El 8 de agosto, Argentina amaneció semiparalizada a causa de una huelga de 24 horas convocada por la Confederación General de Trabajadores, CGT, contra la política económica aperturista del gobierno de Carlos Saúl Menem, quien asumió el poder en 1989. Se sumaron al llamado el Congreso de Trabajadores Argentinos, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la Iglesia, pensionados, comerciantes, pequeños y medianos industriales, agricultores y un pueblo empobrecido que reclama sus más elementales derechos: trabajo y pan.
De tiempo atrás los argentinos han librado importantes luchas, pero es la primera vez que el movimiento obrero unificado se pone a la cabeza de una protesta de tanta envergadura nacional.
Desastroso balance
Como Chile y Brasil, Argentina bajo la dictadura militar empezó a aplicar las políticas neoliberales. En 1976 abrió sus mercados a la competencia extranjera; decretó libertad de precios y de intereses bancarios, que se ubicaron más de diez puntos por encima de los internacionales, una tasa imposible de aguantar por los sectores productivos; eliminó subsidios, facilitó aún más la repatriación de capitales a las metrópolis y arrebató importantes conquistas laborales.
Las consecuencias no se hicieron esperar. En 1981 la economía decreció en 6.1%, se quebraron 1.886 empresas de capital nacional, la producción agrícola y ganadera se redujo a sus más bajos niveles, la balanza comercial registró un saldo en rojo de 3.500 millones de dólares, la tasa de desempleo se disparó.
En 1983, después de siete años de dictadura militar, fue elegido Raúl Alfonsín. La situación económica era caótica, la inflación comenzó a desbordarse y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron nuevos gravámenes que desestimularon la industria y el agro, congelaron los salarios, elevaron las tasas de interés y reemplazaron el peso por el austral. La inversión se redujo, los precios no dejaron de subir y el país entró en recesión.
En 1989, con una inflación de 5.000%, subió al poder un extravagante personaje: Carlos Saúl Menem. Al igual que sus homólogos Gaviria y Fujimori, adecuó las leyes a los dictados imperiales. So pretexto de llevar la inflación a cero, dolarizó la economía, con la consecuente congelación de los salarios, el incremento desproporcionado de las importaciones, la supresión de los subsidios y de toda medida estatal destinada a estimular la producción. En la actualidad, Menem y su recién nombrado ministro de Economía, Roque Fernández, pretenden reemplazar los acuerdos colectivos por el pago a destajo, eliminar la jornada de ocho horas, abolir las pensiones de privilegio, en fin, lo que cínicamente han llamado «flexibilización» y «modernización» laborales. Ya se privatizaron las empresas que quedaban en manos del gobierno; sólo faltan las hidroeléctricas y las plantas nucleares.
Las reformas en el país austral hacen parte de la estrategia de las trasnacionales encaminada a integrar a toda América Latina en un solo mercado. Ya crearon a Mercosur, con 200 millones de consumidores. Y proyectan el Safta, esto es, Área de Libre Comercio de Surámerica. Son pasos del plan norteamericano de recolonización, que abarca desde México hasta la Patagonia. La revista Time del 26 de agosto de este año lo describió gráficamente: «Para qué enviar manufacturas y productos a Nueva York y a los Países Bajos, cuando hay listo un mercado a sólo unos cientos de kilómetros».
Primer estallido
La protesta del pasado 8 de agosto se hizo sentir a lo largo y ancho del país. Hubo marchas y concentraciones en todas partes. En dos de las más importantes capitales de provincia, Córdoba y Mendoza, el paro fue un éxito. En la primera, que ya había sido testigo de violentos disturbios cuando sus pobladores se levantaron para rechazar las «políticas de ajuste» adelantadas por Menem y su anterior ministro de Economía, Domingo Cavallo, el cese de actividades fue total. En Mendoza los sindicatos, los gremios, los comerciantes, los industriales más afectados por las últimas medidas, paralizaron la ciudad.
Buenos Aires, cuya población sobrepasa los once millones de habitantes, vivió una histórica jornada. Cuando los manifestantes trataban de organizar las ollas populares en cuatro de las principales plazas de la-capital, la policía federal arremetió contra ellos. Atropelló incluso a mujeres, ancianos y niños, y detuvo a varios de sus dirigentes, pero no logró acallar la protesta.
El miércoles 7, casi un millón de personas se congregaron en la capital para rezarle a San Cayetano, patrono del trabajo, y pedirle lo que el gobierno les niega: empleo. La Iglesia, que respalda las manifestaciones, afirmó a través del obispo Antonio Quarracino, que la desocupación trae hambre, amargura y desórdenes, y que atenta contra la dignidad del ser humano.
El paro fue la respuesta a las últimas disposiciones tomadas por Cavallo, a quien Menem había destituido días antes tratando de apaciguar el creciente descontento. Este nuevo paquete de medidas incluyó mayores impuestos, redujo las asignaciones familiares, al ser gravados los tickets que forman parte del salario y permiten la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad; eliminó los subsidios para los pensionados en las tarifas de servicios, transporte y arrendamientos, y disminuyó en 20% el presupuesto de salud para los mismos.
Roque Fernández, ex presidente del Banco Central, quien reemplazó a Cavallo en el Ministerio de Economía, se reunió unos días antes del paro con los asesores del FMI, para garantizarles la continuidad del modelo neoliberal y aperturista.
Durante las negociaciones, el FMI exigió reducir la evasión fiscal e incrementar el impuesto a los combustibles, ampliar el gravamen del IVA, elevar el transporte, envilecer aún más el precio de la mano de obra, gravar los salarios y disminuir el costo pensional aumentando la edad de jubilación de las mujeres a 65 años para igualarla con la de los hombres.
A las provincias que, por disposiciones vigentes, debieron asumir el mayor peso de los costos de infraestructura, educación, salud y servicios públicos con el señuelo de otorgarles mayores transferencias del presupuesto nacional, ahora se les pretende negar lo que les correspondería de los ingresos provenientes de la mencionada reforma. Esto ahonda las contradicciones entre las provincias y el gobierno central, fomentando tendencias separatistas.
Tales políticas acentuarán la recesión, provocando el despido masivo, en un país en el cual el desempleo bordea la escandalosa cifra del 20%, y pauperizarán en mayor medida a las masas laboriosas.
Al reciente paro le seguirán muchos más. La CGT anunció una nueva batalla, para la cual sólo falta concretar la fecha, porque la capacidad de maniobra de Menem y la paciencia del pueblo se agotan. En Argentina, que en la década de los veinte, junto con Ucrania, fue el mayor abastecedor de cereales del mundo y actualmente es el cuarto productor de carne, se ven escenas dantescas como la de humildes familias comiendo gatos para no morir de hambre, y a desempleados y jubilados en la concentración de Buenos Aires, disputándose con los perros la comida, cuando la policía cargó contra la multitud y arrojó al suelo las ollas populares. Tal es el grado de miseria al que Menem ha conducido al pueblo argentino.
La nación gaucha, al igual que el resto de sus hermanos de América Latina, sólo alcanzará la plena soberanía y el bienestar derrotando al imperialismo y sus políticas neoliberales al calor de batallas como las que se libraron en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y las ciudades de la pampa el pasado 8 de agosto.