Juan Pablo Arango P.
Desde que fuera congresista y gobernador de Antioquia, Uribe Vélez se constituyó en el promotor de las reformas laboral y pensional refrendadas por César Gaviria bajo el lema de flexibilización, que éste justificaba con «la necesidad de un reajuste estructural, orientado a adaptar los principios laborales a la realidad contemporánea y a la modernización e internacionalización de la economía. Es necesario hacer más flexible el régimen laboral». Ya como candidato, Uribe reconoció en su programa que «el modelo neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social», lo que no fue óbice para que como presidente continuara implementándolo. Y está decidido a profundizarlo con proyectos todavía más regresivos. Con ello, como con toda su política pronorteamericana, se ha ganado el infame galardón de ser uno de los mandatarios más antipatrióticos, ajustando su administración al vandalaje que Washington emprende por el mundo, el cual exige mano de obra barata, lo que consigue desmontando las reivindicaciones laborales alcanzadas históricamente por el movimiento obrero.
La reforma laboral uribista (Ley 789 de 2002) es tan regresiva que el procurador general, Edgardo Maya, en concepto enviado a la Corte Constitucional, reconoció que «empobreció a los trabajadores», aclarando que las normas laborales no pueden recortarse porque son conquistas «obtenidas luego de intensas luchas a lo largo de varios siglos». Lo mismo puede predicarse de la Ley 100 de 1993 –Uribe fue el ponente–, que inició la privatización y el desmonte de la seguridad social, mantiene la deuda histórica del gobierno con el Seguro Social (actualmente $40 billones) y consagra dos sistemas: en salud, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, estatales y privadas; y en pensiones, el ISS y los Fondos de Pensiones privados.
La salud pública quedó así condenada a muerte al abrirle la tronera de la competencia privada. En 1998 la Superintendencia de Salud prohibió al ISS afiliar más trabajadores, lo que implicó que fueran cobijados por las EPS privadas. En efecto, mientras a comienzos de 1999 las EPS públicas (ISS, Cajanal y Caprecom) tenían el 60 por ciento de los afiliados, a finales de 2001 habían perdido más de 2,5 millones, cobijando sólo al 34,8 por ciento. Y específicamente en el ISS, los afiliados quedaron congelados en 5,6 millones (frente a 8.107.929 de 1997) en el segundo semestre de 2003. Entre tanto, las EPS privadas aumentaron en 2,2 millones sus afiliados, a costa de debilitar la seguridad social estatal.
Igualmente se golpeó al Instituto dejándole las enfermedades de alto costo. Ello afectó sus finanzas, pues las cuentas por este concepto ascendieron a $120 mil millones en 2002, de los cuales únicamente le fueron reconocidos $28 mil millones y de ellos sólo le pagaron $3 mil millones. Como si fuera poco, Uribe escindió el ISS, independizando sus servicios de salud y de pensiones; cerró diez de sus 37 clínicas, despidió 3.600 trabajadores, desmontó la convención colectiva, y separó su EPS de las IPS, convirtiendo estas últimas en empresas sociales del Estado, las cuales deben autofinanciarse, abriendo el camino para su privatización.
Retomando el tema pensional, la cobertura nacional apenas alcanza al 24 por ciento. La Ley 100 le dejó los pensionados al ISS y los afiliados a los fondos privados. Hoy la relación afiliados-pensionados del Instituto es de 4 a 1 y cuando se expidió la norma era de 10 a 1. A diciembre 31 de 2003 el ISS tenía 1.950.000 afiliados, 545.600 pensionados –frente a 11.445 de los fondos privados– y cotizaciones por $2 billones, cuando las pensiones le costaban $5,2 billones. El monto que reciben sus pensionados es mínimo: 82 por ciento de las mesadas tienen un promedio de $468.692, de las cuales 63 por ciento sólo llegan al salario mínimo y únicamente 20.425 alcanzan el millón de pesos. Es de anotar que el Plan Nacional de Desarrollo aumentó a 57 años la edad de pensión para los maestros nuevos, con iguales requisitos que los demás trabajadores y aportando tres puntos adicionales para el Fondo del Magisterio.
Empero, todo lo descrito resultó insuficiente para el presidente Uribe, quien con la Ley 797 de 2003 continuó agostando el régimen pensional. Entre los cambios que introdujo se cuentan: someter a los trabajadores nuevos de Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; aumentar en 2,5 por ciento la cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios mínimos legales (SML); incrementar la edad de jubilación a partir de 2014; adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir del 1º de enero de 2005, y disminuir el monto de la pensión.
El primer mandatario no reconoce límites. Ya desconoció incluso el veredicto del referendo que derrotó las políticas fondomonetaristas, incluyendo las relacionadas con pensiones. Ahora, valiéndose del Acuerdo Político que cocina con los partidos tradicionales, pretende imponer un nuevo régimen que arrasará con los derechos de los pensionados. La proyectada reforma propone un sistema único de pensiones para disminuirlas por debajo del salario mínimo, limitarlas a 25 SML y eliminar la mesada catorce; unificar la edad de pensión en 62 años para hombres y mujeres; gravarlas entre el 1 y el 5 por ciento; aumentar en 25 por ciento las cotizaciones; desmontar los regímenes especiales, con excepción del de la fuerza pública; circunscribir los derechos adquiridos en pactos o convenciones colectivas vigentes hasta el término de éstas y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir cualquier acuerdo que se aparte del sistema.
Por contera, la última propuesta gubernamental pretende «extender partida de defunción al régimen de pensiones que administra el Seguro Social» (El Tiempo, abril 2, 2004). La iniciativa fue del banquero Luis Carlos Sarmiento, quien pidió reemplazar el régimen del ISS por el de ahorro individual, el que aplican los fondos privados. Su acólito, Fabio Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y Luis Fernando Alarcón, presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos, respaldaron la idea. Contrariu sensu, Juan Camilo Restrepo denunció que la fórmula se acordó de antemano entre el Ejecutivo y la banca, «cambiando la filosofía y los postulados de solidaridad del ISS, para pasarse a un negocio meramente privado». También se pronunció contra ella Cecilia López –ex directora del ISS y de Planeación Nacional, y ex ministra de Agricultura–, afirmando que Sarmiento Angulo «ahora quiere quedarse con el 45 por ciento del PIB».
Con esta política, a más de seguir pauperizando a los pensionados, persiste en favorecer al sector financiero, al cual ya se había premiado con la creación de los Fondos de Pensiones privados. En éstos, el monto de la pensión depende de lo que ahorren los trabajadores, envileciéndola puesto que la capacidad de ahorro nacional es ínfima. En efecto, 83,3 por ciento de los afiliados a los fondos privados devenga pensiones menores a dos SML, 10 por ciento entre dos y cuatro y sólo 6,6 por ciento recibe más de cuatro SML.
Los fondos se han convertido en los mayores rentistas parasitarios del país, con más de 73 por ciento de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro del sistema financiero. A diciembre 31 de 2003 atesoraban $20,3 billones aportados por 5.213.023 de afiliados. La mitad de estos recursos está invertida en TES, financiando el déficit gubernamental, a tiempo que obtienen pingües ganancias.
Uribe porfía en seguir entronizando los regresivos efectos de la globalización, puesto que en todo el mundo las pensiones se utilizan para enriquecer al sector financiero. En Colombia el capital extranjero ha adquirido la mayoría de los fondos: de los ocho existentes a finales de 1999, seis eran foráneos y su participación en el mercado superaba el 50 por ciento.
La reforma pensional, al igual que el resto de políticas, sometidas a los condicionamientos del FMI, concita el repudio cada vez más generalizado de los colombianos.