La red nacional de 37 clínicas y 204 Centros de Atención Ambulatoria con que el Seguro Social venía atendiendo a sus millones de afiliados empieza a ser desmontada por pedazos, al ser convertida por Uribe en siete Empresas Sociales del Estado obligadas a subsistir con sus propios ingresos. De los 14 mil funcionarios, 13.700 quedaron como empleados públicos, sin derecho a los beneficios de la convención colectiva y a la jubilación convencional, y sometidos al régimen de libre remoción. Este otro rudo golpe a la salud pública merece ser repudiado enérgicamente por los miles de trabajadores del sector y por sus sindicatos.