El problema del empleo, uno de los más graves de la sociedad colombiana, fue materia de discusión pública en la pasada contienda electoral. Todos a una, los candidatos explayaron sus fórmulas y, por ende, el ungido del uribismo no podía ser la excepción. Sobre este crucial asunto y superando a los demás en demagogia y desvergüenza, y en claro gesto continuista, Juan Manuel Santos consignó en “Hacia la prosperidad democrática”, su programa de 110 puntos, que crearía “Tres millones de empleos formales” y que el “resultado más importante de nuestras políticas será la generación de puestos de trabajo: hasta el 2014 crearemos 2,4 millones de empleos nuevos y formalizaremos quinientos mil puestos que hoy son informales. Pondremos a la economía en la senda de crear en esta década 6,5 millones de empleos, y de formalizar 2,6 millones de empleos que hoy son informales. Con estas metas lograremos llevar el desempleo por debajo del 9% en 2014, y del 6% en 2020”.
Estas promesas se hacen a pesar del burdo continuismo con la política de “Confianza inversionista”, pues minería, infraestructura, agricultura, vivienda e innovación, las llamadas locomotoras del santismo para jalonar la economía, son reedición de las mismas palancas económicas que a lo largo del uribiato provocaron el actual desastre. Los indicadores sociales y económicos prueban su magnitud y demuestran el absoluto fracaso de lo que ahora se expone como panacea: caída en picada de las exportaciones, excepto los minerales y materias primas de la economía neocolonial; tasas de desempleo absolutas superiores al 12%; escandalosos porcentajes de pobreza e indigencia; precarización del trabajo como factor de competitividad, con las sucesivas reformas laborales de los últimos 20 años, tercerización a través de los contratos sindicales, temporalidad y las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, y la extendida informalidad a la que ha sido empujada más de 60% de la población laboriosa. Mención aparte merece la inequidad, que de acuerdo con el índice de Gini, está entre las más altas del mundo: de 45 millones de habitantes, solamente 31 mil personas son sujetos de pago al impuesto al patrimonio, distribuidas así: 22.100, poseen un patrimonio de entre mil y dos mil millones de pesos, 7.000 entre dos y tres mil millones, 1.400 entre tres mil y cinco mil y solamente 500 poseen más de cinco mil millones.
Lo que contiene la ley de formalización
Bajo estos auspicios, los proyectos de formalización laboral del santismo han puesto manos a la obra, sin pensar siquiera en revisar el modelo agrominero-exportador que nos ha llevado a este desastre y, peor aún, consolidándolo. La ley aprobada definitivamente el pasado 14 de diciembre, acumula varios proyectos que surgieron en el transcurso de la legislatura. En ella, después de establecer qué son pequeñas empresas y los diferentes tipos de informalidad, se pasa a definir las políticas para la formalización empresarial. Estas tienen que ver con programas de microcréditos para empresas emprendidas por jóvenes menores de 28 años, incentivos a la tasa, al capital, períodos de gracia, incrementos de las garantías financieras que posee el Estado y simplificación de trámites en los establecimientos de crédito y demás operadores financieros, todo esto bajo el sofisma de que la formalización de las empresas implica la del empleo, cuando en verdad la ley no suprime las formas de tercerización y temporalidad que han envilecido los derechos de los trabajadores en el modelo neoliberal.
Las medidas concretas apuntan a una progresividad en el pago del impuesto sobre la renta, de tal manera que sólo será de 100% a partir del sexto año en todo el país, mientras en Vichada, Amazonas y Guainía, será a partir del año once, o sea, precisamente en la altillanura, región donde se tienen proyectadas grandes inversiones con la concesión de inmensas extensiones de terrenos para las plantaciones con destino a los biocombustibles, siguiendo el tristemente célebre modelo Carimagua. Igual progresividad se concede para los aportes parafiscales al Sena, Icbf y Cajas de compensación familiar, así como los aportes pensionales y a la subcuenta del Fosyga y se posterga, respectivamente, por cinco años en el país y por diez en los territorios excepcionados, el cobro de la retención en la fuente. De paso, durante los dos primeros años se arrebata a los trabajadores el derecho a percibir subsidio familiar en cuota monetaria efectiva por parte de las Cajas de Compensación.
Como los impuestos de industria y comercio son competencia de los entes territoriales, el gobierno se compromete a promover e incentivar su progresividad y a que se acepte su articulación con los impuestos nacionales, en la misma línea centralizadora de los recortes a las transferencias territoriales y del raponazo a las regalías. De otra parte, las pequeñas empresas tendrán tarifas progresivas en la matrícula mercantil y en su renovación.
Además de las anteriores gabelas, los aportes parafiscales, al Fosyga y a las pensiones, correspondientes a trabajadores menores de 28 años y de mujeres mayores de 40, podrán utilizarse, por el término de dos años, como descuento tributario sobre la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios. Este plazo se extiende a tres años en el caso de que los contratados sean personas desplazadas.
Insólitamente, la cacareada ley de formalización estimula los míseros salarios al establecer que los patronos podrán usar, por el lapso de dos años, el descuento tributario para efectos de determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios por los montos de toda nueva vinculación de trabajadores con salarios por debajo de 1.5 del mínimo.
La ley dedica más de 50% de su articulado a simplificar todos los trámites comerciales y de otro tipo para la constitución de las empresas. Este fue el argumento para que el gobierno le negara el carácter de reforma laboral y, de paso, evadir la obligación de discutirla previamente en la cada día más inocua Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales. Sin embargo, eso no fue óbice para que se reformaran regresivamente más de seis artículos del Código Sustantivo del Trabajo y se derogaran otros 16.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, no son abolidas ni mucho menos. La norma se limita a establecer que la progresividad del pago de los aportes que estimulan la formalización, descritos más arriba, no las cubren y a prohibir que sean contratadas para el desempeño de funciones “misionales” en las empresas. Ya se las ingeniarán las multinacionales, las grandes plantaciones y demás empresarios, para restringir estatutariamente cuáles son sus actividades “misionales” y así poder continuar la contratación con las CTA o con las demás formas de tercerización del trabajo como el Contrato Sindical y la vinculación temporal, de los cuales la ley no dice una sola palabra. Por lo demás, la transición establecida para que se cumpla esta disposición de las CTA se extiende generosamente hasta el 1º de julio del año 2013.
Estas larguezas en la concesión de exenciones terminan abriendo un nuevo hueco fiscal, pues esos recursos los paga el Estado con la consecuente disminución del presupuesto ordinario. En últimas, la verdadera preocupación del régimen santista es la existencia de más de 60% de la economía por fuera de los circuitos del capital financiero y de los mecanismos de tributación, al tiempo que enfrenta tremendo déficit fiscal por las generosas dádivas al gran capital prodigadas por Uribe Vélez en la confianza inversionista. La formalización empresarial implica la bancarización forzosa de los pequeños negocios que hoy se mueven por fuera de la voracidad insaciable de los bancos, a los que este filón se les escapa de sus garras. Esta idea la resume a cabalidad el informe del Doing Bussines, 2010, cuando registra: “La pesada carga regulatoria puede llevar a las empresas y al empleo al sector informal, tras lo cual, las empresas no se registran ni pagan impuestos y los trabajadores tienen muy escasas garantías en términos de créditos bancarios o mecanismos de protección”.
Qué ha dicho el Banco Mundial
A la postre, lo que el santismo presenta como novedosa propuesta, camuflada en una supuesta formalización del primer empleo, que de paso no deja de ilusionar a algunos bonzos sindicales, no pasa de ser un refrito de un documento publicado por el Banco Mundial en el año 2007 bajo el título de “Informalidad: escape y exclusión”.
Las recomendaciones de este documento, a cuya elaboración contribuyó el detestable Guillermo Perry, recogen a plenitud lo más granado del recetario neoliberal contra los aportes parafiscales y los derechos laborales, salariales y prestacionales de los trabajadores. Se sostiene allí que “los excesivos costos laborales (…) reducen el número de empleos en el sector formal y frecuentemente crean el clásico mercado segmentado”. “Los salarios mínimos (…) ameritan moderación”. “Los costos no salariales que pesan sobre los empleos formales (…) parecen ser la causa de caídas considerables en el empleo formal”. Esas regulaciones “tienen un impacto sumamente excluyente en los jóvenes que están tratando de encontrar empleos y quienes, en América Latina y el Caribe, constituyen la mayor parte de los asalariados informales involuntarios”. “Los niveles generalmente muy altos de los costos de cesantía (…) pueden reducir sustancialmente la creación de empleos”.
Entre las reformulaciones de fondo que proponen están la de que la salud debe hacerse en “paquetes mínimos” cuya financiación “no dependa del contrato de trabajo” como aporte patronal, “sino de recursos externos del presupuesto nacional”, e igualmente, “el régimen de pensiones de vejez tampoco debe estar vinculado con el contrato de trabajo” y puede tomar la forma de una pensión de prevención de pobreza focalizada en los pobres, como parte de un sistema de ahorro individual para la jubilación basado en el sistema de los pilares múltiples.
A renglón seguido, el mencionado estudio pasa a formular las políticas para reducir las barreras que impiden formalizar las empresas. Estas buscan no sólo optimizar las condiciones de productividad del sector formal de la economía y mejorar el clima para los inversionistas y las políticas orientadas a aumentar la acumulación del capital humano, sino también reducir costos y cargas legales para la formalización, así como simplificar procedimientos administrativos destinados a reducir los costos operativos de la empresas legítimas.
El gancho para que las empresas se formalicen consiste en que pueden acudir a los créditos bancarios y otras formas de financiamiento externo, acceder a la prestación de servicios de desarrollo empresarial y de capacitación que están al alcance de las empresas formales y tener más fácil acceso a los mercados y a las compras públicas.
El proyecto concluye recomendando eliminar exigencias burocráticas “innecesarias y costosas”, así como las reglamentaciones que aumentan considerablemente el costo de operación de las empresas privadas y que no se justifican por intereses públicos legítimos, como son proteger la seguridad pública y el medio ambiente, frenar la evasión fiscal y de los pagos del seguro social, abaratar las cargas regulatorias, simplificar a toda costa los procedimientos administrativos, reducir el papeleo innecesario y afinar los registros de contribuyentes, auditoría y recaudación, combinando adecuadamente las sanciones y los incentivos.
Todo esto para concluir que “superar las causas de la elevada informalidad es parte de la agenda más amplia del desarrollo de la región”.
He ahí la política formulada por el Banco Mundial como uno de los cancerberos del capital financiero internacional y la consecuente ley del cipayo que Santos y Garzón presentan falsamente como invención criolla.
El pliego empresarial de los “cacaos” para este cuatrenio
Por lo demás, la agenda empresarial para este cuatrienio, formulada por los 19 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional, no deja dudas sobre cuáles son las reales intenciones de la ley de formalización. Al plantear que se busca aumentar la competitividad del país, subir a 10 mil dólares el PIB per cápita, lograr un crecimiento sostenido de 7% y garantizar un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa, se considera que para estos propósitos se hacen inaplazables una serie de reformas.
Entre ellas están: no permitir más afiliados al régimen de pensiones del Seguro Social, de tal manera que sean prohibidos los traslados y las nuevas afiliaciones, para frenar la deuda sectorial y fortalecer los Fondos Privados; aprobar mesadas pensionales inferiores al salario mínimo; bajar el impuesto de renta a empresas y personas; eliminar la tasa de usura y el tope de los intereses para créditos como el hipotecario de vivienda, para la agricultura y las exportaciones por implicar actividades de alto riesgo, y tener en cuenta el presupuesto a la hora de dictar sentencias.
Estas peticiones de los “cacaos” implican, y así lo declaran, que respalden plenamente las disposiciones de la regresiva reforma constitucional de la Regla Fiscal, el raponazo a las regalías de las regiones, la reducción del desempleo y la informalidad laboral y empresarial, el combate a la hotelería informal, la supresión de la tabla de fletes de carga por carretera y la eliminación de la sobretasa del 20% al consumo industrial de energía.
Epílogo
La ley se limita a otorgar más gabelas a los empresarios para que se formalicen, con cargo al presupuesto. No se prohíbe la tercerización laboral ni se estipula disposición alguna para que mejoren los salarios de los trabajadores.
Sobre el salario mínimo, el gobierno, después de una sarta de declaraciones demagógicas en boca de Angelino Garzón, terminó decretando un mísero aumento de 4%. Al respecto valen algunas precisiones: el IPC en el 2010 para asalariados y pobres fue de 3.58%. Lo que significa que el aumento real es solo de 0,42%. Escasamente se recupera el poder adquisitivo perdido por el salario en el año que termina. El incremento real fue de 2.163 pesos mensuales, es decir, 72 pesos diarios. Para peor, ya se desataron las alzas, que caerán de manera implacable sobre los pobres y asalariados de Colombia.
Con razón la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, tomaron la correcta decisión de retirarse el 10 de diciembre de la Comisión de Concertación Laboral, expresando así el repudio a la farsa de esa negociación, y deslindaron campos con quienes han resuelto defender y justificar la política antilaboral del régimen santista.
Para remate, es la propia dupla Santos-Angelino la que impulsa la abolición del salario mínimo al autorizar vinculaciones temporales por seis meses y por la mitad del mínimo a los trabajadores en las zonas de desastre, con el clásico aprovechamiento de las graves secuelas de la tragedia invernal. Cobijados en el dolor de millones de compatriotas imponen de contrabando políticas salariales profundamente regresivas.