Por Guillermo Alberto Arévalo
A media noche del 19 de junio, en los parlantes de más de cincuenta juntas de acción comunal sonó el himno de Colombia; en el cielo relumbraron y se dejaron escuchar los estallidos de cientos de voladores. Era la señal esperada para iniciar el paro que durante meses se venía preparando como protesta contra la administración distrital, encabezada por el alcalde Antanas Mockus. De todas las casas brotaba la gente, llenando las calles. Según un participante, aquello parecía un «volcán plano».
Desde las riberas del río Bogotá aparecieron los caminantes, las zorras de los recicladores repletas de vituallas y de manifestantes, amas de casa, comerciantes, obreros recién llegados del trabajo, jóvenes y niños, formando columnas estrechamente alineadas. Venían de los muchos barrios de Tintal Central, de Patiobonito y de distintos sectores de Kennedy. En pocos minutos se organizaron disciplinadamente por grupos, montando barricadas en los lugares establecidos por los dirigentes y bloqueando todo el suroccidente bogotano.
Historia de alcaldadas
En 1992, con Jaime Castro al mando del Distrito, se hizo público que proyectos como el de Tintal y la Zona Franca eran producto de una concertación con el sector empresarial. El decreto pertinente habla de «constructores privados», de «particulares» y de «concertantes», refiriéndose a los grandes urbanizadores y a los dueños de tierra urbanizable. En cambio, a los actuales habitantes de la zona, quienes después de ingentes esfuerzos y sacrificios han logrado edificar sus viviendas y establecer sus pequeñas tiendas y talleres, se les conmina a desalojar el sector a cambio de bicocas.
La administración Mockus ha desarrollado la idea de Jaime Castro. y las tímidas modificaciones introducidas por algunos concejales no lograron alterar el fondo del megaproyecto presentado por Mockus, denominado «Desarrollo del borde occidental de la ciudad», el cual establece: «En la gestión de vivienda intervienen tres niveles de decisión: la nación, el distrito y los constructores privados. Corresponde a la nación propiciar desarrollos legislativos y proporcionar el apoyo técnico y financiero a través del Inurbe: al distrito, la reglamentación del uso del suelo y las obras de infraestructura vial y de servicios públicos, y a los particulares, aportar la tierra y desarrollar la construcción». En efecto, esto es lo que ha venido aplicando Antanas: beneficiar a los pulpos urbanizadores. Y mientras guarda la plata de sus alcabalas para favorecer al sector financiero de la economía, los barrios populares se debaten en medio de penurias y necesidades.
Comisión del Plan, plan de la Comisión
El ambiente comenzó a agitarse cuando el ejecutivo distrital presentó ante el Concejo los proyectos de acuerdo sobre los bordes de la ciudad v el Plan Vial.
El pasado 16 de mayo, el Concejo convocó a un foro sobre dichos proyectos en el curso del cual tuvieron la palabra los concejales y los funcionarios del gobierno, sin darles participación a los representantes de los barrios afectados. El Comité Ejecutivo de Tintal Central envió entonces, el 30 del mismo mes, una carta a la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, comunicación firmada por el presidente, Jairo Maldonado, y por el secretario general, Roque Echeverría, en la cual se consignaron los reclamos y peticiones de la comunidad. Se trata de cinco mil doscientos cuarenta predios amenazados de desalojo para dar paso a la construcción de la Avenida Cundinamarca, a otras obras del Plan Vial y a los programas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Uno de los conflictos más importantes es el originado por la llamada ronda de río Bogotá, franja donde el gobierno prohíbe la construcción de vivienda y que ha sido establecida en 300 metros. Este problema afecta no sólo a la localidad de Kennedy, sino también a la de Bosa, Fontibón, Engativá y Suba. El principal ejecutor del desalojo a lo largo del río Bogotá es Alejandro Deeb, actual gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, quien fuera consultor del Banco Mundial y es hoy el negociador de los empréstitos internacionales para estos proyectos y de la «concertación» con los monopolios urbanizadores.
Cincuenta y cinco juntas de acción comunal de Tintal Central y Patiobonito elaboraron conjuntamente un pliego de demandas que básicamente consigna: la derogatoria de la ley que pretende privatizar los servicios públicos: legalizar, titular y normalizar los llamados barrios subnormales; poner en condiciones de tránsito las vías de la zona; atender las urgentes necesidades que en materia de salud y educación tienen los habitantes del sector, y garantizar la libertad de trabajo de los vendedores ambulantes.
Éxito del paro
A la convocatoria de los dirigentes populares acudieron los habitantes de Tintal Central, Patiobonito y algunos barrios de Bosa. Fontibón y Engativá, organizados en Abasubri, la Asociación de Barrios Subnormales Ribereños. Se unieron también el Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones y Sinucom.
Desde las 12 de la noche, el acceso a Corabastos fue impedido por los manifestates. Quedaron cerradas la Avenida 86, la Primero de Mayo, la Ciudad de Villavicencio, la Avenida de las Américas, la Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá y el sitio de Banderas. La Trece fue bloqueada a la altura del puente sobre el río Bogotá por los pobladores de Chircales, Casandra. Prados de la Alameda y Floresta. La 86 permaneció interrumpida algunas horas por los vecinos de Engativá. Durante 24 horas no entró un solo vehículo a la Central de Abastos.
Ante la contundencia del movimiento. Mockus envió negociadores de menor rango, quienes fueron rechazados por el pueblo, viéndose obligado el soberbio burgomaestre a darle la cara a una población llena de mística, de unidad, de ánimo de combate. Ni los generales de la policía lograron contener el vigor de la protesta. Y las argumentaciones del alcalde filósofo-circense quedaron en ridículo. Antanas Mockus se desenmascaró como prototipo del modelo neoliberal, frío, tecnicista, pretendidamente racional, de cifras, pero que no cuenta con el pueblo, con sus demandas ni necesidades.
El levantamiento del paro fue temporal, mientras duran las negociaciones. La población se mantiene alerta, en disposición de lucha hasta donde sea necesario para defender sus derechos.