Edgar piñeros
La corriente de la historia es incontenible, a mayor tiranía del imperio crece la resistencia que le ofrecen los pueblos. Tal es la paradoja de la ley Helms-Burton que, al arrogarse Estados Unidos la facultad de sancionar a cualquier empresa que invierta en Cuba, levantó el franco rechazo del continente americano, de la Unión Europea y de muchos otros Estados del mundo.
La decisión autoriza a las compañías norteamericanas para promover acciones judiciales contra personas y entidades que comercien con propiedades confiscadas por la revolución cubana. Las normas prohiben, además, a los nacionales de Estados Unidos, a los extranjeros residentes y a cualquier agencia norteamericana hacer préstamos a terceros para ser destinados a transacciones sobre propiedades confiscadas en la Isla y que sean reclamadas por algún ciudadano de la superpotencia.
Otras medidas son condicionar el apoyo a las antiguas repúblicas que integraron la URSS a que su comercio con la Isla se haga a precios del mercado; la oposición a que Cuba sea admitida en instituciones financieras internacionales y la reducción de ayuda a la entidad que apruebe créditos en su favor. Se pretende asimismo convertir en ley permanente los decretos y reglamentos que existen sobre el embargo para impedir que sean levantados por el presidente, y se solicita a éste que adelante en la ON U un bloqueo más amplio contra el Estado caribeño.
En el terreno político se da patente de corso a la Casa Blanca en su intento por implantar en Cuba un gobierno sumiso a los intereses de Washington. Para lograr este objetivo se financiará a grupos disidentes y será retirada la actual dirigencia, el Partido Comunista tendrá que ser ¡legalizado y se constriñe a la OEA a crear un fondo de US 5 millones con el fin de destacar en el país inspectores de derechos humanos. El nuevo gobierno convocará a elecciones y su administración será vigilada por Estados Unidos. Sería el regreso a la abominable época de la Enmienda Platt.
La arrogancia imperialista
Las disposiciones, decretadas por el Congreso y aprobadas por Clinton el pasado 12 de marzo, buscan intensificar el asedio norteamericano contra Cuba, iniciado desde 1960. El cerco a las naciones, que en el caso cubano ha significado prolongados sacrificios, ha sido siempre un arma del imperialismo para abrirles las puertas a las trasnacionales. La soberanía de las repúblicas es un estorbo para los piratas del gran capital, cuya supervivencia depende justamente del saqueo. Estados Unidos afianzó su prepotencia gracias a la extinción de la URSS a comienzos de los años noventa, y así pudo expedir en octubre de 1992 la Ley Torricelli, que impone sanciones a otros países y a las empresas gringas que hagan negocios con Cuba.
Panamá y Haití fueron encerradas militarmente, ocupadas y obligadas a aceptar gobiernos impuestos por la gran potencia; en ambos casos el ejército fue disuelto, un medió previsto en los planes hegemónicos para debilitar la defensa de las naciones. Por supuesto, todo esto cuenta con la bendición y las enseñas de la ONU y la OEA.
Resulta claro que la recolonización fraguada por Washington va más allá del mar Caribe, puesto que no reconoce fronteras en ningún país del continente. Si en el siglo pasado azuzaron la consigna ¡Cuba está en venta!, hoy la conjura es aplicarla a toda América Latina.
Pugna por el hegemonismo
Pero el capital norteamericano se ha enzarzado con rivales que le disputan la supremacía en el mercado mundial, la Unión Europea y Japón. El 5 de agosto de 1996 Clinton había firmado la Ley D’Amato, por la cual el imperio se reserva la facultad de sancionar a cualquier empresa del planeta que tenga intereses en el gas o el petróleo de Irán o Libia, siempre que la inversión fuera superior a US 40 millones en el año. La Unión Europea, que tiene compromisos comerciales con ambos países, denunció las normas como extraterritoriales y contestó con un reglamento antibloqueo. Éste les reconoce a los empresarios europeos el derecho de acudir ante los tribunales de la Comunidad parta reclamar cualquier suma que otra compañía haya obtenido por sentencia de la justicia yanqui. El presidente norteamericano fue notificado por los europeos de las medidas que pueden tomar contra los capitalistas de ese país, como la congelación de fondos y la cancelación de visas.
En el caso de la Helms-Burton, la Unión Europea expidió un cuerpo de normas para proteger a las firmas de la Comunidad que desoigan a Estados Unidos. Canadá ofrecerá a sus empresas que sean condenadas una acción recíproca para llevar ante la jurisdicción canadiense a las compañías estadounidenses que se lucraron con la Helms-Burton. La respuesta hizo que Clinton aplazara la entrada en vigor de las disposiciones hasta el 1° de febrero de 1997.
Hacia el futuro la pugna por el dominio del comercio mundial será más encarnizada, pues cada vez que Estados Unidos aísla a un país sus rivales acuden a hacerle competencia. Y frente a lo anterior, la gran potencia se ve forzada a colocarles barreras a unos y otros, violando para eso los mismos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y del Tratado de Libre Comercio (Nafta).
Cuba y la inversión del capital internacional
Con el hundimiento de la Unión Soviética, se acabó la financiación que recibía el gobierno de Castro como contraprestación a su papel de condotiero. La «ayuda» soviética mantuvo a la Isla en el atraso y la dependencia, y ahora el cerco norteamericano pretende acentuar tan difícil situación.
La Constitución cubana fue reformada en agosto de 1992 con el objeto de permitir que los particulares, nacionales y extranjeros, desarrollen actividades económicas antes reservadas al Estado y facilitar la formación de empresas mixtas y sociedades comerciales. Ahora el Estado sólo es propietario de los medios fundamentales de producción, se abandona la planificación centralizada y se crean empresas oficiales de autogestión. Sobre esta base, en septiembre de 1995, el gobierno expidió la Ley de Inversión Extranjera.
Esta última autoriza también el funcionamiento de empresas de capital totalmente extranjero y reconoce los contratos de asociación económica internacional. Se permite la inversión privada en todos los renglones de la economía, salvo en educación, salud y defensa, pudiéndose adquirir la propiedad sobre inmuebles o invertir en ellos. En el caso de empresas extranjeras, los trabajadores son contratados a través del Estado, que asume la seguridad social y las prestaciones. La eficiencia económica se consagra como guía de la acción empresarial. Se institucionalizan las zonas francas y los parques industriales, y se legaliza el trabajo por cuenta propia en algunos servicios, lo mismo que la tenencia de dólares. Se gravan con impuestos los servicios públicos. En el sector agrario ya se había restablecido el «mercado campesino», sujeto a la oferta y la demanda, y ahora se crean las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, empresas no estatales en las que se entrega en usufructo la tierra a los trabajadores y el producto queda como propiedad de la cooperativa.
En la actualidad los sectores de la economía donde hay mayor inversión foránea son turismo -70% del cual es de capital extranjero- petróleo, níquel, telecomunicaciones y agricultura, con dineros de Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México, en un volumen total cercano a los US 2.000 millones. En la actualidad funcionan más de 500 trasnacionales.
Estos hechos demuestran cómo se ha venido aplicando la apertura de Cuba al capital extranjero.
La lucha contra el neocolonialismo
La patria de Martí inicia el siglo XX convertida en neocolonia de Estados Unidos, luego de que el imperio, en 1901, la sometiera con la Enmienda Platt, que desconocía su autodeterminación, y se apropiara de su producción económica. El movimiento independentista había culminado su gesta con la derrota del ejército español en 1898, pero la potencia recién nacida usurpó el triunfo, ocupó la Isla y le impuso un gobernador militar. De este modo, la creciente penetración del capital yanqui tuvo allanado su camino hasta la llegada misma del movimiento revolucionario.
El panorama económico de Cuba en los años que precedieron al triunfo del Movimiento 26 de Julio era de un absoluto predominio del capital gringo. Controlaba energía, ferrocarriles, teléfonos y refinación de petróleos; monopolizaba la explotación de manganeso, hierro, cobre y níquel y acaparaba el comercio y la hotelería. El 47.5 de las tierras dedicadas al cultivo de azúcar eran propiedad de firmas norteamericanas.
Pero el 1° de enero de 1959 Cuba derrotó al imperialismo y tomó medidas para consolidar el gobierno revolucionario. En mayo la Ley de Reforma Agraria puso límites a la propiedad rural, con lo cual se afectaron los intereses extranjeros y de la burguesía cubana, y se traspasó al dominio del Estado 40% del área agrícola. Para 1963 sólo eran privadas las extensiones menores de 67 hectáreas.
En julio de 1960 fueron confiscadas las propiedades de la Texas, la Esso y la Shell, a lo cual Eisenhower replicó con la terminación de las importaciones de azúcar. En octubre del mismo año el gobierno cubano nacionalizó 382 empresas, entre las cuales estaban incluidas entidades bancarias, refinerías, molinos de azúcar, hoteles y aseguradoras, y firmas como Sears, General Electric, Coca Cola y Remington Rand.
En enero de 1961 se produce la ruptura de relaciones diplomáticas. El imperio, que había amasado grandes fortunas con el sudor del pueblo cubano, ahora las perdía irremediablemente.
De ahí para acá la agresión norteamericana ha sido permanente en la búsqueda de recuperar sus inversiones. Para ello pone sitio no sólo a Cuba sino a todos los países de América, pues su suerte es expoliar para sobrevivir. He ahí el secreto de la Helms-Burton.
Este atropello es una prueba para la defensa de la autodeterminación de las naciones de América Latina. Y si no la hacen los gobiernos, la harán los pueblos.