Por Francisco Valderrama Mutis
La ambición de Estados Unidos de afianzar y expandir su posición hegemónica en todo el mundo y prevenir el surgimiento de nuevas potencias que le puedan competir militarmente en el futuro, sintetizada en la doctrina de los ataques preventivos y la implantación de la «democracia norteamericana», está encontrando resistencia en todo el mundo. Los diversos conflictos regionales tienden a agravarse y su política económica de «libre mercado y mercados libres» pierde credibilidad por sus desastrosos resultados y por el empobrecimiento para la mayoría de los pueblos, así como por la contradicción evidente con su propio proteccionismo. Entre otros hechos, podemos mencionar el fortalecimiento y la expansión de la resistencia iraquí, el incremento de las bajas norteamericanas y el fracaso en la estabilización de la situación en Irak y Afganistán; el descontento mayoritario de los ciudadanos de Estados Unidos con la guerra y con su conducción; el triunfo electoral de los radicales iraníes en las pasadas elecciones, a pesar de la injerencia directa del gobierno de Bush mediante emisiones especiales de televisión y el financiamiento de la oposición, así como la decisión de ese país de continuar con el desarrollo del programa para el desarrollo de la energía atómica; la firme posición de Corea del Norte de no someterse a quedar inerme frente a las amenazas estadounidenses; y la consolidación de la llamada Organización de Cooperación de Shangai que incluye a Rusia, China y los países de Asia Central y que tiene como observadores a Irán, India y Mongolia, en cuya declaración exigieron la retirada de los destacamentos imperialistas de los países del Asia Central.
En América Latina, países y pueblos se expresan también frente a la agresiva campaña política, económica y militar de Estados Unidos para culminar la recoloni¬zación emprendida desde la década de los ochentas del siglo pasado. La lucha de las masas populares en Bolivia por cambiar las condiciones económicas impuestas por el modelo neoliberal y por la recuperación de sus recursos petroleros, cuyas regalías e impuestos fueron seriamente disminuidos por los gobiernos del «gringo» Sánchez de Lozada, terminó tumbando dos gobiernos. A la resistencia boliviana se unió más tarde la de las masas populares ecuatorianas contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, quien ganó las elecciones con una coalición y un programa antineoliberal, que traicionó una vez instalado en la presidencia. Estas gigantescas movilizaciones lograron tumbar los gobiernos pero no consiguieron cambiar sus características, pues el reemplazo vuelve rápidamente a las mismas políticas que signaron la suerte de sus antecesores. Esto le sucedió a Meza en Bolivia, y seguramente le va a suceder a Palacio en el Ecuador. Pero no haber podido cuajar verdaderos cambios no disminuye su importancia dentro del concierto de la lucha de los pueblos de América Latina contra la recolonización imperialista norteamericana.
Para la marcha avasalladora de su proyecto de dominación colonial sobre América Latina, Estados Unidos también ha encontrado escollos en el ascenso de gobiernos como los de Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, que si en lo interno aplican la continuidad de la política de los regímenes anteriores, en las relaciones internacionales levantan la bandera de la independencia y se oponen con firmeza a la concreción del ALCA, que pretende imponer un solo mercado desde Alaska hasta la Patagonia bajo la égida norteamericana, con la consiguiente pérdida de la soberanía económica de nuestras naciones. En la puja por influir preponderantemente en la región, Brasil y Argentina, sin cuyo concurso el ALCA quedaría reducido a una caricatura, se han convertido en opositores de los designios de Washington. Bajo su influencia, otros países que se habían caracterizado por su extrema sumisión a los mandatos norteamericanos se han atrevido a levantar la cabeza.
En este clima lleno de contradicciones, Chávez ha endurecido progresivamente su posición antiimperialista, tomando posiciones que agrandan las dificultades de Estados Unidos. La pugna alrededor del nombramiento del nuevo secretario de la OEA representa algo más que un episodio en esta lucha. Por primera vez en la historia, Washington no pudo imponer su candidato y después de varios empates en las votaciones debió aceptar el candidato de la oposición comandada por Venezuela y Brasil. Y fue derrotada la propuesta gringa de establecer una comisión de monitoreo a los gobiernos del continente. Las ofertas de Chávez de establecer pactos de cooperación energética con los países de América Latina, a través de Petrocaribe, Petrosur y Petroamérica, así como la compra de bonos de deuda de los países más empro¬blemados, le han permitido ampliar su influencia.
Apoyándose en los sumisos gobiernos de Colombia, Perú y los países del CAFTA en América Central, Estados Unidos ha tomado decisiones que violan la soberanía de las naciones y el principio democrático de la no injerencia en los asuntos internos de los demás países. Nombró a Caleb McCarry como coordinador de la Secretaría de Estado para acelerar la «transición» en Cuba, y Bush recibió en la Casa Blanca a la presidenta de «Súmate», organización venezolana que recibe financiación norteamericana, y anunció que será invitada a una reunión de la OEA en Texas junto con otros representantes de la oposición en Venezuela. En días pasados, Rumsfeld, el secretario de Defensa gringo, hizo una gira por Paraguay y Perú, y lanzó reiteradamente la acusación de que la inestabilidad en Bolivia se debe a la injerencia de Chávez y a su apoyo a Evo Morales. En abierto contraste con esta actitud provocadora, el canciller de Brasil viajó a Bolivia a reunirse con Morales. Las continuas amenazas de los funcionarios norteamericanos, que ponen en duda el carácter democrático del gobierno venezolano, han sido respondidas por Chávez con medidas concretas que van desde la exigencia a las multinacionales norteamericanas de pagar los impuestos, acostumbrados como estaban a evadirlos, y el rompimiento con la DEA, cuyos agentes fueron acusados de estar haciendo labor de espionaje. Todos los movimientos de Chávez en la arena internacional, desde los pactos petroleros hasta la compra de bonos de la deuda, se oponen a la política imperialista en la región.
Estados Unidos, sin embargo, no cesa de preparar las condiciones para retomar una política más agresiva hacia los pueblos de América Latina. A la implemen¬tación del «Plan Colombia», que ha implicado la presencia cada vez mayor de tropas y mercenarios norteamericanos en nuestro país, y a las bases militares ya instaladas de Guantánamo en Cuba, Fort Buchanan y Roosevelt Roads en Puerto Rico, y Soto Cano en Honduras, le ha sumado las llamadas «localizaciones de seguridad cooperativa» en Manta, Ecuador; Reina Beatriz, en Aruba; Hato Rey, en Curazao; Comalapa, en El Salvador, y Tres Esquinas, en Colombia. Ha hecho el despliegue de un destacamento de 400 soldados norteamericanos en Paraguay, cuyo parlamento aprobó su permanencia con inmunidad diplomática hasta diciembre de 2006, y está construyendo un gran aeropuerto en la localidad militarizada de Mariscal Estigarribia, en la región del Chaco muy cerca de la frontera con Bolivia, cuya capacidad para recibir aviones B-52 y Galaxy y alojar 14.000 soldados totalmente equipados, excede en mucho las peregrinas explicaciones del embajador norteamericano en ese país, quien adujo que se trataba de una misión ‘humanitaria y no militar’. Además, desplegó un contingente de soldados en Perú para hacer operaciones conjuntas con el ejército de ese país en la frontera con Colombia. Aprieta el paso en la firma de tratados de libre comercio con Chile, con Centroamérica y con los países andinos, exceptuando a Venezuela, en su afán por aislar a esta última y a los países del Mercosur, a los cuales no cesa de presionar para revivir el proyecto general del ALCA, en medio de un descontento generalizado de los pueblos latinoamericanos que no cesan de expresar su rechazo a estas imposiciones.
Atendiendo al auge de la lucha antiimperialista que se percibe en el medio latinoamericano, las organizaciones políticas, sindicales y populares tenemos el deber de trabajar por crear y consolidar desarrollos organizativos que puedan canalizar ese descontento y darle la consistencia necesaria a las movilizaciones para lograr avances significativos en la lucha nacional y democrática de nuestros pueblos.