Por Albeiro Osorio Vargas
Sólo fue que en enero de 2001 le dieran posesión como alcaldesa a la señorita Martha Elena Bedoya, ficha política de la senadora uribista María Isabel Mejía, para que se iniciara la más violenta persecución contra los vendedores ambulantes de Pereira. Arrancó la ofensiva con perros salvajemente adiestrados que, acompañados de elementos de una agencia contratista llamada Seguridad Atlas, mordían en feroz cacería a los trabajadores de la calle; luego vinieron los bastones eléctricos, mucho más efectivos, porque el vendedor a quien le aplicaban la descarga caía desmayado.
Para tan inhumana campaña de «limpieza social» se requería una persona despótica y con odio arraigado por los pobres, y entonces la alcaldesa nombró a Martha Cecilia Correa como secretaria de Gobierno.
La nueva secretaria se inventó una acción de compromiso que concluyó en el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pereira: «El derecho al trabajo es un derecho individual y no puede estar por encima del derecho del colectivo al disfrute del espacio público». Aprestándose para hacer frente a la ofensiva de las autoridades, los comerciantes informales independientes conformaron el Comité de Vendedores Ambulantes de Pereira, que coordinó la Resistencia Civil. El gobierno municipal arremetió en diciembre con gases lacrimógenos, tanquetas, policía antimotines y amenazas a los dirigentes, empeñado en destruir las casetas con retroexcavadoras y en decomisar las mercancías. Las marchas pacíficas fueron atacadas con bolillo y decenas de mujeres y hombres quedaron detenidos. Fue una sombría Navidad para miles de colombianos desempleados y para sus familias, a quienes el gobierno se halla obstinado en negarles hasta la más mínima posibilidad de subsistencia.
Asesinatos
El gobierno de la señorita Bedoya, que ha fracasado en todo lo demás, solo ha resultado eficiente en materia de represión. Hasta la fecha han sido asesinados en oscuras circunstancias seis vendedores ambulantes. Pero el crimen que ha causado mayor indignación entre la ciudadanía es el de John Alirio Carmona, padre de tres pequeños niños y muerto a golpes por la fuerza pública. John Alirio falleció el 24 de junio en el Hospital Universitario San Jorge, víctima de un severo trauma en la región cervical que le fue propinado mientras se encontraba bajo la custodia de la Policía.
Los hechos sucedieron así: el viernes 18 de junio, a eso de las cinco y media de la tarde, en la calle 18 con carrera 6, John Alirio fue obligado por el agente de policía de apellido González, identificado con la placa 98630, a subir a uno de los vehículos dispuestos por la Alcaldía para los operativos que adelantan a diario unos individuos pertenecientes a la Fundación Ecológica Universal, quienes desde noviembre, por contrato con la Secretaría de Gobierno, se han convertido en los amos y señores del espacio público. Al día siguiente, 19, John Alirio fue ingresado al Hospital Universitario con lesiones tan severas, que quedó cuadrapléjico y falleció cinco días después.
La gravedad del hecho no puede ser ocultada por las explicaciones ligeras y mendaces ofrecidas en rueda de prensa y en declaraciones a los medios por la alcaldesa y por su secretaria de Gobierno, quienes se limitaron a indicar que tomarán «los correctivos para evitar que se repitan los accidentes». No. Tendrán que responder ellas mismas ante la justicia penal, como también todos los directamente comprometidos en este execrable crimen.
Más de tres mil comerciantes informales, muchos de ellos mujeres cabeza de hogar, llevan más de siete meses resistiendo diariamente, y al fragor de la lucha lograron constituir la seccional del Sindicato Nacional de Vendedores Informales, Ambulantes y Estacionarios, Sindevendedores, con 315 afiliados fundadores, entre ellos, John Alirio Carmona. El presidente de la junta directiva es Julio César Grajales.
Economía del rebusque
Esa forma de ganarse el sustento del día que los colombianos conocemos con el nombre de rebusque es una vieja práctica común a los pueblos que padecen de graves desigualdades sociales. En Colombia, azotada desde sus comienzos por múltiples formas de violencia y grandes depresiones económicas, el comercio informal ha sido, más que una constante, una forma de economía paralela.
En Pereira hay más de tres mil hogares cuyas cabezas de familia se medio ganan el sustento ofreciendo a los transeúntes mercancías baratas, aquellas a las que tienen acceso las empobrecidas masas de trabajadores, pobladores de los barrios populares y capas medias arruinadas por la crisis económica a la que ha sido conducido el país por la aplicación del recetario neoliberal.
La lucha continúa. Sindevendores, a la cabeza de los demás sindicatos, ha llevado a cabo múltiples manifestaciones, protestas y mitines. Cada intento de decomiso se convierte en una nueva batalla. Se bloquean las vías y se agitan consignas. El 11 de julio reaparecieron los gases lacrimógenos y en varias ocasiones los policías han hecho disparos al aire, lo que siembra el pánico entre los transeúntes. Varios columnistas de la prensa regional y nacional han escrito artículos de apoyo a las justas movilizaciones de los vendedores. También prestigiosos dirigentes políticos como el senador Jorge Enrique Robledo y el diputado risaraldense, Carlos Alfredo Crosthwaite, quienes acompañaron a los directivos de Sindevendedores a una entrevista con el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes. La Defensoría se comprometió a realizar una Audiencia Pública en Pereira.
Aun cuando ha habido más de 30 heridos y fracturados en las distintas refriegas, la Resistencia Civil sigue creciendo. Todos los compañeros han asimilado la frase que dice: «La única lucha que se pierde es la que se abandona».