(No se les exige inversión en infraestructura, pues la red nacional y sus equipos suplementarios se ponen a su disposición. A los nuevos operadores sólo les tocará abrir la oficina y cobrar)
Por Oscar Parra
En materia de telecomunicaciones, Colombia se ha convertido en -uno de los mercados más apetecidos. Cuenta con recursos humanos, infraestructura y tecnología creados en casi 50 años de incansable trabajo. Sus redes y servicios se mantienen dentro de parámetros avanzados, incluida la fibra óptica, la digitalización y la transmisión satelital. Su estratégica posición geográfica la convierte en el principal corredor del continente. Todo ello, resumido en un nombre: Telecom.
Telecom es una de las empresas bandera del Estado. Tiene en marcha proyectos de valor casi incalculable, como la Red Nacional de Fibra óptica -a través de los cables submarinos del Pacífico y el Atlántico-, que en los primeros meses de 1997 unirá a más de cien ciudades colombianas, entre sí y con el resto del continente. Continúa desarrollando el proyecto del satélite latinoamericano Simón Bolívar y acaba de aprobar un plan de inversiones que compromete más de 3.5 billones de pesos durante los próximos cuatro años.
Con un gobierno digno y consecuente, las anteriores estrategias servirían de base para el pleno ejercicio de la soberanía en aras del progreso. Con Gaviria y Samper, en cambio, tan ingentes esfuerzos hechos por la nación se entregan en bandeja a un puñado de consorcios, principalmente norteamericanos.
La apertura
Para nadie es un secreto que el objetivo primordial de la apertura en tan vital sector consiste en traspasar a Estados Unidos y a sus socios el lucrativo mercado colombiano. En el país, según las proyecciones, en el año 2005 los ingresos por concepto de larga distancia nacional e internacional ascenderán a 3.500 millones de dólares.
En pos de ese objetivo, la potencia del Norte presiona a los gobiernos para que barran con las empresas del Estado y les abran a los consorcios de par en par las puertas. Si hablan de competencia y libre empresa es entonces buscando para ellos el monopolio y la concentración de la propiedad.
Actuando en consonancia con el designio imperialista, en 1991 Gaviria expidió el decreto 1794, con el cual se inició en firme la ofensiva: redefinió a su amaño los servicios básicos, permitiendo que fueran manejados como servicios de valor agregado, sometidos desde esa época al régimen de libre competencia, e hizo posible así que la telefonía pública conmutada internacional fuera prestada por múltiples operadores no habilitados para ello. Telecom, a partir de ese año, dejó de percibir importantes ingresos, víctima además del caos tarifario y la piratería del Call Back (llamadas sin retorno). Merced a este fraudulento sistema, hay monopolios extranjeros que utilizan la red de Telecom pero no pagan por hacerlo sino sumas ridículas. El objetivo final no es otro que arrebatarle a Telecom el mercado de larga distancia, que le representa 95% de las entradas totales.
Normas lesivas al interés nacional
Tres años después, la Ley 142 de 1994 impuso como norma la privatización y la competencia en los servicios públicos domiciliarios. La concesión de licencias a los nuevos operadores de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional le fue asignada a la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones. CRT. También debe señalar las tarifas que se cobren por dichas concesiones.
Son los grandes conglomerados los que llevan del cabestro a la CRT. Esta, protegida por el gobierno, configura en la práctica una tropilla de avanzada contra los intereses de la nación. Su criterio inflexible es uno solo: las ventajas son para los nuevos operadores, las restricciones, para Telecom. Según sus reglas, las tarifas de larga distancia nacional de Telecom serán manejadas por el sistema de libertad regulada. Para las de los operadores, en cambio, se establece la libertad plena.
Las normas en vigor garantizan que únicamente sean los monopolios mundiales los que se queden con la partija en Colombia, al exigirse en la licitación requerimientos técnicos que sólo aquéllos pueden cumplir. El gobierno les crea además las condiciones favorables para que en corto tiempo se apoderen del tráfico más rentable. Y no les exige inversión en infraestructura, pues la red nacional y sus equipos suplementarios se ponen a su disposición. A los nuevos operadores sólo les tocará abrir oficina y cobrar.
Bajo esta reglamentación antinacional, continuada por Samper, lo primero que se va a perder es la crema del mercado, constituida por el tráfico de Bogotá. Medellín. Cali v Barranquilla -48.35% de los ingresos de Telecom en 1995, equivalentes a 4.711 mil millones de pesos-, que a los nuevos operadores, con una mínima inversión real, les generará una fabulosa ganancia. Samper les redujo además el pago por la concesión, permitiéndoles cancelarla en tres años, a sabiendas de que los dos últimos los podrán pagar con las ganancias del primero.
Telecom se verá aún más debilitada cuando se la divida en dos empresas diferentes, separando la infraestructura técnica y operativa de los servicios de larga distancia nacional.
La Comisión de Regulación liquidó la telefonía rural y social, pues nada les impone en este campo a los nuevos operadores. Telecom no podrá seguir fomentándola, ya que se la despoja de los recursos adecuados. Sólo con los subsidios que ha venido otorgándoles la empresa estatal es como han podido existir las telecomunicaciones en las regiones más atrasadas y aisladas, que en nuestro país son la mayor parte. Telecom atiende en la actualidad más de cinco mil localidades.
En síntesis, con la llamada reestructuración, el presidente de Telecom, Julio Molano, lo que está haciendo es en realidad liquidar a la empresa por pedazos, dejando por aparte los segmentos rentables, precisamente los que van a feriarse a las trasnacionales.
La lógica vendepatria es simple: con la competencia se liquida a Telecom, y liquidada Telecom la mesa queda servida para las multinacionales.
El pliego de peticiones
El pasado 3 de mayo, en una multitudinaria jornada nacional de protesta, los trabajadores de Telecom, dirigidos por sus organizaciones sindicales, Sittelecom y la ATT, apoyadas por las centrales obreras CGTD y CUT, por otras organizaciones populares, por personalidades democráticas v partidos políticos, entre ellos el MOIR. anunciaron al país su indeclinable compromiso con la batalla que busca preservar a la empresa como patrimonio nacional. Calles y plazas han sido testigos del rechazo a la política proimperialista del gobierno.
El pliego de peticiones presentado días antes fijó claramente el actual objetivo de la lucha: la exclusividad para Telecom en la prestación de los servicios básicos de larga distancia nacional e internacional. Desde el gobierno de Gaviria se quiso liquidar a Telecom por la vía de la competencia impuesta por los consorcios internacionales. Sin embargo. el histórico paro de abril de 1992 hizo polvo aquella intentona aperturista, aun cuando el gobierno de Samper se ha encargado de continuar y refinar tamaño atentado. Atentado que consiste, ni más ni menos, que en subastar una de las más importantes fuentes de riqueza con que cuenta el país.
Desde la instalación formal, en abril, de la mesa de negociaciones, la empresa y el gobierno han respondido negativamente a la justa exigencia de los trabajadores, que es la de la nación entera, de preservarla como empresa estatal y única en el servicio de telecomunicaciones de larga distancia. A la vez que arremeten contra los derechos de los trabajadores, blanden un contrapliego que apuntala la liquidación de Telecom.
En decenas de asambleas y mítines, los líderes de los dos sindicatos, encabezados por Eberto López, presidente de Sittelecom, y Carlos Cely, presidente de ATT, reiteraron que ante la feroz embestida norteamericana, la competencia sólo va a significa ceder la soberanía y someter al país a los caprichos de las trasnacionales. Y se comprometieron a no firmar con el gobierno o la administración acuerdo alguno que no contenga el punto de la exclusividad de los servicios de larga distancia nacional e internacional para Telecom. Como en abril de 1992, el paro nacional indefinido constituye la mejor arma de los trabajadores en procura de tan patriótico objetivo.
De nuevo sobre los hombros de los proletarios descansa el peso de esta decisiva batalla.