Al acercarse a un siglo y un milenio nuevos, Colombia enfrenta los embates de la recolonización que ha emprendido Estados Unidos. Las abigarradas e intensas contradicciones sociales que ese designio ha generado recientemente, son inequívoco anuncio de que para la gente éste es el tiempo de la resistencia, pues lo que aparece más nítido entre la maraña de acontecimientos es la necesidad de luchar por preservar la soberanía nacional y nuestro derecho a la autodeterminación.
En esa brega histórica, la inmensa mayoría de los colombianos, aquellos que hacen parte de las fuerzas y baluartes que poseen «algún arraigo o entronque con la nación y con su historia», podrán desentrañar la causa real y a los promotores internos y externos de sus males; prevenirse del letargo y la confusión en que los quieren sumir e iniciar la forja de un movimiento de resistencia y salvación nacionales. Esa misma brega será la que cimente las bases para el futuro desarrollo democrático e independiente de la nación.
I
El narcotráfico y los delitos conexos, así como la corrupción en todas sus formas, constituyen problemas nefastos para la marcha y progreso de la sociedad y como tal deben ser combatidos y extirpados sin demoras ni titubeos, pero no a costa de la independencia de la nación, como expresara nuestro recordado líder Francisco Mosquera. La soberanía nacional y no el resto de litigios, por preocupantes que sean o por terribles que se les haga aparecer, es lo primero que, cualquiera sea el desenlace de los actuales sucesos, debe preocupar a los colombianos. Nada más corrupto, antidemocrático y despreciable que embolatar, supeditar y entregar la soberanía e independencia de la nación con la disculpa de que lo prioritario son las hipócritas y mezquinas campañas de moralistas en plan de saciar sus apetitos de poder político y económico. Quienes así proceden entran en los linderos de un delito ante el cual palidecen las actividades de narcotraficantes y corruptos: la traición nacional. No puede existir solución real y verdadera a lo que hoy se discute en Colombia sin la supresión de la creciente intervención norteamericana.
II
Dos son las consideraciones principales de Estados Unidos al formular su estrategia contra el tráfico de narcóticos.
Primero. Si bien éstos se producen en Colombia y otros países de América Latina, necesitan como toda mercancía su realización, es decir, su venta, y ésta se efectúa en Estados Unidos. Es allí donde se genera el caudal monetario del narcotráfico, que según los cálculos más confiables alcanza en Estados Unidos una cifra superior a 200 mil millones de dólares. Suma enorme que circula primero por los vasos comunicantes de la economía norteamericana. Al gobierno gringo le interesa velar porque tal monto de dinero insufle sus redes bancarias y financieras, mas para ello también debe regular la circulación de la droga. Los linces financieros estadounidenses no poseen cortapisas morales ni principios políticos que les impidan que ese dinero repose y adquiera dinámica en Wall Street, y no fuera de allí. Por esa razón el tráfico no se acaba, ni se capturan grandes capos en los Estados Unidos. No es consistente y persistente la política antidrogas del gobierno norteamericano. Quieren regular, controlar y aprovechar el tráfico, no suprimirlo.
Segundo. Utilizar la lucha contra el narcotráfico como estrategia para su intervención política y económica en los diversos países. Blandiendo la amenaza de que es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, la utiliza para quitar y poner legislaciones y legisladores, organismos judiciales con sus correspondientes jueces y fiscales, jefes de policía y funcionarios públicos, incluidos primeros mandatarios. Todo ello con el objetivo de darle curso a su expoliación económica.
III
La Fiscalía echa mano de un sistema acusatorio auspiciado por los Mismos Estados Unidos desde los tejemanejes de la Constitución de 1991 y ejerce su función como un redivivo inquisidor asesorado por jueces encapuchados. Se compran y venden testigos y testimonios, operando la norma del mejor postor y el pago de beneficios. Sobra decir que, como lo demuestran diversos hechos del principal proceso que adelanta la Fiscalía, el postor más poderoso es Estados Unidos, tanto por lo que ofrece como por lo que puede quitar.
El fiscal expresa que no está al servicio de Norteamérica, pero su actividad judicial va dirigida contra las personas, ya sean políticos, funcionarios o delincuentes, que Estados Unidos le señala. Afirma que no recibe presiones de Washington, pero a juzgar por lo actuado esa presión no es necesaria, puesto que existen armonía y coincidencia remarcables con la Fiscalía y otras agencias norteamericanas. La señora Reno lo elogia y aplaude y el subsecretario Gelbard dice que sólo confía en él.
Con razón se ha dicho que el proceso de investigación que adelanta el fiscal Valdivieso arrasa con todo el Estado de Derecho. Esta fascistización de la justicia, en la parte sustantiva y en la de procedimiento, se nos ha presentado como la panacea y a los funcionarios encargados de ponerla en funcionamiento como infalibles moralizadores.
IV
La posición del gobierno de Samper ante la política norteamericana ha sido de acatamiento. Sus afanes han estado dirigidos a darles todo tipo de explicaciones y satisfacciones a los funcionarios de distinto rango de las agencias y departamentos gringos, en una muestra de indignidad política. Dos eventos resaltan la obsecuencia de Samper con los planes neocoloniales del gobierno norteamericano: su aceptación y cumplimiento de la política formulada por Clinton en la Cumbre de las Américas y la aprobación de la estrategia político-militar señalada por la Casa Blanca en la reunión de ministros de Defensa latinoamericanos en Williamsburg, en medio de las felicitaciones del vicepresidente Al Gore tanto a Samper como al ex ministro Botero Zea por los servicios prestados y favores ofrecidos. En la primera aprobó el neocolonialismo en lo económico, en la segunda el neocolonialismo en lo militar.
V
El Salto Social de Samper es a la vez un “aditamento y un cosmético” para la apertura económica que aplicó Gaviria, es decir, dos mandatarios para una misma política. Es diciente que, tras 18 meses de críticas a Samper por parte de los funcionarios al mando en Washington y de columnistas en diarios norteamericanos, éstas no contengan rechazos o quejas sobre su política económica. En lo económico ¡están servidos los señores! No queda duda de que aquí no existe una disputa sobre modelos económicos entre neoliberales extremistas y neoliberales moderados. El capitalismo inherente a la recolonización norteamericana es salvaje por naturaleza, y ése es el capitalismo que aceptan Gaviria y Pastrana, López, Samper y De la Calle, Juan Manuel y Nohemí, todos maleables ante las pretensiones norteamericanas. Las diferencias entre ellos son de menor cuantía, mientras grande es su identidad con la apertura económica y el neoliberalismo.
VI
Consecuente con los anteriores criterios sobre la situación política, que atraviesa la nación y ante las diversas salidas o soluciones que proponen distintas fuerzas políticas y sociales, el MOIR declara:
1. Ya que ninguno de los hechos y aspectos de la economía, la política y la vida social de la nación han estado sustraídos a la injerencia y presencia decisivas que en ellos ha tenido Estados Unidos, los juicios, consultas y fórmulas de solución planteados no conducirán a extirpar los males que impiden el desarrollo económico, político y cultural de la nación. El pueblo debe decidir en primera instancia su rechazo radical al intervencionismo imperial en los eventuales cambios institucionales y políticos de Colombia. Igualmente, debe rechazar todo chantaje, incluido el que viene ligado a la certificación o a la aprobación por parte de Washington de asuntos cuyo tratamiento y decisión incumben soberanamente a Colombia.
2. La actual embestida norteamericana sobre el país se propone un reajuste en el gobierno que proporcione mayor celeridad y eficacia a sus dictados. En las circunstancias actuales persigue un recambio en el poder político, el cual se intenta presentar como una solución cuando en verdad es una continuación de algo que, por encima de uno que otro escarceo, ha practicado Samper, y que constituye nuestro principal problema: la política de sumisión nacional a la superpotencia estadounidense.
3. Es una falacia la afirmación de que la inestabilidad promovida, maquinada y muñequeada por el gobierno de Estados Unidos y sus favoritos obra a favor de 1a nación y el pueblo colombiano. Entonces es mero candor reformista esperar que los fallos judiciales, que arrasan de paso con todo principio democrático en materia de derecho, abrirán espacios que serán llenados mediante un idílico y puro ejercicio democrático por miembros de las fuerzas de oposición. Es equivocado considerar que «la campaña contra la corrupción». la adelantan funcionarios neutrales para fines neutros y no por diablos predicadores alentados por personajes adictos al imperialismo y la apertura.
4. Siguiendo una ley universal, el gran antagonismo que han adquirido las contradicciones internas ha permitido que se ponga al desnudo la mediocridad y mezquindad de espíritu de encumbrados dirigentes, voceros y orientadores de la sociedad. Ya muy pocos precisarán aguzar el olfato para saber de dónde proviene lo que huele a podrido en Colombia. Y, lo que es más importante aún, ha permitido que aparezca con creciente nitidez una verdad elemental: la contradicción existente entre la nación y el imperialismo norteamericano preside y somete a su desarrollo todas y cada una de las demás contradicciones presentes en la sociedad, por lo que la condición sine qua non para la solución de nuestros males de estancamiento material, político y cultural, es el cese definitivo de todas las formas de intervencionismo extranjero en Colombia.
5. La casi totalidad de quienes han venido desempeñando el papel de dirigentes políticos y sociales han desestimado esta verdad que los hechos corroboran tozudamente. Mas lo peor es que muchos de ellos adoptan una actitud de pusilanimidad cómplice, y un puñado, con cinismo y desvergüenza infinitos, ha degenerado en agentes u abogados de la política emitida por Washington. Se debe insistir en la necesidad de señalar que, al impulsar la aplicación de dogmas neoliberales, menoscaban derechos democráticos, permiten el despojo de nuestros recursos y trabajo, y anarquizan la vida social, facilitando así los avances en la toma de la nación por parte de los Estados Unidos.
6. Ya que el programa de la administración Samper, bajo la denominación de Salto Social, acoge y aplica la política que Estados Unidos ha recetado a través del Fondo Monetario Internacional, como las privatizaciones de las empresas y haberes estatales, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, y el deterioro de los salarios que quedó refrendado en el Pacto Social, llamamos a una verdadera resistencia antiimperialista mediante pronunciamientos y movilizaciones de masas.
El MOIR reitera hoy su convocatoria a los compatriotas, pertenecientes a todas las clases y todas las organizaciones, políticas y sociales que no admiten la opresión nacional a ponerse en pie de resistencia contra las imposiciones económicas, la intervención en los asuntos internos y todas las formas de coacción por parte del gobierno de los Estados Unidos, y contra todos aquellos que coadyuven a esos propósitos imperialistas.
MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO (MOIR)
Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General
Bogotá, febrero 9 de 1996.