Queda en evidencia que la política aplicada por el gobierno representa a las trasnacionales y lesiona en forma severa el interés de la nación.
Gustavo Triana
No es cierto que lo que la nación recibe al vencimiento de los contratos sean campos agotados e infraestructura obsoleta, y mucho menos que Ecopetrol y los colombianos no seamos eficientes al continuar dichas explotaciones. Es el mismo debate que a finales de los cuarenta libraron los patriotas contra la Troco y sus agentes a sueldo en el gobierno, debate que ganaron los colombianos, encabezados por la USO, y que perdió la Standard Oil. Prueba de ello, el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos.
La explotación de los campos revertidos al vencimiento de las concesiones y los contratos de asociación es lo que le ha permitido a Ecopetrol subsistir como empresa y fortalecerse. Hasta el parque refinador tuvo como base la reversión de la Refinería de Barrancabermeja en 1953, la compra de la Refinería de Cartagena y la reversión anticipada de la Refinería de Orito.
Los campos revertidos siguen siendo rentables. Podemos mostrarlo con datos. Extraer un barril de crudo le costó a Ecopetrol en el año 2002 la suma de 8,86 dólares, que incluye hallazgo, desarrollo, transporte y un castigo por costos de abandono de las instalaciones. Por ese mismo barril, Ecopetrol obtuvo un precio de exportación de 24,03 dólares, precio que en el primer trimestre de 2003 subió a 28,37 dólares.
La actividad es altamente rentable para Ecopetrol y para el país hasta en los campos más agotados. En la Gerencia Centro-Oriente, que opera los de Barrancabermeja, Sabana de Torres y el Catatumbo —todos con más de cuarenta años de explotación, y donde son mayores la cantidad de personal y los gastos de mantenimiento—, el barril cuesta 13,11 dólares. En Putumayo, con más de treinta años de explotación, 10,15 dólares. En Neiva, 9,72 dólares.
De los 117.700 barriles diarios que produjo directamente Ecopetrol en 2002, unos 77 mil provienen de los campos revertidos. Idéntica proporción se refleja en las reservas directas, pues de 663,7 millones de barriles que hay en los campos de propiedad de la nación, cerca de 600 millones corresponden a reversiones. Las explotaciones que habrán de revertir en los próximos años, y sobre las que ya el ministro anunció que el gobierno renunciaría a asumirlas, contienen 955 millones de barriles, a 31 de diciembre de 2002. Tal como está claramente establecido en los contratos, las reservas in situ pasarán a ser del Estado en el ciento por ciento, al igual que toda la infraestructura. Luego no asumirlas como propias no solo configura un delito sino que va en gravísimo detrimento del patrimonio nacional. Se estima por ejemplo que al vencerse en 2007 el contrato Caño Limón, el yacimiento contendrá cien millones de barriles que, al precio de 4 dólares el barril en pozo, equivalen a 400 millones de dólares. Cosa similar ocurriría con yacimientos como Cusiana, Cupiagua y Nare, entre otros.
Pero no solo se verá gravemente afectado el patrimonio de la nación, se comete también un latrocinio contra los municipios y los departamentos. El artículo 39 de la Ley de Regalías (Ley 756 de 2002) dispone que en los contratos de asociación o concesión que reviertan se fijará una regalía adicional de 12% —además de la del 20%, ya en vigor—, destinada en 30% al municipio y en 70% al departamento. El atraco ya se está cocinando en el caso del gas de La Guajira. Con el mayor de los descaros, el ministro de Minas les ha respondido a los guajiros que la pérdida se compensará con una mayor producción.
¿Son eficientes los campos revertidos? Para desmentir aún más al ministro de Minas, bástenos examinar los guarismos de Ecopetrol en lo que guarda relación con la eficiencia. Los campos de la Concesión de Mares fueron devueltos en 1951, después de treinta años de saqueo por parte de la Tropical Oil. Y 52 años después continúan produciendo 12 mil barriles diarios. De los del Putumayo, recibidos de la Texas en 1979 con una producción diaria de 18 mil barriles, fluyen hoy, 24 años después, 9.500 barriles diarios, una declinación muy por debajo del comportamiento universal.
Queda en evidencia que la política aplicada por el gobierno representa a las trasnacionales y lesiona en forma severa el interés de la nación.
Falta de mantenimiento en refinerías
La capacidad instalada de las refinerías puede cumplir con el autoabastecimiento. La cuestión está en mantenerlas en un estado óptimo, lo que implica una inversión continua y suficiente, justo lo que no han hecho los últimos gobiernos. Las frecuentes paradas y el exiguo nivel de utilización han obligado al país, en lo que va corrido del año, a importar ACPM y gasolinas por más de 50 millones de dólares. Las cinco refinerías existentes han descendido de un promedio diario de carga de 285.300 barriles, en 2002, a 267 mil barriles en este primer semestre, lo que equivale a un factor de utilización del 79%, el peor desde 1997. La precaria inversión le acarrea significativas pérdidas a la empresa, pues el margen neto de refinación por barril es de 2,2 dólares, sin contar los cuantiosos gastos en que se incurre con las importaciones.
El abandono de las refinerías es tanto más preocupante si se advierte que el 40% del valor de las exportaciones de la empresa estatal proviene de productos refinados. De 9,83 billones de pesos, valor de los ingresos totales de Ecopetrol en 2002, 7,3 billones corresponden a las ventas nacionales e internacionales de refinados.
Los programas de optimización y ampliación de la Refinería de Barrancabermeja y el denominado Plan Maestro de Desarrollo en la de Cartagena se ven severamente afectados ante los drásticos recortes a la inversión decretados por el gobierno. Todo apunta a lo mismo: el Plan de Desarrollo del presidente Uribe decidió estimular al máximo la inversión privada en tan rentable negocio, afectando seriamente las finanzas de Ecopetrol y, por ende, las del mismo Estado.
La libre importación de combustibles y la internacionalización de los precios amenaza también las refinerías. El gobierno ha tomado las siguientes medidas:
a Les permitió a los distribuidores tener acceso libre a las redes de transporte de Ecopetrol (poliductos) para que traigan por ellas sus importaciones, cuando construir los poliductos, las estaciones de bombeo y los terminales de almacenamiento es lo más caro en el proceso de distribución. El gobierno está repitiendo la nefasta experiencia de Telecom, obligada a prestarle su infraestructura a la competencia privada.
aDecretó alzas exageradas en los márgenes de distribución mayorista —37,1% en 1999 y 20% en 2002—, todo con el pretexto de «estimular el crecimiento de la infraestructura de distribución y comercialización», de nuevo en exclusivo beneficio de Shell, ChevronTexaco y Mobil-Esso, las que, además, terminarán arrebatándoles el mercado a las refinerías nacionales.
Tales medidas lesionan a los consumidores y a la producción nacional, pues traen como consecuencia inmediata las desmedidas alzas en los precios de las gasolinas y el ACPM, alzas que fueron de 9% en el año 2002, dos puntos por encima de la inflación. Y para el caso del ACPM, el combustible utilizado en el transporte de carga y pasajeros, fue de 21,9%.
Privatización de Ecogas
El gobierno ha anunciado que también será privatizada la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas. La venta se hará sobre la base de un hundimiento de costos, término técnico que significa nada menos que liberarla del compromiso adquirido con Ecopetrol de reembolsarle en 30 años el 70% de los pagos hechos por los BOMT (contratos para la construcción de las redes). De concretarse la directriz acordada por el Conpes, se estaría saneando a Ecogas en detrimento de Ecopetrol. El propósito último no es otro que el de entregarle al sector privado el estratégico negocio del transporte de gas, con una empresa «cero kilómetros».
¿Qué hacer?
Ante semejante detrimento del interés nacional en un renglón tan estratégico de la economía, corresponde entonces promover un rechazo generalizado de los trabajadores petroleros y de la población en general, que emule la patriótica batalla que hoy libra el pueblo boliviano, encabezado por la Central Obrera Boliviana, en contra del pretendido saqueo imperialista del gas. Para ello, el movimiento obrero y los patriotas habrán de desterrar de sus filas las tendencias conciliacionistas y el desgano por la lucha, que se han convertido en el principal estorbo para dar una respuesta que corresponda a la magnitud de la ofensiva del imperialismo por someter a la nación.
Este asunto es el aspecto principal de la discusión que hoy se libra en el movimiento sindical colombiano y, particularmente, en la Unión Sindical Obrera, donde la posición consecuente fue infortunadamente puesta en minoría, pero el desarrollo de los acontecimientos ha venido demostrando que no se trata de ser propositivos, sino que Uribe y el imperio vienen, como bien lo expresara Francisco Mosquera, «vienen por la tela, por el telar y por la que teje». Solamente si se reconsidera la actitud de mantener esperanzas en la concertación y tan solo si se dispone a los trabajadores para la lucha, se podrá contener la avalancha de medidas en contra de la nación, de Ecopetrol y de los trabajadores.