Coordinados por el Comité Intergremial por la Defensa de la Economía y el Desarrollo Regional del Caquetá, los pobladores de Florencia adelantaron el 23 de agosto una vigorosa protesta para reclamar medidas de alivio a la agobiada economía local. A ésta se sumaron la Asamblea, concejales, ganaderos, comerciantes, sectores educativos y otras fuerzas sindicales. El gobierno respondió presentando denuncias penales contra los dirigentes políticos y populares, bajo la pérfida acusación de «instigación al terrorismo». Entre los líderes perseguidos figuran Alonso Orozco, presidente de la Unión de Usuarios de los Servicios Públicos, Omar Varón, diputado elegido por el Movimiento Caquetá es Colombia, la destacada abogada liberal Lucrecia Murcia y Claudio Pabón, secretario de la Asociación de Institutores del Caquetá. El rechazo a tal atropello ha sido generalizado en la región. También el senador del MOIR, Jorge Santos, se pronunció condenando la persecución.