El cultivo de algodón es uno de los más importantes de la economía nacional. Llegó a cerca de 480.000 toneladas de algodón–semilla y generó divisas por 113 millones de dólares en su mejor cosecha. Y si aceptamos que el cultivo requiere en promedio la dedicación de un hombre por hectárea, encontramos que en el año de 1977 el algodón dio empleo directo a cuatro centenares de miles de personas, además de incidir sobre distintas, actividades como las de agroquímicos, maquinaria, mecánica, transporte, empresas de aviación, sector financiero, comercio, empleos institucionales, etc. A su vez la industria algodonera ha cubierto, desde 1960, prácticamente todos los requerimientos de las ramas textil y de grasas y aceites, con producciones de fibra y semilla hasta por un valor de 12.079 millones de pesos en un año, cifra nada despreciable para nuestra débil economía nacional.
Regiones importantes del país vivieron el impacto del desarrollo de este cultivo que convirtió a Colombia, desde hace 20 años, de importadora en exportadora de algodón. Poblaciones y zonas como Becerril, Codazzi, Bosconia y Casacará, en el Cesar; San Juan, Villa Nueva y Fonseca, en la Guajira; Cereté y San Pedro, en Córdoba y Sucre; Puerto López y Granada, en el Meta; Espinal, Armero y Natagaima, en el Tolima, vieron sus calles colmadas de tractores y camiones. Miles de cosecheros atravesaron el país del interior a la Costa y de la Costa al interior para recolectar la blanca mota que luego, en caravanas interminables de vehículos, sería conducida a las plantas desmotadoras y después, en pacas, entregada a las compañías textileras o puesta en los barcos para su exportación. Miles de hectáreas fueron arrancadas a la selva o a las ciénagas y convertidas en productivas empresas agrícolas. El oro blanco llevó prosperidad a doce departamentos colombianos. Y hasta un enjambre de bares y cantinas abrió sus puertas al jolgorio en los diferentes municipios. Pero ese auge se interrumpió bruscamente en su mejor momento, 1977.
Empieza la ruina
En 1977 se sembraron 115.000 hectáreas de algodón en el interior del país (Meta, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca) y 283.015 en los departamentos de la Costa Atlántica, cifras no alcanzadas antes en Colombia. La espectacular marcha algodonera vino a estrellarse contra una serie de obstáculos y errores que marcó el comienzo de la crisis generada desde aquel año, y que hoy presenta una situación desoladora; cantidad de pequeños y medianos agricultores quebrados y sacados de sus fundos; multitud de asalariados cesantes entre tractoristas, choferes, raleadores, cosecheros, innumerables empresas de fumigación, de mecánica y de expendio de insumos, retiradas del mercado, y profesionales sin trabajo. Todos mirando cómo la bancarrota se propaga y cómo las medidas del gobierno lo único que hacen es prolongar la agonía y si acaso despertar un poco de esperanza en los más ilusos.
Veamos las causas:
1. La errática política oficial que, a través de una serie de resoluciones de los Ministerios de Agricultura, Salud y Hacienda y de la Junta Monetaria, afectó de diversas formas la industria algodonera.
2. La disminución de los precios internacionales del algodón desde 86 centavos de dólar por libra en puerto de Liverpool (promedio en marzo de 1977), a 59 centavos en diciembre del mismo año.
3. La escasez y la baja calidad de los agroquímicos, lo cual hizo necesario un número desmesuradamente alto de aplicaciones de insecticidas inadecuados que rompieron el equilibrio biológico y aumentaron la resistencia natural de las plagas.
4. El comportamiento climático anormal que afectó seriamente el cultivo.
5. Las constantes e inmoderadas alzas de los agroquímicos, de la maquinaria y los repuestos, del transporte y el combustible, cuyos suministros están, fundamentalmente, en manos de los monopolios imperialistas.
Resultados inevitables de los cinco factores anotados fueron la baja en la productividad, el aumento de los costos y las pérdidas cuantiosas que sufrieron los algodoneros. El rendimiento nacional disminuyó de 1.350 kilogramos por hectárea, promedio de las cosechas anteriores durante más de 20 años, a 924. Los costos del cultivo subieron a 36.866 pesos por hectárea, con un incremento del 34 por ciento. El precio pagado al agricultor colombiano descendió en cambio en un 14 por ciento. En 1977 todo ello causó, según la estimación de las agremiaciones, pérdidas para el país por un valor de 6.000 millones de pesos y para las asociaciones un déficit de cartera de 1.600 millones por la venta de insumos a los agricultores.
Pidiendo oxígeno
Los algodoneros elevaron repetidas solicitudes al gobierno para que les arrojara una tabla de salvación. Proponían la refinanciación de 83.100 millones a cinco años, mientras el sector absorbía el resto. Pedían asimismo una serie de medidas como el restablecimiento del CAT al nivel del 12%; la eliminación de los gravámenes en el certificado de cambio algodonero; la compensación de precios a la exportación; el control de la importación de aceites comestibles con el fin de proteger la producción nacional de oleaginosas y la fijación de precios internos para la fibra y la semilla en relación con los costos de producción, amén de otras medidas de orden cambiario y tecnológico. Esto permitiría, según las agremiaciones, rehabilitar al agricultor y oxigenar de nuevo la actividad.
Las disposiciones del gobierno constituyeron simples paliativos proyectados a corto plazo. Para los agricultores que demostraran pérdidas se estipularon préstamos del Fondo Financiero Agropecuario por 1.200 millones de pesos, con plazos de dos años e intereses del 9%. Para las agremiaciones, refinanciación por Proexpo de 680 millones al 10% anual, plazo de 24 meses y amortización a partir del décimoquinto mes. Se incrementó el CAT del 1% al 5% y se fijó un mecanismo de compensación para las exportaciones de algodón del 2% del valor FOB de éstas (estimulo que fue ampliado al 10% en junio de 1978).
Si bien Federalgodón dice que “se le planteó al gobierno nacional que el tamaño del desastre requería de medidas más de fondo, acordes con la envergadura de la crisis”, la realidad es que el Estado no puede brindar solución para los productores; porque sencillamente no representa los intereses nacionales sino los del saqueo imperialista, y ha beneficiado y seguirá beneficiando a los grandes monopolios extranjeros y a la gran burguesía importadora que recogen siempre los frutos de las medidas oficiales. La demora en la aplicación de las discutibles disposiciones buscaba además golpear a los débiles y beneficiar a los que lograran sobrevivir, que, indudablemente, eran los grandes algodoneros, dándose así una gran concentración del cultivo y del control de las agremiaciones.
Especulación de los financistas
Se puede resumir lo ocurrido en las posteriores cosechas, del 78 al 80, con lloriqueos del presidente ejecutivo de Conalgodón, Hugo Mazuera Erazo, en su carta del 9 de junio de 1981 al ministro de Agricultura: “En la cosecha de 1977 los algodoneros sufrieron su mayor crisis desde cuando Colombia se convirtió en exportador neto de este producto. A esta crisis se le dieron soluciones que contemplaron refinanciaciones de crédito, a personas naturales y a las asociaciones de productores, a un plazo excesivamente corto en relación con su cuantía y con la esperada rentabilidad del cultivo. En esta forma la situación financiera de los agricultores y sus agremiaciones quedó seriamente comprometida para las siguientes cosechas, al tener que adicionar a sus crecientes costos de producción las obligaciones por crédito refinanciado a 1, 2, y 3 años.
“En 1979, la cosecha también fue desfavorable y los ingresos no alcanzaron a cubrir los costos de la producción. La cosecha de 1980 fue favorable en cuantía comparable con las pérdidas que nuevamente se han presentado en este año de 1981. En verdad esta crisis que vivimos ahora tal vez no justifica, por sí misma, la concurrencia del gobierno para ayudar a superarla, pues el algodonero conoce que sus actividades son de alto riesgo y está dispuesto a acudir a sus reservas para probar suerte cultivando otra vez. Pero en esta ocasión las pérdidas de la última cosecha han encontrado a los algodoneros y a sus asociaciones sin reserva, con su capacidad de endeudamiento saturada, con deudas vencidas o de inmediato vencimiento, sin posibilidad de ser atendidas, en razón de la carga que arrastran desde 1978.
“Los cultivadores recibieron financiaciones de corto plazo para sus deudas de 1977, que pronto se convirtieron en préstamos de cartera ordinaria con altos intereses”.
A pesar de las peticiones y de las lamentaciones, los agricultores cayeron en las garras del capital financiero. Así tenemos por ejemplo que los gremios algodoneros presentan actualmente pasivos con Proexpo que superan los 1.500 millones de pesos, auque han cancelado 612 millones de capital y 711 millones de intereses, cifras en conjunto superiores a la deuda original. De otro lado, la cuenta de los afiliados con las asociaciones es hoy de 1.677 millones de pesos cuando inicialmente era de 1.525 millones.
Exportaciones a pérdida
El desplazamiento de la producción de textiles a regiones con mejor tecnología y con ventajas comparativas sobre Colombia, como Taiwán y Corea del Sur; la pérdida paulatina de mercados para la exportación de telas e hilazas; el contrabando creciente de tejidos y confecciones y las medidas proteccionistas de Estados Unidos para su industria de fibra, son aspectos que acrecientan las dificultades de nuestra industria textil. Fábricas importantes como Celanese, quiebra definitivamente y casi todas las empresas del ramo han despedido gran número de trabajadores.
“La industria textil que compró 39.000 toneladas de algodón en la cosecha pasada, sólo ofrece comprar16.000 en esta ocasión y a un precio inferior en más de un 20% del que rigió en esa misma época”, denuncia un comunicado de las agremiaciones algodoneras publicado en la prensa nacional el día 9 de diciembre de 1981.
Las últimas medidas oficiales (resoluciones 690 y 691 de Minagricultura en diciembre pasado), ordenan a la Distribuidora de Algodón Nacional, Diagonal, pagar a 110 mil pesos la tonelada de fibra, pero le aceptan que solamente compre 16.600 toneladas. Según esta determinación el 60% de la producción algodonera deberá colocarse en el mercado internacional, en el cual los productores colombianos tienen grandes desventajas y pérdidas, pues de acuerdo con los precios y el cambio de moneda, nuestro algodón no es competitivo. A eso debe añadirse que la cotización tiende a la baja por las altas cosechas logradas en los Estados Unidos, Rusia, China y demás grandes productores de la fibra.
Según lo fijado por el gobierno y conforme a los guarismos de Liverpool, la tonelada de algodón–semilla, valdría 45.910 pesos en los primeros días de 1982 en el mercado nacional y sólo 39.227 en el mundial, incluida la bonificación del 9% del CAT. Además, a este precio de exportación abría que hacerle con plena seguridad grandes descuentos, hasta de diez mil pesos por tonelada, por concepto de clasificación de la fibra, costos de almacenamientos, seguros y comisiones, todo lo cual redundará en una menor liquidación definitiva para el algodonero.
“El aumento a 110.000 pesos ordenado por el gobierno para la tonelada de fibra (o sea el algodón desmotado, limpiado y empacado) ayuda algo pero de todas maneras son precios de ruina, por las condiciones en que nos toca trabajar en Colombia”, concluye un directivo de la Federación Nacional de Algodoneros.
En manos de los graseros
El mercado de las semillas es más caótico aún. Si bien el gobierno ha establecido 13.000 pesos por tonelada, el agricultor queda en la práctica a merced de los graseros. Estos reciben la cantidad de semilla que quieran; clasifican y valoran a su antojo el producto y, para colmo, lo cancelan cuando les provoca.
Sobre tales hechos son ampliamente conocidas las frecuentes protestas de los cultivadores de algodón y de soya del Valle del Cauca, en contra de los atropellos de los pulpos de la industria de grasas y aceites de Colombia, los cuales, amparados por el Ejecutivo, efectúan permanentes y masivas importaciones de aceites. “La industria estuvo importando aceites crudos durante todo el año y tiene almacenado en cantidad suficiente para abastecer el país por 8 meses sin contar el que está en camino. Incluso consiguieron autorización recientemente para importar 14.000 toneladas de trigo y soya”, señala Conalgodón en su documento interno “Situación del cultivo de algodón, septiembre de 1981”.
Sólo hay un camino
La conjugación de circunstancias adversas, como drásticas alteraciones del clima; bajos precios internacionales; escasez, mala calidad y encarecimiento de los insumos; dificultades financieras y costo creciente de los préstamos, y una desastrosa política gubernamental, han llevado al sector algodonero a una situación extremadamente grave, que puede convertir al país, en el curso de poco tiempo, en importador de la fibra.
“El problema es tan grande, decía un dirigente gremial interrogado por El Heraldo, de Barranquilla, y es tanto lo que hemos hecho por llamar la atención del gobierno sobre esta crisis, que si no salen medidas eficaces nos veremos obligados a entregar al Estado las asociaciones para que se haga cargo de ellas”.
Se sabe de la devolución al Idema de 40% del equipo de desmote en la Costa Atlántica, el resto del cual se entregará al finalizar la cosecha de este año. Se redujo el área general de siembra a sólo 102.000 hectáreas inscritas para la cosecha 1981-1982, con casos tan alarmantes como la disminución de 30.000 a 2.000 hectáreas en el departamento del Meta y de 60.000 a 3.000 en Córdoba. Se conoce también que los algodoneros han tenido que feriar la maquinaría agrícola, las fincas, las casas y los vehículos, cuando no son víctimas de los embargos, remates y desahucios.
Igualmente, se está dando en forma acelerada la concentración de la propiedad de la tierra en esas zonas, la conversión de gran cantidad de empresas agrícolas en ganaderías extensivas, el enriquecimiento de buen número de intermediarios y el aumento en las utilidades de los usureros de todos los pelambres, tanto bancarios como extra-bancarios.
El problema ha llegado tan hondo que los agricultores empiezan a tomarse las calles de los municipios algodoneros y las carreteras troncales, bloqueándolas con tractores y remolques, como ocurrió en 1981 en Espinal y Natagaima y como amenazaron los algodoneros de la Costa y del Meta. Y día llegará en que la masa de empresarios amenazados de ruina entienda que con el régimen social imperante no sólo padece hambre y miseria el desempleado sino también el que trabaja y que hay que organizarse decididamente y unirse a quienes combaten por derrocar a los opresores y construir una nación libre y democrática.
La lección es muy clara: si en la mejor época del cultivo hubo descalabros para tantos, nada positivo se puede esperar en momentos de dificultad. El clima y las plagas son factores que influyen en los problemas de los cultivadores, es cierto, pero la causa fundamental está en el saqueo de un imperialismo voraz y en los manejos de un gobierno corrompido y cruel.