Debido al congelamiento de la nómina de maestros que mantuvo el gobierno por espacio de doce años, los municipios en el país se vieron obligados a contratar 30 mil docentes y los del Cauca 1.600. A fines de 1996, en Quilichao eran ya 147 los maestros adscritos por este sistema.
Desde el 17 de febrero, los profesores, con el respaldo de tres mil habitantes de las comunidades afectadas, principalmente del área rural, iniciaron una protesta en la vereda Quinamayo, sobre la vía Panamericana, para exigir que se entregaran adecuados recursos financieros. El 19, ante la falta de respuesta del gobierno, la comunidad decidió hacer una toma de la Panamericana, la cual fue reprimida violentamente por orden del gobernador Rodrigo Cerón. Hasta el alcalde encargado, Rodrigo Cifuentes, sufrió las consecuencias de la arremetida oficial.
La actitud del alcalde y su gabinete y del concejo, en cabeza de los dirigentes Alberto Bustos, Wilmer Tegue y Luis Ocampo, ha sido de pleno respaldo a la justa petición de los docentes. En el movimiento han tenido activa participación los cuatro resguardos indígenas, lo mismo que el campesinado y la Asociación de Juntas Comunales.
Atropello en Telecom
El 15 de febrero representantes de la multinacional Northern, filial de la AT&T, en asocio con oscuros personajes, entre ellos el gerente regional de Telecom. Édgar Darío Muñoz, asaltaron la planta de esta empresa en Quilichao y traspasaron a 2.300 abonados al consorcio extranjero.
En octubre de 1995, el concejo de esta población y la asamblea del Cauca rechazaron el convenio de joint venture con la Northern y exigieron que fuera ampliada la planta de Telecom, con capacidad para 100 mil líneas.
Los términos del contrato no pueden ser más desfavorables para el interés nacional. La Northern se compromete a instalar una planta nueva y a suministrar 6.400 abonados -ya se apropió de 2.300 que eran de Telecom-, a cambio de 80% de todos los ingresos en los próximos nueve años.
Telecom queda obligada a suministrar la infraestructura de redes existentes, hacer la comercialización y pagar la nómina. Santander de Quilichao factura 1.500 millones de pesos al año, que se le entregan a la multinacional, en abierta violación de los pactos convencionales.
Otro atropello de la política privatizadora.