Un gran descontento reina en el sindicalismo por la aparición de la ley 200 de 1995, el Código Disciplinario Único gestado en la Procuraduría General, aprobado por el Congreso y sancionado por Samper. Los trabajadores convocaron de inmediato reuniones de emergencia, con el fin de desarrollar un plan de acción tendiente a enfrentar esta nueva agresión. El 30 de septiembre, por iniciativa de Fecode y la USO, y con la participación de la CUT y CGTD, se reunieron voceros de Sintracreditario, Sittelecom, Sindess, Sindesena, Sindicato del Acueducto de Bogotá, Utradec, Fenaltrase, Sintracade y Sintraelecol, entre otros.
De allí salieron determinaciones como la de hacer público el rechazo a la atrabiliaria medida, y el llamado a un Encuentro Nacional del sindicalismo estatal para el 21 de octubre, con el objeto de abordar el problema y condenar las privatizaciones, la liquidación de las entidades de seguridad social de los servidores públicos y exigir reajustes en los salarios oficiales. En ese momento Fecode tenía aprobado un paro de 48 horas para los días 12 y 13 del mismo mes, el cual fue respaldado por los demás sectores con una Jornada Nacional de Protesta.
La Junta Nacional de Fecode, por una estrecha mayoría, decidió cancelar esa acción, con el argumento de que el gobierno se comprometía a establecer mecanismos que supuestamente garantizaban la vigencia de las normas del Estatuto Docente y, por ende, la exclusión del magisterio de la aplicación del nefasto código. Aparte del egoísmo gremial que entraña la actitud de la mayoría en Fecode, las promesas hechas por el gobierno son bastante etéreas y no resuelven el problema planteado por la derogatoria de las normas disciplinarias contenidas en el Estatuto Docente, de manera que el asunto sigue latente para el magisterio colombiano.
Las circunstancias llevaron a un sector de Fecode, encabezado por José Fernando Ocampo, dirigente del MOIR, a expresar que «el magisterio tiene que levantarse contra el atropello de la ley 200, rescatar el Estatuto Docente, unirse con todos los servidores del Estado para derrotar ese régimen fascista, defender la reforma educativa, recuperar la independencia de la organización sindical, rechazar el sindicalismo gobiernista, oponerse a la política de Samper, repudiar su entrega al imperialismo norteamericano, salvaguardar la soberanía nacional».
Los acuerdos alcanzados por todas las vertientes del sindicalismo estatal el 30 de septiembre, están dependiendo de que sean superadas las vacilaciones de fuerzas importantes para esta batalla. Entre tanto, las organizaciones más consecuentes han expedido la declaración que a continuación reproducimos.