Alentados por el exitoso paro del 14 y 15 de marzo, los asalariados de la salud, con Sindess a la cabeza, llevaron acabo una nueva jornada de protesta, esta vez de 72 horas, a partir del 1° de Mayo. Ante la necesidad de superar viejas rencillas y la dispersión imperante, las organizaciones se reunieron en Medellín los días 20 y 21 de abril. Allí se ratificó la voluntad de enfrentar la liquidación de la salud pública, la privatización de la seguridad social y la política de salarios de hambre del régimen.
Asistieron la Asociación Médica Sindical, la Asociación de Enfermeras de Colombia, la Asociación Colombiana de Nutricionistas, la Asociación de Bacteriólogos Sindicalizados, la Asociación de Enfermeras Certificadas, la Asociación Sindical de Trabajadores del Hospital La Samaritana, varias seccionales de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, y los intergremiales de la salud de Antioquia, Santander, Caldas, Bogotá y Cundinamarca, entre otras organizaciones. Dicho evento, coordinado por el presidente nacional de Sindess, Aldo Cadena, y respaldado por Utradec y la CGTD, aprobó publicar el 23 de abril un comunicado en el que notifican al gobierno la creación del Comité Nacional Intergremial de la Salud y la Seguridad Social, la unificación de todas las aspiraciones salariales y prestacionales en un solo pliego nacional, así como la realización del segundo paro en lo que va corrido del año.
Para esta nueva batalla se alistaron los profesionales y trabajadores de base de diecinueve departamentos, incluidas las seccionales de Anthoc en Tolima, Bolívar, Bogotá, Risaralda y Antioquia, departamento en el que sumó también Sintraiss. Sin embargo, la actitud oficial ha sido desconocer la protesta y confundir a la opinión difundiendo la especie de que el movimiento persigue sólo reivindicaciones económicas y salariales. Lo que busca es limitar la lucha al ámbito de los trabajadores y distanciar a éstos del conjunto de la población afectada por el esquema privatizador que alienta la ley 100 de 1993. Pero la aparente indiferencia oficial ha sido superada por los hechos, al punto que el gobierno se vio obligado a convocar al Intergremial, después del reciente paro, aceptando nuevas negociaciones con base en el pliego unificado. De todas formas, la anormalidad continúa y en varias regiones se adelantan los preparativos con miras al paro indefinido, cuya realización será propuesta por Sindess al Comité Intergremial en los próximos días. En el curso de las conversaciones, el Ministro ha persistido en su intento de dividir a los trabajadores con toda clase de estratagemas.
«Salto social» para liquidar la salud pública
Lo que está en juego no es simplemente el futuro económico de los funcionarios de la salud, sino su estabilidad laboral y la permanencia de las instituciones públicas del sector. El propósito imperialista, agenciado por Gaviria y ahora por Samper, de descargar al Ministerio de sus responsabilidades, ha venido siendo alcanzado desde cuando la ley 10 de 1990 y otros decretos endosaron el vital servicio a los municipios y la comunidad. Como éstos no han podido asumir la carga, con la ley 60 de 1993 se les chantajea mediante el no giro del situado fiscal y se les amenaza con plazos perentorios.
El puntillazo final corre por cuenta de la ley 100 que implanta un esquema obligatorio de medicina prepagada, al que tendrán que someterse gradualmente todos los colombianos. Para ello se requiere desarticular el antiguo Sistema Nacional de Salud y su red sanitaria, convirtiendo los hospitales estatales en Empresas Sociales del Estado, con autonomía jurídica, financiera y administrativa, de manera que actúen sobre la base de la rentabilidad y no del servicio social. El objetivo es poner a depender económicamente a los hospitales no del presupuesto nacional, sino de la venta de servicios, otra forma de privatización. Los recursos estatales anteriormente destinados a la financiación de esas instituciones serán fuertemente recortados y asignados en la indignante forma de subsidios para unos cuantos menesterosos.
El gobierno busca deshacerse de la responsabilidad de atender la salud del pueblo, puesto que financieramente la descarga en los hombros de los trabajadores. En efecto, de los aportes de 12% que deben éstos cancelar, un punto va directamente a los fondos de subsidios. Para su propia atención sólo se destinará una suma fija anual, la Unidad por Capacitación, UPC. El excedente también irá a las arcas del Estado, convirtiéndose en un gravamen sobre el salario.
El porvenir de este modelo será dejar en manos de los monopolios privados todos los servicios de salud. La discusión que se adelantó acerca del monto de la UPC dejó al descubierto que sólo aquellas Empresas Promotoras de Salud, EPS, que logren capturar grandes cantidades de afiliados podrán sostenerse diluyendo los riesgos en una gran masa de usuarios. De las catorce empresas autorizadas para cumplir esta función, cuatro son propiedad de reconocidos grupos monopólicos nacionales y una pertenece mayoritariamente a una multinacional. De los trece millones de usuarios potenciales, el ISS recoge más de diez. O sea, que la batalla que se vislumbra es por sonsacarle a esta institución oficial sus afiliados para engrosar las utilidades de los pulpos, que pueden transitoriamente incluso trabajar a pérdida y ofrecer atractivos adicionales mientras marchitan al ISS y a las cajas de previsión, y se comen a los peces chicos: algunas cajas de compensación, el sector cooperativo y uno que otro iluso.
Con el «novísimo» sistema, los costos de los servicios de salud se incrementarán por encima del promedio de la inflación, «hoyo negro» que sólo podrá ser subsanado si se eleva el porcentaje de cotización, se reducen los servicios o ambas cosas a la vez. Esto se agudizará en cuanto los monopolios particulares se apoderen del mercado, alcancen la privatización total e impongan sus condiciones al conjunto de la nación.
En síntesis, el desmonte de la salud pública, mediante la transformación de los hospitales en empresas autónomas sujetas a la ley del lucro y la ganancia, no sólo afecta la calidad de los servicios a la población, sino que desmejora las condiciones laborales de los servidores del Estado, cuya lucha unificada y el respaldo del resto del pueblo constituye el camino para derrotar tan nefastos propósitos. A esas políticas antinacionales y antipopulares debemos responder, como el MOIR lo señala, ampliando la resistencia civil.