Aldo Cadena
No obstante que el «Salto Social» plantea como uno de sus objetivos prioritarios atender la salud de los colombianos, lo que para ellos en realidad importa es «la eficacia en función de las ganancias en términos de salud por cada dólar que se invierte», según palabras textuales del Banco Mundial.
Los nuevos sistemas de salud impulsados por el Banco Mundial y por la OPS y la Cepal parten de que el Estado debe reducir su acción a financiar los servicios clínicos esenciales, mediante la contratación con terceros. El resto de la asistencia todos han de pagarla por anticipado al ISS o, preferencialmente, a particulares.
De esta teoría, de rancia estirpe neoliberal, surge la nueva jeringonza con que los ideólogos del samperismo se llenan la boca, dejando en evidencia su claro continuismo.
El modelo de salud -el mismo ensayado en Chile bajo la dictadura de Pinochet- contempla tres aspectos: descentralización, participación comunitaria y privatización.
La primera apunta a que el gobierno central se deshaga de las cargas financieras traspasándolas a los municipios.
El complemento es la «participación comunitaria», cuyo objetivo es organizar a la población para que asuma los faltantes y se eche al hombro los problemas abandonados por la nación.
La privatización consiste en desmontar la salud pública para facilitar «la expansión de la oferta privada». Lo que en plata blanca se persigue es convertir la salud en un negocio sometido a las leyes del lucro y la máxima ganancia.
La ley 100, que hace dos años empezó a entregar la asistencia social a la empresa privada, liquidará el Sistema Nacional de Salud, y en adelante todo colombiano que necesite atención médica, tendrá que prepagarla, afiliándose a cualquiera de las Empresas Promotoras de Salud, EPS. El nuevo esquema traerá como consecuencia la extinción del ISS y el consiguiente monopolio de los grupos económicos.
Además, la transformación de los hospitales públicos en empresas sociales del Estado, con autonomía jurídica, administrativa y financiera, coloca la estabilidad laboral en la cuerda floja, lo que viene a sumarse a los bajísimos salarios que reciben los trabajadores.
En respuesta a la ofensiva del gobierno, Sindess acordó citar a un paro nacional de protesta los días 14 y 15 de marzo.
El movimiento se propone defender la salud pública, impedir el desmonte del ISS, echar atrás los decretos privatizadores y sacar adelante la nivelación salarial y las mejoras prestacionales.