Bogotá, febrero 24 de 2006
Los colombianos y colombianas necesitamos y merecemos vivir mejor. El objetivo final de la política y del Estado debería ser conducir las decisiones, canalizar los recursos y enfrentar los conflictos y las dificultades sociales de manera que se logre garantizar el máximo bienestar a todos los ciudadanos y ciudadanas. La propuesta que de manera sintética presentamos a consideración del país, se orienta en esa dirección. No pretende ser una fórmula mila¬grosa o una verdad indiscutible sino una invitación a construir juntos un modelo de sociedad y de Estado que supere las injusticias, deficiencias y enfrentamientos acumulados en el pasado y haga posible encontrar caminos de solución, equidad y progreso.
El lema de nuestra campaña resume bien el conjunto de la propuesta:
Construyamos democracia, no más desigualdad
Estamos convencidos de que la esencia de nuestros problemas radica en las enormes desigualdades de todo tipo que hoy padecemos como consecuencia del modelo económico, político y de ordenamiento social imperante, y en la precariedad, limitaciones y deformaciones de nuestra democracia. Por tanto es preciso dedicar todos los esfuerzos a combatir las desigualdades y a construir una democracia viva y vigorosa.
Sabemos que hay intereses muy fuertes, nacionales y transnacionales, que se han beneficiado de las inmensas desigualdades que existen en el país y que, por tanto, se oponen a reconocerlas y combatirlas. Y sabemos también que algunos sectores pretenden presentarnos el régimen vigente como una democracia profunda, señalando a quienes advertimos sus graves deficiencias como enemigos de la democracia.
No somos extremistas, ni guerreristas, ni enemigos de la democracia y del Estado Social de Derecho. Por el contrario, somos demócratas, defensores del Estado Social de Derecho y pretendemos con esta propuesta fundamentar e impulsar, sin sectarismos pero sin ambigüedades, una alternativa de izquierda democrática en el país que encarne la verdadera oposición al modelo y gobierno actuales. Una oposición que no sólo critique, sino que arriesgue soluciones. Que no sea más de lo mismo, sino que marque diferencias fundamentales. Que aprenda del pasado, pero que le apunte al presente y al futuro del país. Que sea incluyente, pero a partir de ideas y prác¬ticas que la diferencien claramente de la forma tradicional de hacer política. Que reubique a Colombia en el escenario internacional, y en especial en el nuevo mapa político de América Latina, pe¬ro sin plegarse a las imposiciones de ninguna potencia ni copiar acríticamente los modelos de otros países.
Para que la propuesta que presentamos pueda desarrollarse y convertirse en un programa de gobierno se requiere de la participación y la creatividad de todos y todas los/las que la comparten y apoyan. Participación en su discusión, maduración y difusión. Y participación activa y organizada en los próximos procesos electorales que la legitimarían y convertirían en un mandato popular. Pero sobre todo se requiere de una enorme creatividad para convertir las ideas en hechos y soluciones efectivas. El pueblo colombiano ya ha dado prue¬bas de su enorme creatividad. Esta es una oportunidad excepcional para que la creatividad produzca una nueva esperanza.
I. LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
Recuperación del campo y el mercado interno con empleo y salario justos
Igualdad con recuperación del campo. Buscaremos la recuperación del papel social, cultural y productivo de la tierra mediante: el impulso a la productividad agro¬pecuaria para garantizar la soberanía y autoabastecimiento alimentario; la restricción a las importaciones de productos del agro que pueden producirse en Colombia; el establecimiento de precios de susten¬tación remunerativos, estables y garantizados por el Estado; la ejecución de un control sobre los costos de insumos agrope¬cuarios y demás costos de producción; la creación de créditos suficientes, oportunos y baratos para los campesinos; la condonación de las deudas del sector agro¬pe¬cua¬rio; el respeto y la ampliación de los territorios colectivos campesinos, indí¬genas y de comunidades negras; la redistribución del latifundio improductivo y la devolución de sus tierras a los desterrados por la violencia política de los últimos años.
Igualdad con desarrollo industrial. Impulsaremos la industria nacional, apoyaremos la pequeña y mediana empresa, y protegeremos el trabajo comunitario, solidario, cooperativo, mediante el fortalecimiento del aparato productivo nacional y el mercado interno y la restricción a las importaciones de productos hechos en Colombia.
Igualdad con seguridad laboral. Propondremos el fortalecimiento del seguro y el subsidio al desempleo, el primero destinado a aquellas personas que han perdido su trabajo, y el segundo a aquellas que nunca lo han tenido.
Igualdad con derechos laborales. Propiciaremos la aprobación del Estatuto del Trabajo, concertado con los trabajadores y ajustado a la Constitución Política y a las directrices de la Organización Mundial del Trabajo.
Construcción de un modelo económico que garantice la equidad
Igualdad sin Tratado de Libre Comercio, TLC. Nos opondremos a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, en caso de ser ratificado, haremos lo posible para contrarrestar sus efectos nocivos y buscar su rene¬go¬cia¬ción.
Igualdad sin deuda pública. Buscaremos la renegociación de la deuda colombiana para recuperar recursos financieros que permitan fortalecer la inversión social; no aceptaremos los denominados Acuerdos Stand by que impongan al país exigencias legales y políticas públicas que vayan en contra de los intereses de la población; buscaremos mecanismos para suspender el proceso de canje de deuda externa por interna mostrando las graves consecuencias en materia de endeudamiento interno; exigiremos que el pago a los acreedores internacionales se haga de manera directa con los excedentes en divisas, para reducir el monto total de la misma en términos reales.
Igualdad con control de la economía. Presentaremos al Congreso de la República una iniciativa constitucional de reforma al Banco de la República con el fin de que su acción se dirija, de la mano de la política gubernamental, a incentivar los sectores productivos de la economía y no exclusivamente a mantener estabilidad y rentabilidad en el sistema financiero; buscaremos la recuperación de la soberanía sobre el control de cambios y el control monetario para incentivar los sectores productivos y garantizar el bienestar general.
Igualdad tributaria. Someteremos a discusión una reforma tributaria orientada por los principios de progresividad y equidad; propondremos la eliminación de las exenciones y descuentos tributarios a las rentas del capital; propondremos la creación de un impuesto permanente y progresivo sobre patrimonios líquidos superiores a 1.000 millones de pesos; propondremos las reestructuración del IVA, excluyendo los alimentos y productos de primera necesidad y elevando el de los bienes suntuarios y de lujo; crearemos un sistema de información sobre la propiedad de la tierra con el objeto de facilitar el proceso de recaudo de los impuestos sobre la misma.
II. LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Garantía de derechos políticos, económicos, sociales y culturales
Democracia con participación política y respeto a la diversidad. Ratificaremos la plena vigencia del Estado Social de Derecho; implementaremos una política nacional de construcción y profundización de la democracia plural y desde abajo; adelantaremos políticas que se dirijan a hacer efectivo el derecho a la participación de todas y todos y garanticen su incidencia en las instancias de decisión; propondremos reformas al sistema electoral y a las instancias de representación, de acuerdo con los principios de participación, transparencia, servicio público e interés nacional, a fin de garantizar la adecuada representación social y popular, étnica, de género, táreo y de diversidad religiosa y sexual; promocionaremos las formas de organización social comunitarias de base y apoyaremos la recuperación del tejido social.
Democracia sin discriminación. Protegeremos la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y pondremos en marcha una política contra el racismo y la discriminación de la mujer, los negros, los indígenas, los raizales, los rom, los ancia¬nos, los jóvenes, la niñez, los desplazados por la fuerza y demás poblaciones discriminadas; aseguraremos las mismas oportunidades de empleo y defenderemos el precepto de «a igual trabajo, igual salario»; defenderemos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y su derecho a la libre opción sobre su cuerpo; rechazaremos las expresiones sexistas, racistas, la violencia pública y privada contra las mujeres y otros grupos de población; nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra; e impulsaremos políticas que promuevan los derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgene¬ristas.
Democracia con salud. Ante la grave situación de salud pública, la costosa demostración de lo inadecuado e inequitativo del sistema de salud impuesto con la ley 100 de 1993, proponemos poner en funcionamiento un nuevo sistema de salud basado en los siguientes principios:
1. La salud como un derecho humano fundamental y no como una mercancía. Para lograrlo se impulsará en el Congreso la derogatoria de la Ley 100 de 1993, con el propósito de acabar con la diferencia de una atención para ricos y otra para pobres, la mercantilización de la salud, la interme¬diación financiera y la corrupción rampante que permite que agentes privados nacionales y trasnacionales se apropien de gran parte de los recursos públicos dedicados a la salud; por consiguiente, el Estado no será más el árbitro de los negocios sino el garante efectivos del derecho a la salud.
2. Salud pública y atención de las enfermedades. Se diseñará un modelo que garantice a todos y a todas la atención oportuna y adecuada en caso de enfermedad y el suministro de los medicamentos necesarios, con particular atención a los ni¬ños, los ancianos, los discapacitados físicos y psicológicos y las mujeres embarazadas, y que permita la recuperación y el fortalecimiento de la red pública de hospitales y puestos de salud. Un modelo que tenga en cuenta los sistemas tradicionales de salud de los pueblos indígenas, afros, rom, campesinos, y su adecuada y respetada articulación al Sistema Nacional de Salud.
Democracia con educación y cultura. Nos proponemos fortalecer la educación pública mediante la presentación al Congreso de una Ley Estatutaria de Educación para que ésta sea universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; fortaleceremos la formación técnica laboral y la universidad pública; haremos efectiva la libertad de cátedra; mediante la expedición de un Estatuto único de la profesión docente restableceremos los derechos laborales salariales y profesionales conculcados al magisterio; fomentaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita.
Democracia con cultura y comunicaciones. Implementaremos una política cultural nacional y científica dirigida a apoyar los procesos de reconciliación, respeto a las diferencias, la tolerancia y la diversidad, así como a exaltar los valores culturales propios. El área de comunicaciones será considerada como estratégica para el país, por lo cual, el Estado impedirá el monopolio, recuperará el carácter de bien público y de servicio social de la información, impulsará la democratización de los medios de comunicación públicos, fortalecerá los medios alternativos de comunicación y regulará los medios de masas privados, garantizando el derecho a la expresión y a la libertad de prensa.
Democracia con seguridad social integral. La seguridad social integral es parte de la columna vertebral del Estado Social de Derecho que vamos a construir. Diseñaremos un modelo de seguridad social integral y de carácter público que elimine el lucro privado del sistema de pensiones y que garantice la seguridad alimentaria, la laboral, el ambiente sano. Como soporte de la seguridad social integral, el Estado pagará su deuda con el ISS.
Democracia con vivienda. Ejecutaremos políticas de vivienda digna con créditos que hagan posible la satisfacción de las necesidades de vivienda social e impidan que su construcción se convierta en un negocio para el beneficio del capital financiero.
Negociación política del conflicto social y armado
«Paz de carretera no es paz duradera». Reconocemos la existencia en el país del conflicto social y armado interno. Entendemos la paz como un valor que va más a allá de la superación del conflicto interno y que debe propiciar la superación de la cultura de la violencia y el establecimiento de formas y métodos sociales de concer¬tación de la diferencia. Teniendo en cuenta la historia reciente del país y la dinámica de los movimientos sociales reivindica¬ti¬vos y de resistencia, proponemos una política integral de paz que incluya: solución de las causas económicas, sociales y políticas más profundas del conflicto; negociación política con las organizaciones armadas y plena vigencia del Estado Social de Derecho.
Solución política del conflicto. Convocaremos a los partidos políticos, las organizaciones y movimientos sociales, los empresarios, las centrales obreras, las or¬ga¬nizaciones campesinas, indígenas y agropecuarias y demás agrupaciones de la sociedad para que, conjuntamente y de manera participativa, construyamos una política de diálogo con los grupos armados al margen de la ley; exigiremos a todos los sectores armados el respeto a la población civil, la naturaleza y el patrimonio público; nos empeñaremos en la realización de acuerdos humanitarios entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley; presentaremos al Congreso de la República una iniciativa legislativa que cree mecanismos eficaces para garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de la guerra interna; adoptaremos una política nacional para superar la crisis humanitaria que atraviesa el país, teniendo especial cuidado en la atención de la población en condiciones de desplazamiento, emplazamiento y confinamiento forzados.
Política de drogas. Plantearemos el debate sobre la despenalización de la producción y consumo de estupefacientes y llevaremos una iniciativa al Congreso que recoja los resultados del mismo; crearemos estrategias culturales y de salud pública orientadas a prevenir el consumo de drogas; atacaremos la oferta de drogas otorgando alternativas de producción para los campesinos; y apoyaremos la investigación sobre usos alternativos de los cultivos que sirven de insumo para la producción de estupefacientes e incentivaremos su industrialización.
Democracia sin impunidad. Abogaremos por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz; radicaremos en el Congreso de la República una ley en la cual se establezca la jurisdicción especial para la protección de los derechos sociales, económicos y culturales; incrementaremos el presupuesto asignado al sector de la justicia; adelantaremos un proceso, de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, dirigido a mejorar la preparación de los fiscales y jueces y demás profesionales encargados de administrar justicia en el país.
La dignidad del Estado: su soberanía
El principio de la libre autodeterminación. Reclamaremos y cumpliremos el principio de la libre autodeterminación de las naciones y los pueblos.
Una nueva política internacional. Estimularemos las relaciones con diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, la Unión Europea, África y los países del Pacífico; apoyaremos el proceso de Integración Alternativa de las Américas vinculado a la Comunidad Suramericana de Naciones y el proceso de cambio que se viene gestando en diferentes países de la región.
Soberanía económica. Daremos primacía a la soberanía económica del país en la relación con los órganos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Seguridad soberana. Desmontaremos las bases militares de EU en Colombia y exigiremos la salida de las tropas extranjeras del territorio nacional.
Recuperación del patrimonio público. Defenderemos la gestión y la administración pública sobre los servicios públicos esenciales del Estado y las áreas económicas y sociales estratégicas.
Hacia un Estado regional, descentralizado y democrático
Una nueva organización territorial. Promoveremos la expedición de una ley orgánica de ordenamiento territorial que sea resultado de un proceso de construcción social, que consulte las realidades económicas, políticas, sociales, geográficas, ambientales y culturales de las poblaciones urbanas, campesinas, indígenas, raiza¬les y negras, y que permita la creación de regiones y provincias autónomas capaces de aprovechar sus fortalezas, garantizar la unidad de la nación y fortalecer la descentralización y desconcentración del poder del Estado frente al Ejecutivo.
Democracia con ambiente sano. Implantaremos un modelo de aprovechamiento solidario, sostenible y equitativo del patrimonio ecológico para garantizar la autosuficiencia, autonomía y soberanía alimentaria, energética y ecológica; defenderemos el patrimonio ambiental y tomaremos las medidas necesarias para impedir su privatización.
La lucha contra la corrupción
Cultura de honestidad. Estableceremos una política y una cultura de gestión pública honesta y participativa para la elaboración de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas públicas.
Fortalecimiento de las instituciones. Fortaleceremos las instituciones ejecutivas del Estado para su eficiente gestión al servicio de la vigencia y el ejercicio de los derechos y libertades democráticas; fortaleceremos los órganos de control del Estado (Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) y los mecanismos de control social para garantizar el cabal y transparente ejercicio de la función pública; fortaleceremos la carrera administrativa, de tal forma que los cargos de libre nombramiento y remoción y los contratos de prestación de servicios no sean fuente de corrupción, politiquería y clientelismo.
Garantías políticas. Impulsaremos la aprobación de un Estatuto de la Oposición y el financiamiento estatal de las campañas políticas.
Gestión con responsabilidad. Consolidaremos la judicialización de los corruptos exigiendo que estos repongan los recursos apropiados de manera indebida.
Para que esta propuesta se convierta en realidad se requiere un amplio trabajo de participación y debate en todos los niveles de la sociedad colombiana. Es un camino de construcción democrática, en el cual la elección de Carlos Gaviria Díaz como Presidente de la República será un paso esencial pero apenas inicial para la verdadera transformación de Colombia.