Los habitantes de los tradicionales barrios de Belén y Laureles, al occidente de Medellín, se aprestan a librar una gran batalla en defensa de su patrimonio, amenazado por el abusivo cobro de valorización por la ampliación de la carrera 76.
El cobro del impuesto se extiende a una zona tan grande y tan densamente poblada que abarca a más de diez barrios, casi como una cuarta parte de la población de la ciudad. Son 109 mil propietarios que, según el arbitrario Estudio Socio-económico, estarían en capacidad de pagar una suma superior a los 80 mil millones de pesos por la vía de 7.7 kilómetros, es decir, más de 10.5 millones de pesos por metro lineal, precio que, en cálculo de los dirigentes de la comunidad, es cinco veces superior al normal.
Los afectados se han organizado en comités cívicos, entre los cuales se destaca el del barrio San Bernardo, cuyos líderes han promovido dos gigantescas movilizaciones con asistencia de más de cinco mil personas, un verdadero ejemplo de trabajo y dedicación. En distintos foros, asambleas y otros eventos públicos, los líderes han denunciado el carácter expropiatorio de la obra, pues a muchos hogares han llegado facturas de cobro por valores superiores a los cinco millones de pesos, cifra que rebasa la capacidad de pago de la mayoría.
Frente a los justos reclamos de la comunidad, la administración municipal, que encabeza el neoliberal Juan Gómez Martínez, se ha hecho la de la oreja mocha. Los organizadores han señalado que se agota la paciencia y dan aliento a la toma de la carrera 76 como actividad preparatoria de un paro cívico.
La ampliación de la carrera 76 es apenas una de las múltiples obras que comprende el Plan de Ordenamiento Territorial o programa de renovación urbanística, que no es otra cosa que utilizar el mecanismo de pasar grandes vías por los barrios pobres o de capas medias para desalojarlos y elevar el estrato social, encareciendo las tarifas de los servicios y aumentando el recaudo de tributos municipales, como el predial.
Ya han sido anunciados otros dos costosísimos macroproyectos viales para pago por valorización, que afectarán a los pobladores del noroccidente y del sur del Valle de Aburrá. También la resistencia popular ha anunciado su pronta organización como fórmula para dar al traste con las pretensiones del Área Metropolitana y de los alcaldes que patrocinan este nuevo atropello contra los menguados bolsillos de los antioqueños.