Rodrigo Villamizar resultó ser un ministro aventajado del gabinete de Ernesto Samper. En unas pocas semanas, con solicitud digna de mejor causa, tergiversó conceptos elementales de la química, interpretó amañadamente os contratos de asociación, y quiso engañar al país y al Consejo de Estado, todo para envolatarle a Colombia más de dos mil millones de dólares, que irían a parar a las arcas de la British Petroleum.
Desde el momento de la posesión, en 1995, mostró su obsecuencia. Modificó los contratos de asociación petrolera para favorecer a las multinacionales, aprobando pagarles 50% de los costos de la exploración sísmica y de los pozos que resulten secos. Como la British exigió que se cambiaran los términos del contrato del Piedemonte, Villamizar expresó su interés de reformar también los otros 20 que están vigentes con el sistema de distribución escalonada, establecidos con base en el decreto 2782 de 1989, el que en buena medida es fruto de las reclamaciones populares que se manifestaron en el Foro Nacional Petrolero, realizado en el Hotel Tequendama, en 1989. Los contratos de distribución escalonada contemplan un reparto porcentual del hidrocarburo, según el volumen de reservas del yacimiento, de tal modo que si este contiene de cero a 60 millones de barriles, le corresponderá 50%, a Ecopetrol y 50% a la asociada; de 60 hasta 90 millones, 55% será para Ecopetrol, y así sucesivamente hasta los yacimientos de más de 150 millones de barriles, en los que corresponde 70% a Ecopetrol.
El contrato de Asociación del Piedemonte, suscrito con la firma inglesa mencionada, comprende los campos de Volcanera, Floreña y Pauto, los que según cálculos de la propia multinacional contienen reservas de 1.300 millones de barriles de crudo, 11 mil gigapies cúbicos de gas y de 300a 600 millones de barriles de condensado, volúmenes que obligan a un reparto de 70% a 30%, en favor de la empresa estatal.
El clamor nacional, encabezado por la USO, y el rechazo expresado por las comisiones V de Cámara y Senado, por los ex presidentes de Ecopetrol, Andrés Restrepo Londoño, Francisco José Chona y José Fernando Isaza, la ex ministra Margarita Mena de Quevedo, el contralor general de la nación, David Turbay Turbay, entre otras personalidades, dieron al traste con la pretensión de cambiar los términos del contrato del Piedemonte, firmado en 1992.
La British, sabedora de que el gobierno trabaja para ella, sigue alegando baja rentabilidad del proyecto y exigiendo mayores beneficios. Pero diferentes estudios demuestran que los plañidos de esta compañía buscan acrecentar ganancias ya bastante jugosas. Sus utilidades, según Ecopetrol, ascenderán a 18%; según Fedesarrollo y la Universidad Nacional, a 14%; y en opinión de Carlos Guillermo Álvarez, de la Universidad Nacional de Medellín, a 23%. Hasta las Naciones Unidas, en estudio solicitado por Ecopetrol, señalan el contrato de asociación colombiano como altamente ventajoso para los inversionistas foráneos. No hay, pues, motivo para ceder a semejantes desafueros.
De los afanes del gobierno de Samper por colmar los apetitos del capital extranjero dio prueba la crisis que se desató en diciembre del año pasado en la junta directiva de Ecopetrol, de la que renunciaron José Fernando Isaza, César González y Carlos González.
Fracasado el intento de cambiar los contratos, la obstinación lleva al ministro de Minas a montar la trampa de definir el gas como el hidrocarburo principal del contrato de Asociación del Piedemonte. Si esto se aceptara a la estatal petrolera no le correspondería 70% sino 50% de la producción con lo que se incrementarían en 200 millones de dólares las ganancias de la British. Es decir, el país perdería más de dos billones de pesos. Es muy revelador de la naturaleza de un régimen el que haga donaciones colosales a un monopolio extranjero, mientras mantiene a sus nacionales en situación de apremio con abrumadoras cargas impositivas y recortes permanentes en los gastos esenciales.
Con el fin de dar visos de legalidad a este saqueo de los intereses de. Colombia, Villamizar consultó al Consejo de Estado sobre si es el gas o el crudo el hidrocarburo principal del Piedemonte. En el centro del asunto está el problema de definir la naturaleza del condensado, que abunda en esos pozos. Valiéndose de que en el texto del contrato de asociación no se nombra el condensado, sino el gas y el crudo, el ministro decide que la distribución se debe hacer con base en el gas. Así induce a error al Tribunal, error en el que se apoya el funcionario para expedir la resolución 80750, que satisface las exigencias petrolera inglesa. Pero ocurre que el condensado no es gas sino crudo de la mejor calidad, que debido a las condiciones de temperatura y presión dentro del pozo, se mantiene como un vapor, y al salir a la superficie se condensa. De ahí su nombre. El condensado requiere muy poca refinación, ya que en él escasean los metales contaminantes. El propio Iaian Conn, vicepresidente de la British Petroleum Company en Colombia, lo reconoce. En el reportaje que concedió a Gilda Sarmiento y que publicó El Espectador el 27 de abril, dice Conn que el condensado es muy rico en gasolina y más caro que el petróleo crudo, y, por supuesto, mucho más que el gas.
El Ministro sabía esto y sabía que hay conceptos de Ecopetrol, como el referido al yacimiento de El Difícil, que clasifican el condensado como crudo y no como gas. Luego el reparto de la producción del Piedemonte debe hacerse con base en el crudo, es decir, 70% para Ecopetrol y 30% para la British. Después, el propio Consejo de Estado rectificó el concepto que, con documentación incompleta y tendenciosa, le había hecho emitir el ministro. Y en el debate de la Comisión de la Cámara quedó claro que Rodrigo Villamizar juega con la camiseta de la BP.
Si bien el ministro, puesto en evidencia, se vio obligado a derogar la resolución 80750, su actitud antinacional no cede. Ya dijo que su error fue de forma, y que continuará empeñado en procurar dividendos para la multinacional, porque según él, Colombia lo que necesita es que se explote el petróleo. En su posición de traición a la patria cuenta con todo el respaldo del presidente Samper, quien lo único que ha dicho ante algo tan bochornoso es que la British no se debe ir del país. Como la discusión se traslada ahora a la junta directiva de Ecopetrol y al Consejo de Ministros, es urgente que el movimiento obrero y todos los patriotas rechacen este desfalco a los intereses nacionales.