Proteccionismo agrícola en EU: EL CURA PREDICA PERO NO APLICA

Por Raúl Fernández

La producción agrícola en los países capitalistas desarrollados ha contado históricamente con el apoyo de sus respectivos Estados, contrariamente a lo que se les viene exigiendo a las naciones débiles del resto del mundo.

Por ejemplo. Estados Unidos impulsa la investigación científica, construye obras descomunales de infraestructura, subsidia a sus productores y los protege de la competencia externa, en contraste con la apertura que le ha impuesto a América Latina.

Desde hace más de un siglo el gobierno de Estados Unidos lanzó un ambicioso plan de universidades dedicadas a respaldar el desarrollo agrícola. Una red de centros de este tipo se estableció por el país, entre los cuales destacaban los de Cornell, Michigan, Iowa, Minnesota, Ohio State y California. En estas universidades, y en sus anexos de extensión agrícola, se desarrollaron todo tipo de semillas, fungicidas, fertilizantes, nuevas variedades resistentes, arados y tractores, actividades que se intensificaron después de 1945, cuando Estados Unidos, al resumir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, entendió que sin el control de la producción alimentaria no podría dominar el mundo. Hace poco este autor tuvo la oportunidad de entrevistar a un científico de la Universidad de California, quien se encontraba atareadísimo con un proceso para desarrollar un nuevo tipo de arroz, que teniendo el mismo gusto y ‘pegosidad’ del típico arroz japonés, resultara de más crecimiento al cocerlo. Todo esto con miras a tratar de penetrar el mercado de Japón con un arroz sembrado en Estados Unidos. En la actualidad el tamaño de las grandes compañías agrícolas de Estados Unidos es tal que han desarrollado sus propios centros de investigación, por lo cual el papel -de las universidades no es ya tan importante, en términos relativos, como lo fuera por más de un siglo. No hay duda de que la supremacía de las gigantescas trasnacionales se debe en buena medida a un siglo de apoyo por parte del Estado. Sin embargo, los centros de investigación y extensión universitarios se mantienen activos.

Durante el siglo XX el gobierno federal de Estados Unidos ha auspiciado una serie de grandes proyectos de infraestructura, principalmente en California y otros estados del Oeste. La represa del río Colorado en Hoover Dam, la del río Columbia en Grand Coule Dam, no son sino dos ejemplos. Todas, o casi todas, las corrientes fluviales de los estados de Texas, California y Washington fueron controladas con el propósito de hacer productivo el desértico oeste norteamericano. La irrigación de los valles de California se hizo posible mediante el agua barata proveniente de una inmensa red de represas estatales. Por más de sesenta años su producción no sólo fue posible debido a estas obras sino que fue subsidiada con la provisión de agua de riego casi regalada. La Unión Europea ha entablado por muchos años litigios comerciales con Estados Unidos debido a este colosal subsidio a la agricultura californiana.
En Estados Unidos los subsidios se manifiestan de muchas otras maneras. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura gasta millones de dólares cada año en investigación y en abrir mercados para las compañías privadas. A principios de esta década, Campbell Soup recibió cerca de medio millón para hacer publicidad de sus productos. Todo patrocinado por el Programa de Promoción de Mercados del Departamento de Agricultura, que gasta cerca de doscientos millones de dólares anuales en dicha actividad. Empresas que reciben este subsidio incluyen también a Del Monte, Nahisco, Quaker y MacDonalds, lo cual permite a las diferentes compañías entrar con pie derecho a la competencia internacional, y, bajo la supervisión y apoyo económico estatal, promocionar ventajosamente sus productos.
Además, Estados Unidos aplica toda una serie de barreras para impedir el ingreso a su mercado de aquellos productos del agro que puedan competir con los suyos. En 1993 la Unión Europea dio a conocer un informe en el que detallaba dichas trabas: requisitos unilaterales de estándares de producción, de uso de pesticidas, a más de restricciones sanitarias y fitosanitarias.

Los gringos a menudo obstaculizan las importaciones con u n simple requisito, a saber, demandando una facturación extremadamente detallada de todos los estadios en la producción de un artículo agrícola, especificando el tipo, porcentaje, composición de cada uno de los fertilizantes, insecticidas y todo insumo utilizado, algo casi imposible de cumplir para la mayoría de los agricultores.

No es que las tarifas hayan desaparecido. Hace poco el Departamento de Agricultura aprobó un alza de ellas, inclusive contra un renglón tan ínfimo como son las escobas de paja producidas en México, país con el cual Estados Unidos firmó el cacareado Nafta, que supone la existencia del libre comercio entre sus integrantes. El mismo México no sabe cómo arreglárselas para venderles sus aguacates. La exportación estuvo paralizada por casi dos años después de la firma de dicho Tratado, mientras el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura gringo desarrollaba un programa de nueve requisitos, que incluyen inspección en territorio mexicano de plantíos y depósitos. Se espera que a partir de este mes sea posible la exportación, si es que los mexicanos pasan la prueba de los nueve requisitos. Sólo que esa exportación será permitida únicamente durante los meses de invierno, ¡cuando las matas gringas de aguacates no producen!

Otro problema que México confronta es el de las fresas. En Estados Unidos existe un programa de almuerzos escolares subvencionados por el gobierno federal. La ley exige que todo alimento proporcionado a los niños debe ser cosechado dentro del propio territorio de la Unión. La semana pasada, unas fresas congeladas distribuidas para ese programa resultaron estar contaminadas con el virus de la hepatitis B. De inmediato corrió la voz por todos los medios de que «las fresas habían sido cosechados en México». Aunque fueron procesadas en San Diego, California, en donde muy probablemente se haya originado la infección, la histeria apunta a liquidar la importación de ese producto desde el país vecino.

Hace cinco años ocurrió un caso similar con uvas traídas desde Chile, otro de los grandes amigos de Estados Unidos. Al llegar a Nueva York un barco cargado de uvas chilenas, los inspectores oficiales se limitaron a abrir un contenedor y a sacar un par de uvas, lo que bastó, según ellos, para desechar todo el cargamento, pues estaba contaminado con cianuro de potasio. Como es obvio, cundió el pánico y las importaciones se interrumpieron por varios meses, en beneficio de las uvas californianas. Para los gringos todo vale, cuando se trata de proteger su propia agricultura.

Si la cosa es así con su vecino, su socio comercial, firmante de un tratado de libre comercio, ¿cómo será con los demás? Hace tres años, en un informe sobre «desarrollo humano» de la ONU se reportó que las barreras de los países ricos hacen que sus mercados sean casi impenetrables para las exportaciones del Tercer Mundo. Decía el informe que estos obste culos les cuestan a los países pobres aproximadamente quinientos mil millones de dólares al año.

La lucha comercial entre las potencias es feroz y aquí los Estados juegan un papel crucial. Ejemplo: mientras Estados Unidos es prolijo en identificar violaciones sanitarias, fitosanitarias y otras, se molesta sobremanera cuando sus métodos de producción son cuestionados. Recientemente el gobierno de Clinton ha entablado una querella contra la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por la negativa de aquélla de importar carne de vacas inyectadas con estrógeno. En este país es rutinario implantar hormonas, principalmente estrógenos, en las orejas del ganado de engorde, lo cual le hace aumentar rápidamente de peso. Aunque el Departamento de Agricultura asegura que la práctica no es peligrosa, el procedimiento fue cuestionado por la Unión Europea, por lo que Estados Unidos le ha puesto un pleito. En fin, las medidas sanitarias son para los demás.

América Latina ha venido desmontando sus instituciones rurales para dar cumplimiento a la siguiente frase neoliberal: “Tanto mercado como sea posible y tan poco Estado como sea imprescindible,” pero como hemos visto, lo contrario sucede con la política proteccionista de Estados Unidos.