130 firmas estadounidenses estudian la adquisición de muchos activos energéticos y exigen al gobierno de Samper que les dé garantías de un precio usurario por el kilovatio hora y que les rebaje la carga laboral
El 16 de septiembre, mientras crecía la ira popular en las barricadas de Facatativá por las alzas tarifarias, el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, presentaba la revisión del Plan de Expansión del Sector Eléctrico. Anunció que construir los nuevos proyectos generadores de alrededor de 10 mil megavatios y ampliar la red de distribución, de aquí al 2010, correría exclusivamente a cargo del sector privado. Dos días después, el gobierno ponía en subasta cuatro importantes activos que representan 20% de la capacidad generadora de electricidad del país. Los dos fenómenos: la revuelta popular y la actitud antinacional del gobierno son los polos de una contradicción que se antagoniza día a día.
En la misma semana se conoció que 130 firmas estadounidenses estudiaban la adquisición de esos activos, para lo cual exigían al gobierno garantías de un precio usurario por el kilovatio hora y la rebaja de la carga laboral. El presidente del Instituto de las Américas, Paul Boecker, afirmó que nada podría impedir al capital extranjero invertir en un sector de tanto futuro como el eléctrico y que, frente a este interés, la crisis política colombiana era secundaria. Amoco Colombia Petroleum, Bank of America, Bechtel and Inter Gen, Calpine Corporation LLP, The Chase Manhattan Bank, Enron Development Corp., entre otras, decidieron abalanzarse sobre las hidroeléctricas de Chivor y Betania, y las térmicas de Tasajero y Cartagena, además de las de Ocoa, Yumbo y Gualanday construidas por Ecopetrol en medio del apagón de 1992.
No es de poca monta el patrimonio puesto en almoneda: Chivor, de 1.000 megavatios de capacidad, es una de las más grandes hidroeléctricas del país. Produce ganancias anuales de alrededor de 160 mil millones de pesos. El senador Gustavo Rodríguez Vargas dijo que el valor por el que se ofrece no cubre siquiera el de los terrenos sobre los que se asienta. Betania, de 500 megavatios, abastecida por el Magdalena, una envidiable fuente, tiene apenas nueve años de funcionamiento, y su vida útil es de entre 40 y 50. Negocio redondo porque el costo de operación de las hidráulicas tiende a cero, ya que se surten del más barato de los insumos energéticos.
Las térmicas de Cartagena y de Tasajero, de 203 y 150 megavatios, son de las más eficientes del sistema nacional. El gobierno las ofreció en US $ 45 millones, cuando en 1992 las estimó en más de 210 mil millones de pesos. Esta subasta, hace parte del más grande proceso privatizador que se haya iniciado en Colombia. La Bolsa de Bogotá, que cifra sus esperanzas de reactivar el mercado accionario en la feria de nuestra propiedad eléctrica, la tasa, subvaluándola, en 7 billones 320 mil millones de pesos, 10 por ciento del PIB nacional.
El tránsito del control del negocio eléctrico por el Estado, a su manejo por las trasnacionales no se realiza sólo mediante su oferta en baratía. Otro mecanismo expoliatorio es el de la inversión directa en proyectos térmicos de generación.
A Colombia, a través de la Financiera Energética Nacional, se le obliga durante la vigencia de los contratos, que es de alrededor de 20 años, a garantizar el pago de la energía contratada por las empresas públicas con los generadores privados. Así se acordó para la termoeléctrica Las Flores, la repotenciación de Termobarranquilla por Tebsa su actual propietaria, Termoemcali, Termodorada, Termopaipa y la hidroeléctrica de La Miel.
Veamos el ejemplo de Tebsa. El proyecto consiste en llevar esta planta a generar 750 megavatios, convirtiéndola en la térmica más grande del país. El contrato firmado en marzo de 1995 lo obtuvo el consorcio Corelca-Abb-Distral. La multinacional, de capital alemán, suizo y sueco, la integran a su vez Abb-Energy Ventures, AbbPower Generation y Energy Initiatives Inc. El proyecto, alimentado con gas, tiene un costo de US $ 750 millones, con financiación externa de US $ 450 millones.
La banca internacional liderada por la Unión de Bancos Suizos suspendió el negocio, hasta tanto la nación cediera a todas sus exigencias, entre otras, cambiar los términos de las garantías otorgadas por la FEN y respaldadas por la nación, sobre quién respondería si Corelca desapareciera o modificara su naturaleza jurídica.
Corelca, que comercializará la energía, tiene que pagarla al «socio» extranjero, para garantizarle su rentabilidad, a precios preestablecidos para toda la vigencia del contrato, así no obtenga ganancias en la intermediación, o no pueda vender la cantidad los subsidios, obligada a adquirir.
La nación cedió a las exigencias que montaron 1.500 millones de dólares. La Contraloría General de la República denunció la aceptación por el país de condiciones idénticas en todos los proyectos que construirá el sector privado. Aún más, se convino pagar a los cómodos inversionistas los faltantes que tuvieran las empresas públicas, por pérdidas al comercializar la energía. Senadores de la Comisión Quinta enfatizaron en que por esos compromisos Corelca tendrá pérdidas de US $ 580 millones en los primeros cinco años, e irremediablemente quebrará.
La bancarrota se hace inescapable porque la gran industria y el gran comercio, clasificados en la ley como consumidores no regulados, podrán negociar directamente con las empresas generadoras, constriñendo a las estatales a atenderlos mercados no rentables.
Hay otro agravante. Como en la época lluviosa un sistema interconectado dirigido centralizadamente usa con mayor intensidad la energía hídrica, por salir más barato el kilovatio, lo normal es que los generadores térmicos subutilicen las máquinas o incluso, las apaguen. Empero, la burocracia oficial propuso reconocer «un incentivo tarifario o un pago por esa capacidad instalada que estimule a quien tiene una planta».
En todo lo anterior, junto con el abultado servicio de la deuda externa, está el origen de las escandalosas alzas tarifas, la reestratificación y el desmonte de los subsidios
Por si algo faltara, el gobierno se comprometió a trazar a gusto de los «inversionistas» el gasoducto central y su red de troncales, ahorrándoles entre 20% y 30% del costo de transporte del gas. Sin contar con lo antieconómico de concentrar la expansión casi solo en instalaciones movidas por gas, cuando contamos con uno de los potenciales hidroeléctricos más ricos del mundo, cercano a 100 mil megavatios, y unas enormes reservas carboníferas, mineral con el que se produce 47% de la electricidad que se consume en el planeta. La Sociedad Colombiana de Ingenieros calificó este esquema de «estrategia peligrosa» de crecimiento y pidió mayor participación para las técnicas a carbón.
Ya en 1992, en el seminario «La participación privada en sector eléctrico colombiano promovido por el banco Mundial y la Agencia Internacional de Desarrollo, se ordenó, aparte de «reubicación» de trabajadores, que el gobierno debía ceñirse conseguir financiamiento de largo plazo para estos proyectos garantizar la compra por las empresas públicas, de la energía producida por los inversionistas privados, permitiéndoles atender con holgura el pago de su deuda.
Abdón Espinosa Valderrama el connotado columnista de Tiempo, resumió así el conjunto de la situación: «Las nuevas disposiciones se proponían garantizar rentabilidad de las respectivas empresas, duela donde doliere.
Ante el disparadero de la privatización, la consigna tecnocrática y neoliberal ha sido hacerlas atractivas a la inversión privada, sin detenerse a considerar la suerte de usuarios y consumidores. Revisando la estratificación, se lograría el propósito de elevar calladamente las tarifas y maximizar su rendimiento».
Queda claro que la política imperial pretende desintegrar los sectores productivos que juegan un rol determinante en la estructura unitaria de la nación. Sobra decir que el sector se concentrará en un puñado de poderosos monopolios, y se desmejorarán aceleradamente la calidad y cubrimiento del servicio para los estratos más pobres y las regiones más apartadas.
La base legal de este proceso desintegracionista y privatizador fueron las leyes 142 y 143 de 1994 que, de acuerdo con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ordenaron romper la centralización en una sola empresa de las actividades de generación, transmisión y distribución. Impusieron dividir en dos a ISA, nuestro principal activo eléctrico, y ahora una de sus partes, ISA-Generación, será aniquilada con el absurdo regalo de Chivor. Igual suerte le deparan a la Empresa de Energía de Bogotá, que convertirán en un montón de compañías de generación, distribución, lectura de contadores y alumbrado, en las cual es ésta será socia minoritaria del capital extranjero.
La electricidad ha sido coto de caza predilecto de los organismos multilaterales de crédito, los conglomerados financieros, los monopolios de la ingeniería y la construcción, de los trusts proveedores de maquinaria y equipo. Buena parte de las angustias de numerosos países pobres se deben a las imposiciones imperialistas sobre este particular. En Colombia, una cuarta parte de la deuda externa se originó en ella. Los onerosos sistemas de privatización descritos, apuntan a exprimir a las naciones para su pago. Así sucede por doquier, desde Chile hasta Pakistán, desde Méjico hasta Malasia.
Al despojo de la propiedad estatal, a la desintegración de la infraestructura nacional, a la elevación de las tarifas y la supresión de los subsidios a los productores nativos y las masas populares, para entregárselos a las trasnacionales, los colombianos debemos responder acogiéndonos a las enseñanzas del altivo pueblo facatativeño.