Enrique Daza, Tribuna Roja Nº 104, Bogotá, noviembre 20 de 2006
A pesar de todas las concesiones del gobierno de Uribe Vélez, de las súplicas, de los viajes a Washington y de haber claudicado en cada una de las exigencias norteamericanas, el TLC enfrenta nuevos obstáculos, que emanan de la derrota de Bush en las elecciones del 7 de noviembre al Congreso de ese país, lo cual debe aprovecharse por el movimiento popular para arreciar en la resistencia.
El gobierno aceptó durante las negociaciones del TLC todas las pretensiones estadounidenses. El texto adoptado refleja fielmente la posición norteamericana y así está consignado en la opinión de las organizaciones gremiales estadounidenses expresada ante la Representación Comercial de su gobierno. Después del cierre de las negociaciones, el 28 de febrero de este año, Uribe cedió a nuevas imposiciones, como la de garantizar la importación de reses de más de treinta meses, posibles transmisoras de la enfermedad de «vacas locas», decisión festejada con alegría, a finales de octubre, por las autoridades de ese país; y también eliminó los controles de precios a los medicamentos, de tal forma que las empresas multinacionales, únicas productoras de fármacos de alto costo para enfermedades catastróficas, puedan cobrarlos como les plazca, con lo cual se satisfizo una vieja aspiración de esas multinacionales, que llega como requisito adicional para el trámite del TLC en Estados Unidos.
En numerosas oportunidades, varios funcionarios colombianos visitaron en los últimos meses a Washington para «presionar» la firma del tratado y, ante su eventual discusión en el Congreso gringo para el año 2007, han implorado la renovación de las preferencias arancelarias del Atpdea, argumentando falacias tales como que el acceso de textiles y flores al mercado norteamericano representa 600.000 empleos, cuando los estudios señalan que a lo sumo las preferencias del Atpdea permitieron crear 13.000 empleos anuales. Una cifra que llegaría máximo a un total de 150.000, en un país de casi tres millones de desempleados declarados, sin añadir que, como en el caso de los cereales y oleaginosas, puede acarrear la pérdida de más de 25 millones de jornales rurales.
El ministro Botero señaló que estaba dispuesto a renegociar los capítulos laboral y ambiental para satisfacer los requerimientos del Partido Demócrata, desde cuando se preveía su triunfo en las elecciones parlamentarias del 7 de noviembre, tal como sucedió. La posible renegociación ha desnudado nuevamente las desventajas del TLC, hasta el punto que El Tiempo, en su editorial del 13 de noviembre, señaló que «el TLC tal como se negoció, puede desestabilizar más el campo donde la guerra está concentrada. Así, como mínimo, una renegociación debería contemplar mayores compensaciones para los sectores productivos colombianos, especialmente para el agro».
A pesar de que se ha anunciado que la firma protocolaria de Colombia y Estados Unidos será el 22 de noviembre, la ratificación del TLC en el Congreso estadounidense parece lejana, lo cual quiere decir que las afrentas a la dignidad nacional y las desmedidas concesiones y las ignominiosas agendas para acondicionar el país al «dichoso» Tratado, ocurridas durante dos años, pueden alargarse por un año más. Una muestra es la reciente diligencia de Uribe en Washington, que, entre otras, revela la vulnerabilidad de la solidaridad andina, visible en el hecho de que Colombia, Ecuador y Perú enviaron sendas delegaciones a Estados Unidos en forma independiente y sin coordinación.
Triunfo de los demócratas
Indiscutiblemente el triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos no es buena noticia para Uribe, quien hizo gala durante los últimos años de su amistad personal y su empatía con Bush y se sintonizó plenamente con el lenguaje belicista del presidente estadounidense, respaldando la invasión a Irak. La nueva cabeza de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha sido crítica del énfasis militarista del Plan Colombia y de la política antidrogas del presidente Bush, exige el retiro de Irak y uno de sus principales temas es la defensa de los derechos humanos. Expresa gran preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos como consecuencia de los tratados de libre comercio y es proclive a las demandas de los sindicatos norteamericanos en ese sentido.
Parece que los demócratas quieren postergar todo debate sobre los TLC hasta que la llamada cláusula de «la vía rápida», de la Ley Comercial norteamericana, sea reconsiderada a mediados del próximo año. Esta norma es la que le permite al Ejecutivo de Estados Unidos firmar acuerdos sin que el Congreso pueda modificarlos sino solamente aprobarlos o rechazarlos. La definición sobre la «vía rápida» es clave para proseguir las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y aunque el otorgamiento de las facultades no aseguraría la culminación de la Ronda de Doha, que depende de los acuerdos entre Europa y Estados Unidos en materia de subsidios agrícolas, su no aprobación puede empantanar indefinidamente la marcha de la OMC y la constelación de tratados con los cuales la superpotencia quiere «abrazar el mundo». El Congreso norteamericano también definirá el año entrante sobre su Ley Agrícola, en la cual se establecen los subsidios a sus productos, y es previsible que los demócratas, dada su tendencia proteccionista, no quieran disminuirlos.
Será difícil que las nuevas mayorías parlamentarias que perciben a Uribe como gobernante autoritario y que ven con recelo el tema de los derechos humanos, la corrupción y el proceso con los paramilitares, muy ligados al narcotráfico, pongan en un orden prioritario el TLC con Colombia. Para los demócratas son de mayor importancia asuntos como la elevación del salario mínimo en su país, la eliminación de las exenciones de impuestos a las compañías petroleras, el estímulo a fuentes alternas de energía y la negociación de bajos precios para los medicamentos. La oposición de muchos demócratas a la política comercial de Bush radica en que ésta ha aumentado el déficit comercial y ha incrementado la pérdida de puestos de trabajo, cuando a la vez las multinacionales buscan en todo el mundo lugares donde invertir sus capitales, explotando mano de obra barata.
A pesar de que ninguno de los 15 representantes demócratas que votaron a favor del TLC con Centroamérica fue derrotado, los sectores de «izquierda» del Partido Demócrata van a tener más incidencia en la dirección de varios comités claves del Congreso, y todo dependerá de si Bush se obstina en sus políticas o entiende que debe trabajar con los demócratas más cercanos. De todas maneras, para Uribe y para Bush sus ultraconservadoras iniciativas se complican. De hecho, varios de los parlamentarios prominentes de dicho partido lideran, por ejemplo, una fuerte oposición a las multinacionales farmacéuticas y se oponen a las exigencias estadounidenses en materia de propiedad intelectual, como los senadores Waxman y Kennedy.
Sin embargo, no debe olvidarse que desde el intento de crear el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que, debido a la oposición de varios países de la región, debió derivar hacia los TLC o tratados bilaterales, la política comercial ha sido resultado de la coincidencia en lo fundamental de los dos partidos estadounidenses, el Demócrata y el Republicano, tal como sucede también con la política intervencionista; ambos apoyaron en su momento la invasión a Irak y unos y otros han avalado la perorata antiterrorista de George W. Bush.
El viaje de Uribe
En un enésimo esfuerzo por obtener apoyo para la fase 2 del Plan Colombia, renovar el Atpdea e interceder por la rápida ratificación del TLC, Uribe viajó a Washington para alcanzar una ratificación de la política hacia Colombia como fruto de los acuerdos bipartidistas, ya que Clinton fue el artífice de buena parte de la misma. Como si ignorara los efectos de lo acaecido, la embajadora Carolina Barco habló de «esperar el programa demócrata», aunque reconoció que el TLC apenas será discutido en el primer semestre del año entrante.
El reciente viaje de Álvaro Uribe Vélez fue un chasco tal que la prensa nacional destacó que no obtuvo lo que quería, que no se pudo entrevistar con lideres demócratas claves, que aun los más partidarios de prorrogar el Atpdea no asumieron compromisos y que el tema de Colombia no tiene relevancia en el momento. En desesperado empecinamiento cree que, aunque haya muchos factores adversos, puede, haciendo citas con los políticos de Washington, torcer el curso de los acontecimientos.
Entre tanto, en el movimiento popular crece la conciencia sobre los efectos perversos del Tratado de Libre Comercio, y acontecimientos como el despido por parte de la trasnacional Dole de cerca de cinco mil trabajadores de sus cultivos de flores en Colombia evidencian cuánto hay de mentira en el anuncio de la masiva creación de empleo que será producto del Tratado de Libre Comercio. Esta conciencia se ha mostrado en las dos movilizaciones nacionales, la del 26 de octubre y la del 9 de noviembre, en las cuales el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ocupó un papel prominente.
En Colombia aún sin firmarlo se habla de renegociación, se reconoce que las pérdidas serán cuantiosas y el gobierno no tiene mayor margen de acción. La victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos muestra que los estadounidenses se dan cuenta de que el gobierno de Bush representa un peligro para la paz mundial y un bastión de las políticas más reaccionarias y que quieren preservar sus puestos de trabajo sacrificados en el altar del mercado mundial gobernado por las trasnacionales.
Aunque no se puede cantar victoria, pues está por verse hasta donde llega la oposición contra Bush, ciertamente se abre un nuevo espacio en el cual las voces anti TLC podrían escucharse con mayor claridad. De todas maneras la población colombiana debe tomar en sus propias manos la derrota del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La aclaración sobre sus nefastos impactos y la refutación de las mentiras oficiales juegan un papel central, dado que todavía en Colombia falta la ratificación por el Congreso y el examen por parte de la Corte Constitucional. La movilización por todo el país, que deberá redoblarse demostrando sus impactos negativos, deberá impedir que se apruebe.