo que viene que Luis Jorge Garay ha señalado que el ALCA «lo que va a hacer es una globalización más perversa y creciente en todos los campos».
En el trabajo que debe hacerse de oposición al ALCA, lo primero es alertar a los sobrevivientes, en el agro y en la industria, para que no actúen con la ingenuidad con la que actuaron los que fueron sus pares hasta los inicios de la década de 1990, entregándoles el monopolio del conocimiento sobre el tema a los mismos que les tendían la emboscada. Lo segundo es exigirle al gobierno que explique por qué y qué sectores o empresas tiene calculado quedarán al final y en qué orden se van a producir las quiebras, porque se sabe que la desprotección se realizará en un proceso creciente entre 2005 y 2015, y porque ya no hay duda de que la apertura de hace una década se organizó para quebrar en ese momento a unos y darles largas a otros. Y que los bien pagos dirigentes gremiales de la producción industrial y agropecuaria cumplan aunque sea con el mínimo papel de impedir que sus afiliados tomen decisiones sin la suficiente información.