(Texto de las palabras de Jorge Santos, senador del MOIR, en la sesión plenaria del 10 de mayo de 1995)
Días atrás, desde Cartagena, Samper lanzó sus propuestas sobre los partidos, las campañas electorales, la actividad política en general y el Congreso. Al afirmar que «hoy la sociedad civil ha desbordado el sistema representativo» y que «la política se está haciendo no sólo por fuera de los partidos sino al margen y en contra suyo», enmarcó sus planteamientos en esa jerga que la Constituyente de 1991 desparramó hasta el abuso sobre los colombianos.
Tal lenguaje, puesto en boga por el gobierno de Gaviria y retomado por Samper, repite las tesis de una reaccionaria politología, especialmente gringa, que difundió la forma institucional del neoliberalismo en el mundo, conocida como «democracia participativa», contrapone falazmente la democracia directa y la representativa y enfila sus baterías contra las corporaciones públicas y de modo principal contra el Congreso.
Presión norteamericana, origen del enjuiciamiento
La integración de una comisión para la reforma de los partidos se produce cuando intempestivamente se ha puesto de nuevo sobre el tapete la moralidad de los parlamentarios y sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Nada de ello obedece a una dinámica espontánea, libre y propia del desenvolvimiento de la política nacional. La nueva ofensiva contra el Congreso es tan «repentina» como las investigaciones ordenadas por el Fiscal.
Lo que sucede es el producto de una inaudita y continuada presión foránea, la de Estados Unidos, como hemos venido denunciándolo.
Samper se propone eliminar del código de procedimiento penal toda garantía democrática
El fondo reside en que el presidente, en vez de defender enérgicamente la dignidad y la soberanía nacional ante las pretensiones de la intrusión gringa, ha escogido transitar el afrentoso e injustificable camino del servilismo ante la superpotencia extranjera y postrar a los pies de la misma los supremos intereses de la nación. Cree él que la mejor manera de escapar a la sombra de la sospecha que el imperial superpoder ha arrojado sobre su elección a raíz del episodio de los narcocasetes es accediendo en todo y por todo a las exigencias del gobierno estadinense. Hoy por hoy es éste el principal y más grave rasgo de la situación del país.
Por instrucciones de Washington ha consentido en proseguir el grave quebrantamiento de los procedimientos democráticos, reafirmando abominaciones tales como la justicia encapuchada, la supresión del jurado y la inversión de la carga de la prueba. Se propone ahora presionar al Congreso para que mutile del código de procedimiento penal toda garantía democrática y, para hacer méritos ante la Casa Blanca, elevar a canon constitucional la prohibición del consumo de estupefacientes.
Para guardar apariencias
¿Cómo explicar que el presidente de un sedicente país soberano no diga ni pío sobre el tránsito y la permanencia de tropas, naves y aeronaves norteamericanas a lo largo y ancho del territorio nacional, así como de los operativos de la legión de la DEA en Colombia? Ni el Senado ni el Consejo de Estado han tenido arte ni parte en esto, pero el gobierno lo autoriza a espaldas del país. Las observaciones que el canciller Pardo tartamudeó al embajador Frechette, hechas para guardar las apariencias al cabo de un sinfín de intromisiones del representante gringo, ni puso los puntos sobre las íes ni convencen a nadie.
Ilustración elocuente de la situación de desamparo y humillación de los intereses nacionales es el hecho de que a las comercializadoras colombianas de banano les tocó reducir «voluntariamente» parte de su cuota en el mercado europeo en favor de las multinacionales gringas. Y ni aun así recibieron aceptación de Kantor, el representante comercial norteamericano. Infortunios de un país para cuyo gobierno nada significan soberanía, decoro patrio ni defensa de la producción nacional.
Reprimir el delito sin injerencia externa
Reafirmamos que el Estado debe reprimir el delito y coordinar acciones con las demás naciones para que las fronteras no sirvan de amparo a la impunidad, pero ello en ningún caso justifica que la lucha contra el narcotráfico se torne en instrumento de sujeción económica foránea, de intromisión en los asuntos internos de los países, y del quebrantamiento de procedimientos y principios democráticos establecidos.
El Congreso, chivo expiatorio del Presidente
En aras de obtener la absolución gringa, para preservar su jefatura de gobierno, Samper prohija la cacería de brujas desatada por el Fiscal y está dispuesto a arrojar al grueso de liberalismo al escarnio público y a la misma cárcel. Ni patria ni partido importan al primer mandatario, sólo sobreaguar al precio que sea, entregando lo que sea y a quien sea. Como el criterio oficial norteamericano sobre el Congreso colombiano es que éste alberga bandidos y traficantes, entonces e Presidente, para que quede bien clara y bien probada su fidelísima adhesión a los fines del imperio, llevará al altar del sacrificio su chivo expiatorio, directa y abiertamente o con subterfugios.
La propuesta de «congreso unicameral» es su manera elíptica de buscar el nuevo cierre del parlamento, mientras se distrae a tirios y troyanos en bizantinas discusiones. Cuando dijo que «el régimen unicameral requeriría de una reforma constitucional, y veremos si se puede hacer a través del Congreso o a la apelación directa», puso sobre la mesa el plebiscito constitucional, la vía más expedita para lograrlo. Y la más «colombiana», ya que aquí la disolución del Congreso a culatazos, el fujimorazo, no ha sido necesario puesto que puede hacerse a punta de decretos, como lo probó Gaviria.
El Congreso no ha estado exento de pecados, ni mucho menos. No es el menor de ellos el haber cumplido invariablemente el papel de dócil colaborador de los mandatarios, que han gobernado contra la nación y contra el pueblo. Pero la propaganda oficial difundida desde el gobierno de Gaviria contra las corporaciones públicas representativas, que identifica a éstas como la fuente principal de todos los males de Colombia, no va al fondo de las cosas, sino que lo encubre. Detrás de la «campaña moralizadora» contra el Congreso, y para disolverlo, tanto en el gobierno de Gaviria como en el de Samper, hubo y hay motivos inconfesables. Gaviria con ello le abrió el camino a la institucionalidad de la apertura económica, al «nuevo país», y lo hizo presa fácil de las multinacionales y los grandes grupos financieros. Samper cumple un cometido peor: busca congraciarse con la Casa Blanca, cumplir los deseos gringos a rajatabla, y eliminar toda barrera que quedara para el control norteamericano sobre la nación. El Tío Sam ha señalado los obstáculos y Samper los remueve con diligencia. Innoble menester si lo hay. Tanta genuflexión no elimina la sombra de la invasión gringa.
Llamamiento a los colombianos
A los obreros no nos es indiferente una u otra variedad del régimen democrático-burgués. Al contrario, en cierto sentido, es a la clase obrera a quien más conviene la realización consecuente y plena de la democracia burguesa, porque así se amplía y se aclara nuestra lucha. Y es por ello que el movimiento obrero es la vanguardia en la lucha por la democracia.
No ignoramos que en el Tercer Mundo lo que mejor se acopla al modelo aperturista son los regímenes represivos, de tinte fascistoide, en los que las restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y el pueblo es la norma, como en Corea del Sur, Singapur, Bolivia y el mismo Chile, cuya dictadura militar fue pionera del neoliberalismo en América. La campaña por el cierre del Congreso, instigada por un gobierno que actúa subordinado a las conveniencias de un poder foráneo, por más que agite la bandera contra la corrupción, no nos engaña.
No colaboremos con semejante encargo antidemocrático y antinacional, ni a la peruana ni a la colombiana. A los parlamentarios, dirigentes, partidos políticos y ciudadanos rasos que de buena fe rechazan la corrupción en las corporaciones públicas y pugnan honestamente por reformas democráticas les pedimos que reflexionen por qué el gobierno de Estados Unidos, el de Samper y los medios masivos de comunicación de los grupos financieros han formado una santa alianza contra el Congreso. Si buscan la verdad en los hechos y no cierran los ojos ante la amenaza que se cierne sobre Colombia, no se prestarán para nuevos desafueros y podremos juntar valiosas fuerzas para defender la patria en peligro.
Como senador del MOIR hago extensivo a todos los parlamentarios la invitación formulada en el comunicado del Comité Ejecutivo Central de mi Partido, firmado por su Secretario General, Héctor Valencia, y publicado en El Espectador el 30 de abril, donde se plantea la integración de un vasto frente único en defensa de la soberanía y la independencia de la nación.