Por Marcela Vélez
Después de entronizar la Ley 100 en 1993, poniendo en manos del sector financiero la salud de los colombianos, el país se ha convertido en ejemplo internacional de las consecuencias que ocasiona abrir este sector a las reglas del mercado. El aumento en los costos de los servicios, el despido de trabajadores, la disminución de salarios, el cierre de hospitales y el incremento de la enfermedad hacen parte de los estragos ocasionados por la aplicación del modelo neoliberal a este vital servicio. En Estados Unidos y varios países latinoamericanos donde los servicios de salud se han convertido en negocio, principalmente durante la última década, se constata el declive de accesibilidad a la salud y, a la vez, mayores tasas de ganancia del capital financiero a costa de la enfermedad de un mayor número de pobladores.
La política de salud es definida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM). El FMI impone la reducción del gasto público en salud, el BM traza las políticas de privatización de los sistemas de salud pública y la OMC elimina las barreras comerciales e introduce a las multinacionales de salud gringas en la competencia contra los ya languidecidos sistemas nacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también juega su papel en la mercantilización de la enfermedad, dirigiendo sus políticas más a favorecer los intereses de los monopolios que a desarrollar iniciativas de salud pública e, incluso, promoviendo políticas de privatización al defender las “sociedades público-privadas”. Los gastos del BM en proyectos de salud son tres veces mayores que el presupuesto total de la OMS y muchos argumentan que la OMC se ha convertido en la agencia internacional con mayor impacto en la salud.
El interés mostrado por estas instituciones en el sector sólo se explica por lo jugoso del negocio de la enfermedad. El gasto en salud en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los más desarrollados económicamente del mundo, superó los US $3 billones anuales en el año 2000 (Secretaría de la OMC, Health and Social Services, 2000). El cuidado de la salud es el mayor sector de la economía estadounidense: más de un billón de dólares de servicios relacionados con ella son vendidos anualmente, proviniendo el 46 por ciento de programas de aseguramiento gubernamental. Y, sin embargo, 43% de la población no tiene acceso a la salud o está mal cubierta. (The New England Journal of Medicine, 2000: “The American Health Care System: Health Insurance Coverage” y “The Commercialization of Prepaid Group Health Care”; The Economist, 2001: “Health Care: Thirty-Six Places to Go”.)
En Europa y Estados Unidos los gobiernos buscan expandir el mercado de servicios de salud para facilitar el éxito de sus economías y –con el respaldo de poderosas casas farmacéuticas, aseguradoras y corporaciones de servicios– llegan a privatizar servicios que tradicionalmente han sido públicos.
Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México y Venezuela se han convertido en los países ejemplo para promover las supuestas bondades de privatizar el cuidado de la salud, en nombre de las reformas promovidas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y economistas nacionales entrenados en Estados Unidos y por las multinacionales de la salud gringas.
Por todo ello el ALCA pone la salud en la mira. El sector financiero internacional intenta asestar el zarpazo final a lo que nos queda del sistema de salud público, apropiarse del aseguramiento en salud, de los hospitales, de los medicamentos, del saneamiento ambiental y hasta de los esfuerzos de trabajadores, enfermeras, médicos, odontólogos y veterinarios. En consecuencia, la pelea contra el ALCA es también la pelea contra la enfermedad; contra las muertes por diarrea, desnutrición, tuberculosis y SIDA; contra las enfermedades de transmisión sexual, las producidas por deficiencias sanitarias y las transmitidas por vectores. La lucha contra el ALCA es la lucha por el derecho de todas las personas a tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología en salud.