A un año del gobierno de la «Alianza para el Cambio» el país continúa su rumbo al abismo, lo cual obliga a los patriotas, en medio de la violencia generalizada que vivimos, a defender un programa que salve a Colombia, pues desde el 7 de agosto de 1990 los asalariados, a través del movimiento sindical, advertimos la suerte que le esperaba al país a partir de la apertura económica.
Los afectados: obreros, campesinos e indígenas; trabajadores informales, empresarios de la ciudad y el campo, desempleados, pensionados, transportadores, viviendistas, mujeres y jóvenes, intelectuales, profesionales, personalidades, organizados o no en sindicatos, gremios, asociaciones cívicas, comunales y movimientos o partidos políticos, que son la esencia de la nación, en ejercicio de los derechos democráticos de movilización y protesta, hemos acordado la realización de un Paro General a partir del próximo 31 de agosto de 1999.
Razones y objetivos del paro
Servirá para explicar al país las razones de nuestra lucha y su objetivo central será el rechazo al presupuesto que se pretende imponer al país, por mandato del Fondo Monetario Internacional, para favorecer la política económica neoliberal al servicio de los grandes monopolios, fundamentalmente norteamericanos.
Las medidas tomadas y los proyectos que promueve el gobierno de Andrés Pastrana servirán para profundizar la pérdida de la soberanía nacional y acrecentar la ruina del país.
Para los trabajadores es definitivo el desarrollo y consolidación de un verdadero proceso de paz, que se fundamente en la justicia social. Reiteramos nuestra posición de lograr una solución política del conflicto armado y el rechazo a todas las formas de violencia, a los secuestros, las masacres, las desapariciones forzadas, los atentados, los genocidios, abogando porque los actores de la guerra respeten a la población civil y acaten las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Exigencias democráticas del pueblo colombiano
Hechas trizas las esperanzas de paz y de trabajo que abrigaron millones de colombianos en la administración de Pastrana, en medio de la sorpresa e indignación causada por la intromisión cada vez mayor de la Casa Blanca en los asuntos internos del país, al punto que sobrevuelan nuestros cielos aviones de guerra comandados por militares gringos, crece hoy en nuestra patria la más amplia unidad de los colombianos para levantar exigencias democráticas ante el gobierno y su parlamento, las cuales han sido planteadas y defendidas por el movimiento sindical en representación de todos los inconformes, en la Comisión Constitucional de Concertación Laboral.
Ellas se resumen en un cambio de la política presupuestal y económica oficial que permita:
1. Una moratoria de la deuda pública interna y externa, mientras se exige su condonación, para aumentar la inversión presupuestal en las áreas de seguridad social y en recursos para los entes territoriales e inversión en las zonas rurales.
2. Control a toda clase de importaciones que lesionan la producción agropecuaria y la industria nacional y estímulo a los pequeños y medianos propietarios, incluyendo a los transportadores y a empresas estratégicas, como Acerías Paz del Río, entre otras.
3. Reestructuración del Banco de la República para devolver al Estado el control de la política monetaria, crediticia y cambiaria, y recuperar el control sobre el régimen de inversión extranjera que favorezca al país.
4. El retiro de todos los proyectos como el de Reforma Laboral, a la Seguridad Social, el 219 y otros que atentan contra la paz laboral y social, que recortan derechos adquiridos de los trabajadores y la estabilidad de los funcionarios públicos.
5. La suspensión de todo proyecto de privatización, liquidación, fusión o reestructuración de empresas o entidades del Estado como el ISS, SENA, Ecopetrol, Telecom, ETB, Emcali, EPPM-Medellín, Acueducto de Bogotá, Bienestar Familiar, Banco Central Hipotecario, licoreras, aeropuertos, Dirección Nacional de Equidad para la Mujer, y la restauración de los derechos a los campesinos y a los trabajadores afectados por el cierre de la Caja Agraria.
6. La congelación de tarifas de los servicios públicos y del precio de los combustibles y restablecimiento de los subsidios para los servicios domiciliarios.
7. Aumentos salariales por encima de la inflación e implementación de planes de vivienda que terminen con la especulación del UPAC y que estén al alcance de los viviendistas.
8. Suspender cualquier acción encaminada a debilitar las Cajas de Compensación Familiar, el SENA y Bienestar Familiar como se pretende con la reducción de los aportes parafiscales, entidades que prestan servicios sociales a millones de colombianos.
9. Refinanciación del sector educativo, descongelación del situado fiscal, refinanciación del Fondo de Prestaciones del Magisterio, derogatoria de los convenios de desempeño impuestos por el Ministerio de Hacienda a los departamentos y municipios, y respeto a los derechos adquiridos de los educadores.
10. Garantías democráticas para ejercer el derecho de organización, protesta, movilización y la defensa de los dirigentes sindicales y populares.
Organización y duración del paro
En todo el territorio nacional, desde las veredas y barrios, en pueblos y ciudades, comunas y fábricas, sindicatos y gremios, centros educativos y culturales, con la más amplia participación de todos los sectores, se vienen constituyendo los comandos de paro, que estarán al frente de la lucha, coordinados por los comandos departamentales y el comando nacional.
La duración del paro depende de la intransigencia que mantenga el gobierno en la Comisión de Concertación y en el Parlamento, para dar respuesta a las peticiones democráticas de los que aspiran a una patria próspera, soberana y en paz.
31 de agosto: un paro por la dignidad nacional
Convocan:
Comando Nacional de Paro
Organizaciones sindicales
CUT: Luis Eduardo Garzón, presidente, y Héctor Fajardo Abril, secretario general. CGTD: Julio Roberto Gómez Esguerra, secretario general, y Percy Oyola Paloma, vicepresidente. CTC: Apecides Alvis Hernández, presidente, y Miguel Morantes, secretario general. CPC: Jesús Ernesto Mendoza, presidente, y Fortunato Lozano, secretario general. Fecode, Fenaltrase, Utradec, Fenasibancol, UNEB, Sintracreditario, Sintraiss, Anthoc, Asmedas, Sindes, Anec, Asdoas, Andec, Asemil, USO, Sittelecom, ATT, Sintraelecol, Sindesena, Sinaltrabavaria, Asonal Judicial, Asdecol, Sintrabienestar, Sintraunicol, Sintraemsdes, Sintrateléfonos, Sintracueducto, Sintraemcali, Ascopro, Sintrabecólicas, Sintracueaemponal, Sintracihobi,
Organizaciones sociales
Asociación por la Salvación Agropecuaria (Ángel María Caballero, presidente, Jorge Robledo, secretario), Asociación Colombiana de Camioneros, Apetrans, Sindicato Nacional de Choferes de Colombia, Coordinadora del Transporte Aéreo, Coordinador Nacional Agrario, Federación de Profesores Universitarios, Coordinadora de Organizaciones Estudiantiles, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres, Confederación de Cooperativas de Colombia, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cívicas y Comunales, Consejo Nacional Campesino, Acción Campesina Colombiana, Acuss.