Por José Fernando Ocampo
Hace diez meses la Ley 200 derogó el régimen disciplinario del Estatuto Docente. Desde entonces se le viene aplicando al magisterio el régimen único disciplinario, de tinte fascistoide, consagrado en esa norma.
Boris Montes en la dirección de Fecode no ha tomado una sola medida para defender la integridad del Estatuto Docente. Por el contrario, negoció con la ministra de Educación el decreto 1726, que incorpora las Juntas de Escalafón a la Ley 200. Peor aún, permitió que se aprobara en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley 119, para que se le apliquen al magisterio las dos normas a la vez, es decir, el régimen disciplinario del Estatuto y el régimen único disciplinario, haciéndole creer al gremio que lo estaban exceptuando.
Además, el gobierno ha puesto en marcha el programa nacional de incentivos, dirigido a evaluar el desempeño de los maestros con el señuelo de premiar un educador por núcleo. La dirección de Fecode, confabulada con la ministra María Emma Mejía, le ha dado el visto bueno a este plan, diseñado con el propósito de excluir docentes que no se ajusten a los 28 deberes y 33 prohibiciones de la Ley 200. Desde Tribuna Roja les decimos a los maestros que se abstengan de contestar el formulario y que no se dejen atrapar por esta atracción fatal. A esto se añade el recorte de las vacaciones en el calendario académico.
Como si esto fuera poco, el plan decenal impulsado por el gobierno le asesta un golpe a la reforma educativa de 1994 con su énfasis en la escuela nueva, el año cero, los subsidios escolares, el refuerzo a las ONG, la ausencia de alternativas para el programa de madres comunitarias y la tendencia desescolarizante y privatizadora. Entre tanto, el Ministerio hace y deshace con la evaluación académica, con la imposición ilegal de la promoción automática, con atropellos permanentes a la autonomía escolar, con la tarea caótica de los supervisores y, en general, con un ataque frontal a la esencia de la Ley General de Educación.
El MOIR ha defendido que la única salida es un paro indefinido para restaurar el Estatuto Docente, para que se respete el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 que lo eleva a norma orgánica, para hacer valer la reforma educativa, para desmontar la evaluación disfrazada del plan de incentivos y para contrarrestar el plan decenal de educación.