Héctor Valencia, secretario general del MOIR
Señores magistrados de la Corte Constitucional:
Hace varias semanas ustedes emitieron por unanimidad un pronunciamiento, tan revelador como monitorio, sobre el proyecto de reforma a la justicia que el gobierno de Álvaro Uribe deslizó en los medios de comunicación para hacerlo conocer del país. Eludiendo referirse a lo allí expuesto por ustedes, voceros gubernamentales se apresuraron a restarle importancia recurriendo a asignarle al documento oficial un carácter de simple borrador, lo que lleva a pensar que el gobierno se está dando mañas para tantear las reacciones ante las serias implicaciones políticas y jurídicas de su propuesta. Otros, sin tomarse la molestia de examinar el contenido del pronunciamiento, a la ligera lo adscribieron a un episodio más de las controversias que suscitan los peculiares criterios y actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema, y no faltó el editorialista que lo calificó de exagerado.
Se puede calar mejor lo que se pretende con la reforma, y así apreciar la trascendencia que objetivamente adquieren los criterios consignados en su pronunciamiento, si se tiene en cuenta el momento político y social en que el gobierno la presenta.
El país está aherrojado a una situación crítica en todos los órdenes luego de atravesar el “futuro” bañado en neoliberalismo en el que, tras exultante invitación, lo introdujo Cesar Gaviria en 1990. El mismo que los siguientes gobiernos de Samper y Pastrana adobaron y que hoy Uribe entiba con incansable laboriosidad y en plena concordancia con los intereses económicos y políticos que Estados Unidos impone imperialmente en todo el planeta. Tal cual lo señalan análisis de importantes organismos nacionales e internacionales, y aun las mismas cifras oficiales, el panorama económico y social resultante no puede ser más catastrófico: pobreza y miseria rampantes, enormes carencias en servicios de salud y educación y una creciente y generalizada degradación en las condiciones de vida más de 30 millones de compatriotas mientras los magnates en posesión del capital financiero, tanto nativos como extranjeros, obtienen exorbitantes ganancias. Cada aspecto de este cuadro es fundamento del otro.
No obstante, los principales empeños de Uribe apuntan a proseguir la política generadora de esos males al intensificar la entrega de la soberanía en aspectos claves de la vida nacional, la privatización de las empresas de servicios públicos, el saqueo de recursos naturales estratégicos, el agostamiento de la producción nacional en la industria y el agro, la pérdida de la seguridad alimentaria y el marchitamiento del mercado interno, al tiempo que recorta o suprime conquistas y derechos de la población laboriosa. Y es su implacable aplicación la que torna indispensable el poder político que para sí y con vehemencia de iluminado reclama Uribe Vélez. El mismo que para colmo ahora quiere prolongar haciéndose reelegir.
En su afán porque esta política tenga un desarrollo más expedito, Uribe ha encontrado que los controles a los que constitucionalmente está sometido su gobierno constituyen una traba. Más aún, si se examina a fondo, para las metas principales de su gestión no son compatibles postulados claves de la administración de justicia en Colombia, que informan tanto los preceptos constitucionales y legales como las competencias y procedimientos, las instituciones que los aplican y las pautas que determinan su relación con las otras ramas del Estado. La normativa jurídica vigente, concebida en sus orígenes para que contuviera los elementos que facilitaran la apertura neoliberal y la inserción del país en la globalización que se promueve desde los grandes centros financieros, en la actualidad “mata” la proyección que a esos fenómenos políticos y económicos quiere imprimirle Uribe Vélez. No es de extrañar entonces que la reforma esté dirigida, como ustedes aluden, a impedir la protección de derechos consignados en la Constitución y obstaculizar en favor del ejecutivo la separación de las ramas del poder que caracteriza al presente modelo de Estado.
En este mismo orden de ideas, no puede ser más alarmante su advertencia respecto a que, de concretarse, tal pretensión “permitiría al Gobierno a su arbitrio, crear jurisdicciones transitorias, modificar la justicia civil, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativa y reformar cualquiera de los códigos, todo ello mediante decretos con fuerza de ley que tendrían carácter permanente. El proyecto no establece límites en cuanto a los procesos judiciales y derechos que podrían ser interferidos por el Ejecutivo”. Es obvio que esto equivale a una toma de la justicia, de corte absolutista, por parte del jefe del ejecutivo, lo que cambiaría las bases sobre las que se asientan las actuales relaciones políticas existentes en la sociedad.
Cada día es mas claro que la política trazada por el gobierno uribista solo puede desplegarse causando una involución de los escasos márgenes democráticos y recurriendo a prácticas dictatoriales. Seguramente percatados de esto, ustedes llaman a que las reformas que se lleven a cabo deben “progresar en la construcción de la democracia y no retroceder en los espacios que últimamente han ganado los colombianos”. La contradicción entre este anhelo y lo que busca la anunciada reforma a la justicia se establece en términos excluyentes que no admiten la conciliación. O prevalece la reforma retardataria o lo hace el avance de los colombianos en la apertura de nuevos espacios democráticos.
Un aspecto particular del proyecto de reforma son los anunciados cambios en la acción de tutela, la cual terminó por convertirse en un expediente indicativo de las arbitrariedades, discriminaciones y negación de derechos a que están sometidos vastos sectores de la población por parte de las diversas entidades estatales. Al constatarse que, según Asonal, más de la mitad de las 800.000 tutelas que han arribado a la Corte Constitucional se encaminaron a proteger la seguridad social, la afirmación de ustedes respecto a que el proyecto de reforma gubernamental va a “quitarle por completo la eficacia a este instrumento” y a impedir que a través de él se protejan derechos constitucionales atinentes a las libertades básicas y a reivindicaciones sociales en salud y educación, pone de manifiesto que estamos ante una especie de ataque preventivo contra eventuales conquistas de las gentes en asuntos que les son material, social y políticamente vitales.
Sabemos, señores magistrados, que así como no faltaron funcionarios y políticos que consideraron sus conceptos y argumentos como exorbitancias del ideario jurídico y constitucionalista que ustedes profesan, tampoco faltarán quienes procedan a desvirtuar los nuestros por poseer connotaciones ideológicas que se les antojan anticuadas. Pero lo cierto e incontrastable es que estamos ante una ideología retrógrada y oscurantista que preside, en íntima ligazón e imprimiéndoles su sello, cada uno de los actos del gobierno. Por contera, cuando se debaten los problemas que padece la nación, quien la alimenta desde la cúpula estatal pretende que, en aras de un grosero pragmatismo, el oponente de turno se despoje de la suya. Tal intolerancia, de la que también dan repetidas muestras áulicos tan tenaces de Uribe como Londoño Hoyos, Fabio Echeverri y Rudolph Hommes, hace patente que la lucha política en Colombia envuelve una permanente lid ideológica sobre su destino. Y, por supuesto, las concepciones sobre cuestiones jurídicas, que hacen parte de la superestructura de la sociedad, no son extrañas a ella.
Todas estas consideraciones, motivadas en las atinadas razones que ustedes expusieron frente a los fines que orientan el proyecto del gobierno, corresponden a la política que en defensa de la nación y en pro de su progreso económico y democrático desarrolla con consecuencia y sin pausa el MOIR. Al instaurarse la política de apertura económica en 1990, adoptamos, con juicios cuya justeza los hechos han venido y siguen corroborando, una firme posición crítica ante los orígenes, implementación y resultados que predominaron en la Asamblea Constituyente. Pero hoy, sin desmedro de esa posición, que aún sostenemos, cuando las mismas normas e instituciones jurídicas que de allí surgieron y que rigen la vida social de los colombianos se quieren arrasar para proceder a un ejercicio absolutista del poder, y cuando, según lo expresado por demócratas y patriotas que merecen todo nuestro respeto, el mandatario Uribe Vélez amenaza con modificar el actual funcionamiento del Estado para construirse uno a la medida de sus ambiciones antinacionales y antidemocráticas, el pronunciamiento de ustedes es una vigorosa alerta que los compatriotas deben escuchar con atención, a fin de aunar voluntades para emprender consecuentes y eficaces resistencias civiles.
Atentamente,
Héctor Valencia, secretario general del MOIR
Bogotá, 25 de abril de 2004