Más de $30 mil millones dejó de cancelar el Distrito en el 2000 a sus hospitales públicos por concepto de atención a la población vinculada, la cual, con limitaciones, sigue siendo atendida en Bogotá con recursos del Estado. Esta cifra fácilmente podría superar los $40 mil millones, si se contabilizan las pérdidas de todos los 22 hospitales públicos de la capital.
El secretario de Salud, representante legal del Fondo Financiero Distrital de Salud, desde noviembre de 1996, estableció unas tarifas irrisorias para el sector público en la atención de vinculados, sustancialmente inferiores a lo establecido por el decreto 2423 de 1996 y a los costos hospitalarios. La falta de recursos de los hospitales públicos del Distrito facilitó la imposición de la siniestra medida, diseñada para burlar el decreto y acelerar la ruina y liquidación de los hospitales públicos del Distrito.
En febrero de este año empezó a conocerse la magnitud del daño ocasionado. La lista de pérdidas en el 2000 la encabezan los hospitales de El Tunal y Simón Bolívar, con más de $7 mil millones cada uno. Les siguen, el Hospital Occidente de Kennedy, con poco más de $6 mil millones y La Victoria, con más de $2.500 millones, para sólo mencionar los del tercer nivel.
Y, mientras el Fondo Financiero Distrital de Salud les pone conejo a los hospitales públicos al no cancelarles las tarifas del decreto, al sector privado sí le cancela éstas, como punto de partida. Un ejemplo clarifica el asunto. Con las tarifas impuestas por la Secretaría, el valor pagado por la atención de un paciente vinculado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, demórese los días que se demore su atención, es de $3.300.000. En cambio, el valor pagado al hospital o clínica privada por cada día de atención a tarifas del decreto es de un millón. Así, si la recuperación de un paciente en la UCI requiere 40 días de atención, el Distrito les paga a los hospitales privados $40 millones. Al hospital público, tan sólo $3.300.000. De aquí que la sola UCI del Hospital Occidente de Kennedy durante el 2000 perdiera más de $1.500 millones, pues el promedio de estadía de los pacientes ampliamente supera los cuatro días, y es irresponsable forzar la salida de un paciente dentro de los tres primeros días de atención para cumplir con los parámetros de muerte (eficiencia) de la Secretaría de Salud.
Enfrentar a Mockus
Cuando aún era candidato, Mockus anunció que seguiría con las fusiones de hospitales. Ahora, sin desechar aquella idea, viene preparando los hospitales para que sufran nuevas restructuraciones. Las que tiene programadas para este año se concretarían a más tardar el 28 de septiembre, según lo establece el cronograma de la Alcaldía, dictado dentro de los lineamientos liquidacionistas que estableció la Secretaría de Salud para el período del 2001 al 2004.
Siguiendo el camino de lucha trazado por Fecode y Anthoc contra el Acto Legislativo 012, los trabajadores de salud en Bogotá y sus organizaciones deben volcarse a fortalecer el Frente Común por la Defensa de la Educación y la Salud, con miras a enfrentar en mejores condiciones a la administración Mockus. Facilita la concreción de este planteamiento el hecho de que el paro adelantado por Fecode y Anthoc no fue levantado sino suspendido, anunciando con ello que se librarán nuevas batallas en el segundo semestre contra la reforma pensional y de la ley 60 de 1993, con lo cual el portentoso frente seguirá avanzando.
Unido a ello, se debe elevar la denuncia pública del estruendoso y anunciado fracaso de las fusiones y restructuraciones realizadas en el 2000. Y enrostrarle a Mockus que él, al igual que Peñalosa, viene sistemáticamente violando la ley en materia de tarifas de servicios de salud, con el fin de tumbarles importantes recursos a los hospitales públicos y acelerar su cierre y liquidación.