Defendamos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Durante los días 11 y 12 de junio se realizó un encuentro convocado por el Comité Nacional por la Defensa del ICBF, al cual asistieron más de doscientos delegados de 26 departamentos, en representación de organizaciones sindicales y comunitarias que gravitan en torno a los programas del Instituto. También estuvieron presentes delegados de la CUT y Alternativa Democrática.
El evento abordó el análisis de la situación nacional y la problemática del ICBF y trazó un plan de acción que refleja el carácter unitario logrado para defender los programas de la niñez y los derechos de los trabajadores que los adelantan.
El gobierno amenaza al ICBF con privatizar o desmontar los programas mediante la «municipalización» y la «focalización» (Sisben) de los servicios. Con la primera se propone trasladar a los hoy arruinados municipios la administración y parte del financiamiento. La prestación de los servicios se haría con empresas contratadas, lo que convertirá al ICBF en botín de la politiquería. La «focalización» en «los más pobres de los pobres» es la política oficial propuesta para la educación y la salud públicas, que conduce a la total negación de las obligaciones sociales del Estado.
El despropósito contra el ICBF ya ha dado pasos tan nefastos como el cierre de Hogares Infantiles, la clausura o privatización de las plantas de bienestarina, la negativa a practicar en los laboratorios del Instituto las pruebas de paternidad y el impulso de cooperativas de trabajo asociado para cambiar la modalidad de vinculación de las madres comunitarias con miras a liquidar los Hogares Comunitarios.
El encuentro recibió una conferencia sobre las implicaciones nefastas del TLC para el país y para el ICBF que, al igual que el Sena y las Cajas de Compensación Familiar, vive de las rentas parafiscales, las cuales desparecerán con la quiebra de la producción nacional y la «desregularización» de los contratos de trabajo.
El plan de acción recogió todo un cronograma de tareas, entre las que se destacan: invitación a todos los alcaldes del país para engrosar el Comité Nacional por la Defensa del ICBF; reactivación de los comités municipales y departamentales, que se vincularán al Comando Unitario y a la Gran Coalición Democrática; movilización nacional por la defensa del ICBF y sus programas; creación de Comités por Usuarios; adhesión a las organizaciones de lucha contra el TLC y el ALCA y, finalmente, campaña decidida por concretar la unidad de los sindicatos, la cual se iniciará con los que agrupan a los trabajadores de los Hogares Infantiles y, posteriormente, con las distintas asociaciones de madres comunitarias. El objetivo es conformar en corto tiempo una sola organización, como herramienta definitiva para la batalla por defender el ICBF y la soberanía nacional.
Mineros del carbón derrotan la reforma laboral de Uribe
Los trabajadores de la multinacional gringa Drummond, que saquea el carbón del Cesar, lograron conquistar en su nueva convención, entre otros avances, que se suspenda la aplicación de la última reforma laboral o Ley 789 de 2002. Estos mineros forman parte de Sintraminergética, sindicato de rama económica que aglutina un considerable número de obreros del carbón, el oro, el cobre y el asbesto y que ha jugado un papel protagónico en la organización de los trabajadores de las distintas empresas vinculadas a la explotación del carbón del Cesar.
Durante la etapa previa a la negociación y en el transcurso de la misma, se adelantó entre las bases una amplia explicación sobre los estragos de la reforma y se llamó a derrotarla paralizando la extracción de carbón. La firme posición de los trabajadores y el correcto aprovechamiento de la situación internacional fueron los factores esenciales para lograr los objetivos.
Según la convención, a los trabajadores se les continuará liquidando el trabajo nocturno, los dominicales y festivos conforme a la Ley 50 de 1990, al igual que la tabla indemnizatoria. Una conquista muy importante para el movimiento sindical, que alienta la lucha por recobrar los derechos perdidos en tres lustros de imposiciones neoliberales. Ya otros sindicatos habían logrado compensaciones por este recorte, sin alcanzar tan resonante victoria. El logro de los compañeros de Sintraminergética en la Drummond pone al desnudo la falsedad de los argumentos de Uribe contra los salarios y prestaciones de los trabajadores, y anima a otros de similares condiciones a levantarse en combate y entender que el neoliberalismo y la globalización son políticas imperialistas que pueden derrotarse.
Al calor de las luchas reivindicativas, los trabajadores del carbón, el níquel, el petróleo y otros recursos estratégicos deberán elevando el nivel de conciencia política tras la patriótica exigencia de nacionalizar todas las minas y yacimientos, hoy saqueadas por las multinacionales gringas y europeas.
Comité Distrital de Vendedores Informales: En pie contra el acoso y el desalojo
Según la encuesta de calidad de vida realizada por el DANE el año pasado, en Bogotá hay cerca de 3 millones 500 mil bogotanos económicamente activos; de estos, 451 mil están desocupados y alrededor de 2 millones 900 mil tienen algún ingreso. Esta última cifra incluye 880 mil trabajadores independientes, de los cuales más de 200 mil son vendedores ambulantes y estacionarios.
Por las anteriores cifras es fácil entender la importancia económica que tienen los vendedores ambulantes. Lo difícil de comprender es el empecinamiento de las administraciones distritales en sacarlos de las calles, a sabiendas de que así se incrementan el hambre y la miseria. Esta necedad la explican con la teoría de que la ciudad se debe preparar para recibir a los inversionistas que supuestamente van a resolver el problema de falta de empleo, pero que ellos no llegan si las calles se ven feas con tanto vendedor.
La verdad es que estos negociantes hacen sus inversiones si se les garantiza buena rentabilidad. Por ejemplo, para apoderarse de las empresas de servicios públicos primero exigen altas tarifas que les produzcan inmensas ganancias o, de lo contrario, no invierten.
Mientras los inversionistas buscan negocios rentables por todo el mundo, a los vendedores les toca seguir luchando por la subsistencia en las calles, defendiéndose de los operativos de acoso y desalojo ejecutados por las autoridades capitalinas, con la aplicación del Código de Policía y del decreto 098 de 2004 que reglamenta la forma en que se debe proceder para sacarlos de su puesto de trabajo. A esto se suma la utilización que el actual gobierno distrital hace del listado de sitios públicos recuperados a la fuerza por las anteriores administraciones, lavándose las manos, pero continuando con la decisión de impedir que los vendedores laboren en las calles.
Por eso desde cuando se inició la aplicación del Código de Policía, el 21 de julio de 2003, se han hecho gigantescas marchas y tanto Sindevendedores como otras organizaciones y líderes del gremio se han agrupado en el Comité Distrital de Vendedores Informales, aprestándose para seguir dando la batalla por el derecho al trabajo.
Su justa lucha merece el respaldo del pueblo bogotano y, especialmente, de todos los afectados por las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que golpean la producción nacional, aumentan el desempleo y multiplican los problemas de los desposeídos y oprimidos de Colombia, condenándolos, en el mejor de los casos, a refugiarse en los empleos informales.