Al correo electrónico de Tribuna Roja llegó una importante comunicación sobre las actividades que un gran número de organizaciones del mundo están impulsando para denunciar las pretensiones que la Organización Mundial del Comercio tiene de imponer su Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS, que tiene como fin aumentar el saqueo y la explotación que las multinacionales imperialistas cometen contra los países pobres del mundo. Publicamos apartes de la comunicación mencionada.
Las nuevas negociaciones sobre el AGCS, que se llevan a cabo por la OMC en este momento, apuntan a continuar facilitando el copamiento de los servicios públicos por parte de las corporaciones, de la siguiente manera: obligan a los gobiernos a otorgar acceso ilimitado al mercado a proveedores extranjeros de servicios, sin tener en cuenta los impactos sociales y medioambientales que puedan tener la cantidad o el tipo de esas actividades. Aceleran el proceso de garantizarles a los proveedores de servicios el acceso al mercado interno en todos los sectores, incluyendo la educación, la salud y el agua. Esto se logra al permitirles a las empresas extranjeras establecer su presencia comercial en otro país a través de nuevas normas de la OMC. Esto les permitiría a las empresas trasnacionales el acceso rápido e irreversible a los mercados, particularmente a los del tercer mundo. Los principales beneficiarios de este nuevo régimen del AGCS son los proveedores corporativos de servicios, decididos a extender su alcance comercial a todo el globo y a convertir los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Más allá de que las industrias de servicios son el sector de la economía global que crece con más rapidez, la salud, la educación y el agua potable se están convirtiendo en los más rentables. Se considera que la salud representa un mercado anual de 3,5 trillones de dólares, la educación 2 trillones anuales y el agua 1 trillón de dólares al año. El director ejecutivo de la corporación hospitalaria con fines de lucro más grande del mundo, la Columbia-HCA, con sede en EU, insiste en que el cuidado de la salud es un negocio, de la misma forma que lo son las industrias de aviación, y jura que destruirá todos los hospitales públicos en Norte América. Casas de inversión, como Merril Lynch, predicen que la educación será privatizada a nivel mundial dentro de la próxima década y declaran que este proceso puede lograr ganancias incalculables. Mientras tanto, los gigantes de la industria del agua, tales como Vivendi y Suez Lyonnaise des Eaux de Francia, trabajan en conjunto con el Banco Mundial para obligar a muchos gobiernos del tercer mundo a privatizar los servicios de agua. Por medio de poderosos grupos de presión, como la Coalición Estadounidense de Servicios y el Foro Europeo de Servicios, estas y otras empresas trasnacionales han dictado prácticamente el orden del día de las negociaciones AGCS 2000. Que las corporaciones logren su objetivo representa un ataque frontal a los derechos sociales fundamentales consagrados en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No sólo se permitirá que las empresas extranjeras con fines de lucro puedan acceder a los dineros estatales para apoderarse de los hospitales públicos y las escuelas, sino que estas normas de comercio global de la OMC también lograrán minar las regulaciones de la salud y la educación. Las cadenas de empresas extranjeras con fines de lucro tendrían la posibilidad de invadir los sistemas de cuidado de los niños, de seguridad social y de cárceles en todos los países miembro de la OMC. Nuestros parques, fauna y bosques naturales se podrían convertir en materia de competencia por la explotación de los recursos entre proveedores corporativos de servicios medioambientales. Al mismo tiempo, las empresas extranjeras tendrían derecho al acceso ilimitado para los contratos municipales de construcción, saneamiento, recolección de residuos, obras sanitarias, turismo y agua. Para muchos países del tercer mundo, esta violación de los derechos básicos no es nueva. Durante más de dos décadas, los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial se han utilizado para obligar a muchos gobiernos del Sur a desmantelar los servicios públicos y permitirles a empresas extranjeras proveer servicios de salud, educación y agua con el objetivo primordial de lograr ganancias. Bajo las reglas propuestas por el AGCS, los países en desarrollo sufrirían un desmantelamiento mayor de los proveedores locales, se impondrían límites sobre el fomento de proveedores nacionales, y se crearían nuevos monopolios dominados por corporaciones de los países capitalistas. Al incrementar dramáticamente el control sobre el mercado por parte de las empresas extranjeras de servicios y al poner en peligro el futuro de los servicios públicos, la agenda del AGCS 2000 lanza una ofensiva mundial en contra de la ciudadanía y la democracia, tanto en el Sur como en el Norte. Es más, los mecanismos obligatorios de la OMC para hacer cumplir estos acuerdos, garantizarán que no sólo se cumplan sino que se conviertan en irreversibles. Ha llegado el momento de «¡Parar la ofensiva del AGCS!».