Oscar Gutiérrez Reyes
El 30 de noviembre, se cumplió en el país la Jornada Nacional por la derogatoria de la Ley 142 de 1994 o de servicios públicos domiciliarios. En las capitales, miles de usuarios de servicios públicos, coordinados por las organizaciones que integran la Unión Nacional, expresaron su descontento frente a las empresas prestadoras de servicios. Los usuarios recibieron el respaldo de la Gran Coalición Democrática, las organizaciones sindicales, los partidos políticos integrantes de Alternativa Democrática e importantes destacamentos del PDI y del Partido Liberal de significativos grupos de ciudadanos que, con su apoyo, hicieron posible la Jornada.
Quienes nos movilizamos el 30 de noviembre, también lo hicimos para protestar contra la Resolución 1250 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT- que las empresas de telefonía fija vienen aplicando en todo el país y que significará que los colombianos, a partir del 1º de enero de 2006, tengamos que pagar más pesos por menos minutos.
Y este mayor pago se dará porque la resolución contempla que tras la “eliminación” del cargo fijo, se cree un cargo básico que incluye los anteriores valores del cargo fijo más una cantidad de minutos que las empresas venderán en la modalidad de planes o paquetes de minutos.
Hechas las cuentas, lo que se concluye es que, proporcionalmente y dependiendo del estrato y del plan de consumo, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios podrían incrementarse hasta en 200%, según se deduce del estudio hecho por las organizaciones de usuarios y expertos en el tema. Y, a quienes más mal les ira, será a los usuarios de los estratos 1 y 2, quienes además verán reducido el consumo básico subsidiable de 600 a 200 minutos.
Por culpa de la Resolución 1250 muchos colombianos tendrán que dejar de hablar, pero si quieren que los servicios públicos se conviertan en derechos fundamentales, se verán obligados a gritar.