No hace falta remontarse a los mitológicos saqueos del erario por parte de los dictadores militares para saber que en América Latina, por lo general, muchos presidentes llegan al poder sin un centavo y salen, junto con sus familias y cortesanos, convertidos en multimillonarios. La nueva generación neoliberal brinda abundantes ejemplos. En Brasil, Fernando Collor de Melo fue destituido por el congreso tras comprobársele gigantescos negociados al amparo del aparato estatal. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez se ve igualmente forzado a abandonar el cargo acusado de corrupción. Alan García tiene que salir a la carrera del Perú a causa de las investigaciones judiciales sobre su enriquecimiento personal; su sucesor, Alberto Fujimori, tampoco está exento de sindicaciones sobre malos manejos del presupuesto, mientras su esposa repartió a su antojo y según sus conveniencias políticas algunas donaciones internacionales de solidaridad. En Argentina, Carlos Menem coacciona a los jueces para encubrir las graves denuncias sobre lavado de dólares del narcotráfico por parte de su cuñada, Amira Yoma, quien además era jefa de audiencias de la presidencia.
En nuestro país aún está vivo el recuerdo del «Hijo del Ejecutivo», Alfonso López Michelsen, por causa de cuyos negocios su padre tuvo que renunciar a la presidencia de la República, cuando Jorge Eliécer Gaitán señalara que a él y a varios funcionarios afectos al primer mandatario se les veía «la punta del cheque de la Handel en el bolsillo». Los más recientes vástagos de la familia siguieron el ejemplo, como se recordará, con la rentable «Hacienda La Libertad». Y si bien se podrían suministrar numerosos ejemplos, el del presente gobierno resulta harto ilustrativo.
En lo que va corrido de este año los colombianos han seguido, semana tras semana, las revelaciones del Veedor del tesoro, nombrado para preservar los dineros públicos de las prácticas del clientelismo electoral; las réplicas, las contrarréplicas, la sanción impuesta al funcionario por el Consejo Superior de la Judicatura, el levantamiento de la misma, sus nuevas denuncias. Los más diversos medios de comunicación han difundido datos sorprendentes acerca de los múltiples negocios sobre los cuales se abalanzó la familia presidencial desde el momento mismo en que fuera elegido César Gaviria Trujillo. Uno de sus hermanos se ha enriquecido con pasmosa rapidez, cubriendo fuentes de ganancias tan variadas como la construcción, el turismo, los tratos con Terpel o la industria siderúrgica; el otro promueve una revista generosamente financiada por empresas del Estado; la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, desconoce el Icetex y funda otro organismo para entregar becas según su voluntad, Colfuturo, cuya junta directiva resulta designada como vitalicia para perpetuar la clientela de los beneficiarios; el cuñado de la misma Ana Milena se hace a una sospechosa indemnización oficial y el propio presidente, en fin, se arroga el derecho de repartir los fondos de los nuevos institutos y administra las entregas directas de varias tajadas del ponqué presupuestal.
1. La educación, otro pretexto para desfalcar
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encabezado por el entonces secretario general, Fabio Villegas, dio a la luz, mediante decreto expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, el 20 de noviembre de 1991. Para el efecto solicitó, el aporte de recursos en grande escala de las empresas descentralizadas del Estado.
Se colocó a Ana Milena de Gaviria, la ejecutiva del Ejecutivo, como responsable de la nueva entidad, con el fin de que no saliera de las manos presidenciales el manejo de los auxilios previstos. Se creó a continuación el Consejo de Fundadores integrado por los principales grupos de la gran burguesía, entre cuyos representantes se encuentran Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, Canos Pacheco Devia, Ricardo Villaveces, Augusto López Valencia, etc. Además, estos próceres fueron nombrados a perpetuidad. No es difícil deducir que se pretende también consolidar el aparato ideológico y político del sistema, brindándole a un selecto número de egresados universitarios sendas becas para que sean preparados por las academias del imperialismo.
Colfuturo fue creada como una entidad, privada, a pesar que sus consejeros intenten hacer creer que es de naturaleza mixta, figura que no se contempla en la nueva Constitución. Y por lo tanto, los institutos descentralizados no pueden otorgarle recursos, en forma de donaciones o auxilios.
Los dineros entregados en primera instancia se discriminaron así: la Presidencia se hizo presente con ocho millones de dólares; a lo cual agregó 312 millones de pesos. A su turno, la FEN y Ecopetrol participaron con 1 y 2 millones de dólares, respectivamente. En total, los recursos tan «arduamente» obtenidos por Ana Milena de Gaviria alcanzaron una suma multimillonaria. Y al veedor le correspondió alborotar el avispero.
Al reseñar los entresijos de la creación de Colfuturo, lo primero que hizo fue circunscribirlos dentro de la danza de los despilfarros que ameniza los salones de la Presidencia de la República. Se refirió a los 69 mil millones de pesos de que dispone a su amaño el primer mandatario desde septiembre de 1992. Por su lado, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra nueve altos funcionarios por las dadivosas donaciones a la tan socorrida asociación de doña Ana, incluido a Fabio Villegas, actual Ministro de Gobierno. Y pidió a la Fiscalía General abrir investigación al respecto. Sólo que una semana después, el mismo funcionario, sin más ni más, intentó cambiarle el rumbo a los acontecimientos y salvar a los Gaviria. Adujo que Colfuturo estaba siendo aprovechada por los políticos como campo de batalla, cuando los recursos se habían manejado de manera transparente y pulcra.
El caso desató un torrente de sindicaciones. El Espectador, por ejemplo, aludió al «duro lenguaje» empleado por Llorente y Marín Bernal. Este «calificó de extraño el silencio del presidente Gaviria sobre los hechos mencionados,» Y aquél dijo que la Primera Dama «es la presidenta de una fundación que administra en forma alegre el tesoro de los Gaviria.» Y el columnista de El Tiempo, D’Artagnan, cita como correcta la actitud de los directivos de Telecom, que hablaron de «la imposibilidad legal de contribuir a la constitución de Colfuturo.» E inquiere: “¿No habría podido la oficina jurídica de Palacio advertir acerca de la existencia de estas limitaciones para evitar ciertas ligerezas?”
Las pruebas son más que suficientes. La impunidad encubre la defraudación. Pero tarde que temprano, el pueblo enjuiciará a sus desfalcadores.
2. Los hermanitos de Gaviria se divierten en la feria
La caliginosa trayectoria el arquitecto Juan Carlos Gaviria como merodeador de las dependencias del Estado data de los días no distantes de la administración Barco, cuando su carnal iniciaba el inesperado e inexplicable ascenso hacia el Poder. Desde entonces corría a su cargó uno que otro boceto público, hasta que cayó en el fiasco del malogrado parador turístico de Cerritos, una obrilla financiada por Corturismo, y cuya deuda todavía hace parte de los pasivos suyos. Se conoce de autos que en el pago de la obligación aparecen ostensibles la morosidad y la negligencia del acreedor. Esto no resulta raro, pues la vocería presidencial en tal instituto le ha correspondido a la señora Diola Gallo, connotado miembro del grupo íntimo de la familia Gaviria y en especial de la Primera Dama.
Sin embargo, a los colombianos los impresiona la enorme actividad edificadora que actualmente despliega el doctor Juan Carlos. “Todo está normal”, “cualquier arquitecto tiene derecho” “se halla contribuyendo con la vivienda social…”, arguyen en favor de aquél los áulicos de oficio, tratando de desmeritar las justas acusaciones, por tráfico de influencias. Nueve mil millones de pesos en subsidios percibidos a través del Inurbe, hablan por sí solos. Pero las anormalidades no paran ahí. Fuera de disfrutar de la tranquilidad -no de conciencia- que le proporciona el convencimiento de que todas y cada una de sus «soluciones» presentadas cuenta con el beneplácito de aquella entidad, abriéndole el panorama de jugosos negocios y eliminándole cuanto riesgo exista, los préstamos le han permitido al ávido doctor convertirse en un próspero industrial de materiales para la construcción.
Desde un principio se conocieron los sesgos de sus mañas. Con un ingenioso diseño que se sustenta fundamentalmente en dos tejas de asbesto cemento, cuatro muros y sólo calles interiores peatonales, montó para los factibles beneficiarios sus generosos planes de estafa social. En la oferta de sus conjuntos populares y en los contratos de los créditos que recibió estaba incluido, desde luego, el costo de los servicios básicos; pero a la hora de nona se lo recargaba a los usuarios, cual lo criticó la misma procuraduría. Ya en su urbanización bandera, Bosques de la Acuarela, en Desquebradas, Risaralda, se vislumbran las irregularidades. Hipotecó a Ahorramás, en junio de 1991, etapas del proyecto un monto de 585 millones de pesos, cuando había pagado por los terrenos 42 millones. Y como reconocimiento de su avivatada lo nombraron miembro suplente de la junta directiva; de la Corporación, configurándose el hecho punible de que un integrante de ésta era a la vez un cliente suyo. Con buen juicio decía hace poco El Nuevo Siglo que por tal infracción «fueron procesados e incluso condenados en los años ochentas numerosos jerarcas bancarios.»
Dentro del rosario de los azarosos lances del hermanito existen muchas cuentas por contar. Obtuvo una valiosa financiación del Banco Central Hipotecario, comprometiéndose a invertir los dineros en vivienda para pobres; no obstante, sin el menor escrúpulo, desvió el empréstito hacia un programa de lujo en la isla de San Andrés. Se trata del apartahotel Morgan Bay, de 18 cabañas y concluido en febrero de 1992. Cada una la vendió en setenta millones. Cabe subrayar un grave antecedente. El banco le había negado el crédito para semejante filón porque no era conveniente, puesto que, según la petición inicial, las cabañas serían cedidas en arrendamiento, por temporadas, y la cartera se convertiría de difícil recuperación. Los funcionarios del Banco se saltaron a la torera sus propias objeciones y la pirueta se consumó. Al fin y al cabo la definitiva estaba en las manos largas del gobierno.
El candidato conservador Rodrigo Marín Bernal y algunos órganos de expresión denunciaron, hasta el cansancio, que la cifra total con que Inurbe ha favorecido al emergente «zar del ladrillo» llega a los 35.000 millones, dejando relegados en el goce de tales provechos a consorcios como, Luis Carlos Sarmiento Angulo, compartir, Cafam, etc. Ante las evidencias, el implicado replicó: “Al hermano del presidente también le puede ir bien”; y el presidente, a su turno: «El gobierno ha sido y es el primer-interesado en que la lucha contra la corrupción no sea apenas un propósito retórico, sino una verdadera cruzada.»
Pero la venturosa familia, por desgracia, tiene otro célebre exponente que ya hizo sus pinitos en aquellos menesteres, el benjamín. Alejandro Gaviria empezó no con el cemento sino con la tinta. Valiéndose de los cambios gubernamentales ingresó, en calidad de socio honorario, a la Fundación Puntos Suspensivos, un modesto centro, adonde llevó sus proposiciones y con cuyos integrantes las cumplimentó, entre las cuales se destaca la revista Apertura económica. Luego tocó a las puertas de las covachuelas del régimen, de los amigos colombianos, de los monopolios extranjeros y de los Estados vecinos, con el objeto de pedir pautas publicitarias y ofrecer sus ediciones. Por ejemplo, desplazó a los cercanos colaboradores hasta Arauca, tras la mira de venderles a las autoridades de entonces de la intendencia la idea de imprimir un estudio sobre los secretos ecológicos de la región. Por menos de mil ejemplares el intendente pagó más de diez millones de pesos. Con El Espectador elaboró un folleto, Colombia precolombina. Una parte circuló como separatas dentro del diario y la otra se la empotró al Ministerio de Educación.
También ha ejercido la asesoría en varias empresas estatales sobre disímiles temas. Cuando un periodista lo cogió cortico preguntándole si esto era cierto, respondió: “somos consultores.”
Nada de lo anterior sucede gratuitamente. Las comilonas de la a las cancela el país.
3. La intervención de los organismos de justicia
Las liviandades de la familia presidencial terminaron comprometiéndola con los llamados organismos estatales de control, y entonces la opinión pública pudo conocer lo que se cocinaba tras bambalinas. Primero fue la denuncia que hizo el Veedor ante la Corte Suprema de Justicia contra el ex ministro Humberto de la Calle Lombana y su subalterno Héctor Riveros, quienes autorizaron el giro de auxilios por $ 13.988 millones en el semestre inmediatamente posterior a la promulgación de la nueva Carta, la que los prohíbe en forma explícita. Los dineros se destinaron a algunos barrios, a través del Fondo de Desarrollo Comunal, y a las tesorerías municipales bajo el rubro de “obras varias”. Pero el mayor volumen de recursos estuvo dirigido a programas de becas, algo así como a la formación de los cuadros que tratarán de perpetuar la ideología y la práctica de la dominación imperialista.
En el caso de Colfuturo también se dan las mismas anomalías alrededor de los auxilios y donaciones. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el secretario general de la Presidencia, hoy ministro de Gobierno, Fabio Villegas; el gerente de Ecopetrol, Andrés Restrepo; el ex ministro de Minas, Luis Fernando Vergara, y contra algunos funcionarios de la Federación de Cafeteros y de la Financiera Eléctrica Nacional, por la razón de habérsele traslado cerca de 12 millones de dólares a Colfuturo -porque además de la Presidencia aportaron otras entidades oficiales-, con lo cual se viola el Art. 355 de la Constitución. Conforme a esta norma, es prohibido a las ramas del poder público efectuar transferencias pecuniarias en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, hecha la salvedad de los contratos que pueda celebrar el gobierno con entidades privadas sin ánimo de lucro, pero siempre y cuando estén acordes con los planes nacional o seccionales de desarrollo. Así fueron cogidos in fraganti, pues Colfuturo fue creada cual entidad de derecho privado, con personería jurídica reconocida según resolución del alcalde de Bogotá del 27 de noviembre de 1991. Los 12 millones de dólares que recibió no están vinculados a ningún Plan de Desarrollo que, como es de dominio general, casi nunca ha ido aprobado, o ejecutado en Colombia.
La Presidencia tuvo que buscar hoja de parra, recurriendo a la argucia de que Colfuturo se trata de un fondo público y privado a la vez, como ya se dijo.
Justo en ese momento, el Consejo Superior de la Judicatura pidió la destitución del Veedor, aduciendo que en las investigaciones de Colfuturo y los fondos del Icetex aquél había obrado con extralimitación de funciones. El socorrido argumento dejaba ver a las claras la orientación que quería dársele a toda la maniobra.
Sin embargo, los hechos han venido poniendo al desnudo el tinglado de la farsa, ya que legalmente las fundaciones de doble carácter ya no se permiten en Colombia. Sin otra alternativa, el Consejo de Estado, a principios de junio, declaró la nulidad del Art. 3 del decreto 777 de 1992 con el cual el Ejecutivo autorizaba la entrega de dineros a entidades privadas, mediante la celebración de contratos. Según el fallo de la corporación, se requería para ello, la vigencia del tan llevado y traído Plan Nacional de Desarrollo.
Para sofrenar al locuaz e impertinente señor de la veeduría, el Ejecutivo expidió el decreto 2093 de 1991, por medio del cual se le prohibía a aquél congelar, antes de los tres meses previos a cada elección y sin permiso del procurador, las partidas oficiales que pudieran caer en las arcas de las campañas políticas. El Consejo de Estado, también sin otra alternativa, enterró las susodichas normas. La providencia sostiene que la Carta Política no dice en ninguna parte que sea necesaria la intervención de la Procuraduría ni le fija límites en el tiempo a la gestión del Veedor.
Debido a sus descalabros, el gobierno echó mano del Consejo Superior de la Judicatura para remover al Veedor, a quien había nombrado. Y como siempre le sucedió, no tuvo otra alternativa que anular la destitución y recoger las velas.
No sobra añadir que García Hurtado expuso, en una conferencia del 22 de julio, que tampoco se sabía a donde iban a parar los intereses que generan los recursos entregados por gobiernos extranjeros para atender las catástrofes y que son puestos en contrato de fiducia. Igualmente, sin otra alternativa concluyó: “Este es uno de los gobiernos más corruptos que tiene América”.
De nuestra parte sostenemos que Gaviria y su panda se han ganado un lugar en la picota de la historia.