En períodos electorales como el que está viviendo actualmente el país, la demagogia del gobierno en relación con el supuesto «sistema democrático» imperante aumenta en volumen y en intensidad. El Presidente de la República se vanagloria de su «irrevocable decisión de ser absolutamente imparcial en el debate», y su ministro de la política no se cansa de afirmar que «nadie puede quejarse válidamente de haber visto coartadas sus garantías» en este campo. Los jefes del liberalismo y del conservatismo, mientras se ocupan del reparto del botín, se unen al coro de las alabanzas. La gran prensa, al igual que las cadenas de radio y de televisión, muchas de ellas en manos de los propios candidatos, dedican extensos comentarios a elogiar la «pureza del sufragio» y el comportamiento de las autoridades. A cerca de 14 millones de colombianos en edad de votar, y que en su inmensa mayoría están acorralados por el desempleo, la miseria, la ignorancia y la falta de servicios, se les pretende hacer creer que son los ciudadanos libres de una nación en donde se consulta, se respeta y se acata la voluntad popular.
Sin embargo, los comicios del 14 de marzo demostraron una vez más que convertirse en carne de urna de las banderías oligárquicas, cada dos o cuatro años, es prácticamente el único derecho que en las elecciones el régimen le garantiza al pueblo colombiano. Aunque en ninguna época de la historia del país las clases trabajadoras han logrado hacer valer sus intereses por medio de los votos, nunca como ahora había quedado tan patente el carácter antidemocrático, corrupto y fraudulento de las elecciones. Crece la audiencia de los que piensan que éstas han sido concebidas, diseñadas y reglamentadas para que la tiranía liberal-conservadora se perpetúe en el Poder; para que sólo consigan sufragar con «garantías» los sectores acomodados de la población y quienes quieran hacerlo por los dos partidos tradicionales, y para que la dictadura del capital financiero y de los grandes terratenientes, ducha en el manipuleo de los escrutinios, pueda ser presentada ante el mundo con un cierto barniz republicano.
El despotismo jurídico
Las recientes modificaciones a las normas electorales que rigen en Colombia fueron «concertadas» en el Palacio de Nariño, a principios de 1979, durante el curso de una serie de reuniones confidenciales entre el presidente Turbay y los jerarcas de la coalición de gobierno. En su elaboración participaron reconocidos voceros de Alfonso López Michelsen y Alvaro Gómez Hurtado, y su espíritu es el mismo que permitió la victoria de Misael Pastrana en 1970, cuando el actual patrono de la candidatura de Luis Carlos Galán perpetró uno de los fraudes más escandalosos de la historia patria.
La Ley 28 de 1979 y su complementaria, la 85 de 1981, reeditaron casi todos los reglamentos arbitrarios de la legislación anterior, expedida en 1916, y establecieron algunas disposiciones nuevas tendientes a incrementar los viejos privilegios de las camarillas políticas. La Corte Electoral, por ejemplo, el organismo que tiene a su cargo la máxima inspección y vigilancia de los comicios, fue integrada por cuatro magistrados liberales, cuatro conservadores y apenas un representante del movimiento que obtenga el tercer puesto en los guarismos. Dichos magistrados, a su vez, son escogidos por otros magistrados, los de la Corte Suprema de Justicia, una entidad que se ha venido cooptando a sí misma desde hace varias décadas y que también está compuesta, paritariamente, por miembros de los dos partidos. De las decisiones que en materia de sufragios puedan tomar estos señores, por consiguiente, cabe esperar cualquier cosa menos imparcialidad y pulcritud.
Asimismo, el estatuto legal sancionado por el régimen turbayista dispone que cerca de 420 mil jurados de votación de todo el país, funcionarios públicos en la mayoría de los casos, sean designados con base en una lista de candidatos que los directorios del liberalismo y del conservatismo pueden enviar a las registradurías. Algo similar ocurre con los delegados de la presidencia, de las gobernaciones, de los alcaldes y registradores del Estado Civil, y con los claveros que abren y cierran los candados de las arcas triclaves. A todo lo anterior hay que agregar el increíble anacronismo de los escrutinios, de los métodos manuales de inscripción, de cedulación y de conteo de las papeletas, y los múltiples procedimientos adicionales de que se valen los altos mandos del sistema con el objeto de amañar los resultados.
Por otra parte, en una carta que dirigió a la junta de parlamentarios liberales reunida en Bogotá el pasado 24 de marzo, el ministro de Gobierno propuso un nuevo paquete de reformas que contempla la exigencia de un residuo electoral calificado, lo que perjudica todavía más a las agrupaciones políticas de los oprimidos. No es difícil concluir, en estas circunstancias, que los comicios están hechos para que el régimen conserve en sus manos todas las palancas decisorias, es decir, para que elija el que escruta.
El imperio de las maquinarias
Las leyes que regulan el proceso del sufragio entre nosotros, quizás las más atrasadas y antidemocráticas de América Latina, constituyen apenas uno de los tantos instrumentos utilizados por las clases dominantes, según su voluntad y sus necesidades, para mantener las riendas del Poder. Es por fuera de los códigos, empero, donde se esconde el secreto de las sucesivas victorias liberales y conservadoras en las urnas, y es también por fuera de ellos donde hay que rastrear la verdadera historia de las elecciones del 14 de marzo.
Durante la campaña que culminó en esta fecha no se prestó ningún servicio importante del Estado sin la previa intención de incidir en el terreno de los votos, y numerosas dependencias, bienes y hasta dineros públicos se pusieron a disposición de los partidos que contaban con respaldo oficial. La manifestación de López Michelsen en Barranquilla, el 18 de febrero, se organizó desde el despacho del gobernador del departamento, que decretó la tarde libre para sus empleados y permitió que sucediera lo mismo en entidades como Puertos de Colombia, Cajanal, las alcaldías de los pueblos vecinos y la División de Tránsito y Transporte. El Movimiento de Renovación y Acción Liberal, Moral, que acaudilla el presidente del Senado, Gustavo Dáger Chadid, y que en Sucre controla de manera hegemónica la administración municipal de Sincelejo, la Caja Agraria, el Insfopal y el lncora, consiguió una buena parte de su electorado con el ofrecimiento de créditos, acueductos, sanitarios y títulos de propiedad para los campesinos pobres. El cuerpo de bomberos de Cali colocó los pasacalles de Carlos Holmes Trujillo. La Secretaría de Educación del Tolima, bajo el dominio del actual ministro de Salud, cuyo hijo encabezaba una lista para la Cámara de Representantes, repartió millares de formularios prometiendo cupos en el magisterio a cambio de cierta cantidad de papeletas por puesto. El contralor General de la República ordenó que cientos de subalternos suyos inscribieran sus cédulas para votar en el Cesar, donde su hija María Cleofe Martínez de Mesa, mejor conocida como «La Coco», aspiraba al Congreso, y después de haberla elegido dispuso que los ocho mil empleados liberales a su cargo compraran «voluntariamente» los denominados «Bonos de Paz», de diferentes precios y tamaños, para ayudar a financiar los gastos de la campaña lopista. Todo el país se escandalizó con la noticia del barrio Diana Turbay, al suroriente de Bogotá, una urbanización pirata patrocinada por el burgomaestre y el ministro de Gobierno para reclutar prosélitos entre sus humildes moradores, y con las andanzas de otro de los hijos del Ejecutivo, Julio César Turbay Quintero, quien aparecía al lado de su esposa en las planchas oficiales de dos municipios de la Sabana. Las alcaldesas de ambas localidades -y no por simple coincidencia- eran parientas políticas de la familia presidencial.
Pero en la «fiesta cívica» del 14 de marzo, como la llamó un editorial de El Tiempo, sucedieron cosas aún más aberrantes. La oligarquía liberal-conservadora desperdigó a sus capataces por todos los rincones de Colombia para traficar con la miseria del pueblo intercambiando votos por dinero, becas, lotes, útiles escolares, quintos de lotería, botellas de ron, medicinas, ropa, o simplemente por algo de comer. En el corregimiento de Pie de Pató, Chocó, donde la mayor parte de la población padece hambre física, los seguidores del senador Jorge Tadeo Lozano sacrificaron un cerdo en la calle y canjearon trozos de carne por cédulas de ciudadanía. Luis Guillermo Giraldo, uno de los máximos dirigentes del lopismo en el departamento de Caldas, repartió presas de pollo el día de las elecciones, en pleno centro de Manizales, envueltas en papel impreso con el lema central de su candidatura: «Luis Guillermo sí sabe servir». La ex ministra del Trabajo del Mandato Claro, María Helena de Crovo, en competencia por una curul a la Cámara en Cundinamarca, anunció por medio de cuñas radiales que en la sede principal de su movimiento se hacían consultas odontológicas gratis. En la Alcaldía de Riohacha se distribuyeron solicitudes de trabajo para las obras de El Cerrejón a cambio de apoyar las listas del senador Eduardo Abuchaibe Ochoa, propietario de cuatro emisoras en la Guajira, y su colega Víctor Renán Barco obtuvo más de 15 mil votos en La Dorada, Caldas, especulando con la falta de techo de los indigentes.
Vale la pena reseñar este último caso porque el «honorable senador» Barco, ministro de Justicia durante la administración López Michelsen, se ha especializado en el arte de ganar las elecciones mediante la estafa y la coacción. Con aportes del ICT, del municipio y algunos auxilios parlamentarios, el referido congresista mandó a construir en La Dorada tres barrios populares con un total aproximado de cuatro mil «soluciones de vivienda». Las casas que se entregan sin sanitario, sin alberca, sin títulos de propiedad y en obra negra, se adjudicaron a razón de cinco votos por familia, como mínimo, y un arriendo de 50 pesos mensuales. Los formularios de inscripción podían retirarse en cualquiera de las oficinas de los once concejales barquistas de la localidad. Los «favorecidos» estaban obligados a firmar una hoja de papel sellado en blanco a la entrega de su nuevo domicilio, y el 14 de marzo tenían que comparecer con su cuota fija de sufragantes si no querían ser arrojados a la calle.
Si bien es cierto que la compra de votos, el gamonalismo, el uso del aparato del Estado para producir determinados veredictos, las presiones económicas y otras prácticas por el estilo han desempeñado siempre, aun en los períodos más «democráticos» de la vida nacional, un papel determinante en el triunfo de los favoritos del régimen, el 14 de marzo quedó claro que solamente así, a través de estos métodos escabrosos, es posible ganar en el país unos comicios. Aunque a ellos recurrieron, fundamentalmente, las facciones gobiernistas y sus connotadas figuras, López Michelsen y Belisario Betancur, no fueron del todo ajenos a estas trapisondas los señoritos del Nuevo Liberalismo y los carcamales del Partido Comunista de Colombia. Este último pactó alianzas con Luis Carlos Galán en once departamentos; respaldó a candidatos del oficialismo en Atlántico y Chocó, y en Bogotá, Cali, Barranquilla, Armenia y otras ciudades participó en la pesca de sufragios con la carnada de otorgar vivienda a los necesitados. El segundo plan de casas del barrio Manuela Beltrán, en la capital del Quindío, promovido por concejales mamertos, fue inaugurado poco antes del 14 de marzo con asistencia del gobernador y de los altos mandos militares.
Dinero, fraude y represión
Fuera del poder económico que les permite comprar el apoyo de la prensa, la radio y la televisión, los jefes del bipartidismo están en capacidad de alterar el resultado de las urnas utilizando los procedimientos más insólitos. El 14 de marzo a las tres de la tarde, una hora antes de que terminaran las elecciones en Barranquilla, el senador José Name Terán, pilar insustituible del lopismo en la Costa Atlántica, sabía con precisión matemática cuál era el número de sobres depositados a favor suyo, y de sus diversos candidatos al Concejo, en cada una de las mesas de votación de la ciudad, y por medio de un sofisticado sistema de radioteléfonos podía indicar exactamente dónde había que aumentar, o disminuir, el flujo de sus adherentes. El mismo padre de la patria declaró ante una reunión de periodistas, la semana anterior a los comicios, que en los múltiples comandos de su movimiento se encontraban reseñadas las cédulas de 75 mil personas. En Magangué, al sur de Bolívar, con 33 corregimientos distantes y de difícil acceso, las tarjetas para testigos electorales se expidieron en el casco urbano a las cinco de la tarde, con el objeto de impedir que muchos de éstos asistieran al conteo. Jorge Eliécer Barlisa, dirigente del Partido Liberal en Riohacha, fue detenido con una maleta llena de registros de inscripción que llevaba para la Alta Guajira, donde a la población indígena la encierran en corrales y la embriagan antes de arrastrarla a votar.
Al mismo tiempo, las agrupaciones revolucionarias se ven amenazadas permanentemente por la fuerza pública, y el electorado que no esté dispuesto a sufragar por las dos colectividades tradicionales debe someterse a interminables requisas, hostigamientos y atropellos, cuando no se le obstaculiza mediante mil triquiñuelas el acercamiento a las urnas, principalmente en provincia. Con la venia del gobierno, los monopolios de buses entregan sus vehículos a los caciques liberales y conservadores, que sólo movilizan en las grandes ciudades a sus huestes cautivas, mientras los militantes, activistas y simpatizantes de los partidos proscritos no tienen cómo transportarse. Los candidatos del MOIR a los concejos municipales de Pradera, Sahagún, Popayán, Villavicencio, Yopal, Garagoa, Tibú y Neira, entre otros, fueron encarcelados en el curso del debate; igual suerte corrieron centenares de compañeros y amigos por el delito de pegar afiches, asistir a una manifestación o promover reuniones públicas, y dos camaradas del Partido, Oscar Restrepo y Francisco Foronda, perecieron vilmente asesinados en el Magdalena Medio.
Por todo lo expuesto, los destacamentos más avanzados del proletariado colombiano, cuando concurren a los comicios en las condiciones de un país como Colombia, no lo hacen porque alienten ningún tipo de ilusiones acerca de la tramoya electoral. Su única razón estriba en denunciar al régimen, difundir su pensamiento revolucionario y acumular fuerzas para que en el futuro, tras el derrocamiento de los enemigos del pueblo, éste pueda gozar de una verdadera democracia, que no será otra que la dictadura de los trabajadores sobre la minoría parasitaria.