Compañeras y compañeros:
Dije en mí declaración del 9 de julio de 1978, ante el deplorable espectáculo de muchos viejos y recientes sectores de la izquierda sumidos en una especie de congoja post-electoral – que abate invariablemente a los que toman las elecciones del régimen por lo que no son -, que los partidos integrantes del Frente por la Unidad del Pueblo nunca pretendimos transformaciones sustanciales de la sociedad colombiana mediante la lidia comicial. Lo había dicho ya en algunas de mis intervenciones televisadas de la campaña eleccionaria y repetido en un sinnúmero de discursos pronunciados ante nutridas manifestaciones y hasta en los gratos intercambios de impresiones habidos en pequeñas reuniones con gentes de mi pueblo.
La vida ha aclarado a fondo entre nuestros destacamentos la fundamental cuestión de que debido a que el enemigo concentra una desproporcionada superioridad de fuerzas con respecto a las agrupaciones políticas populares, lo habitual es que en la lucha electoral los partidos revolucionarios permanezcan en minoría.
Lo que no nos impidió ni nos impedirá extender y acrecentar nuestros efectivos, ni ser concientes de que nuestro papel actual consiste en acumular fuerzas y aguardar la coyuntura favorable a la revolución. Mi candidatura en las pasadas elecciones, símbolo del repudio airado de patriotas, demócratas y revolucionarios a la iniquidad imperante en el país, no tuvo otro sentido que contribuir a este objetivo.
Así, durante un año recorrimos la geografía patria propagando las ideas de la revolución, promoviendo la unidad de las masas populares contra sus seculares enemigos, adelantando entre cientos de miles de obreros, campesinos y capas medias de la población la firme esperanza en la conquista de una nueva Colombia libre de amos extranjeros y déspotas traidores, sobre todo, echamos las bases para la construcción del frente único de liberación nacional.
Hoy, al pasar revista a nuestras fuerzas el balance es altamente satisfactorio; el multitudinario contingente de combatientes populares venidos de los cuatro puntos cardinales del país a Pereira nos dice que el Frente por la Unidad del Pueblo empieza a echar raíces entre las masas de obreros y campesinos. La determinación de luchar hasta el fin, la abnegación y el entusiasmo que ustedes, compañeros, traen a este Foro son la mejor garantía de que poco a poco nos ganaremos el inmenso corazón del pueblo y de que nos sea otorgado por oprimidos y desarrapados el supremo honor de ser sus abanderados y adalides. No puedo menos que expresar mi gran reconocimiento a mis excelentes compañeros, los respectivos dirigentes máximos del MOIR y de la Democracia Popular. Particularmente valioso y decisivo ha resultado, a mi juicio, el papel desempeñado en este proceso por ese joven y lúcido jefe que es Francisco Mosquera.
Conviene también, a la hora de iniciar el nuevo tramo de nuestra brega, recalcar que el programa con que se fundó el Frente – que refrendará esta reunión – es el programa de la revolución colombiana. Insisto, entonces y ahora, en que la deseable unidad de las fuerzas contrarias al régimen tuviera como base el reconocimiento explícito de los intereses vitales de la nación y el pueblo. Sabido es que las fuerzas de izquierda no pudieron concurrir unidas al pasado debate electoral por el empecinamiento del Partido Comunista, que naturalmente rechazamos, de alinear el Frente.
Acontecimiento tan importante como la decisión de la cumbre del Movimiento de los Países no Alineados, realizada en la Habana en días pasados, demuestra que lo que está en juego en esta materia no es asunto de poca monta.
La preocupación de los No Alineados, por mantenerse equidistantes de los dos bloques mundiales muestra a las claras la tendencia universal que predomina en los pueblos del Tercer Mundo: impulsar la lucha por la liberación nacional del yugo extranjero y por el mantenimiento de su independencia estatal.
Debo empezar mis consideraciones sobre la situación nacional diciendo que el controvertido triunfo electoral de Turbay Ayala como presidente de la República significó el acentuamiento de las crisis del régimen bipartidista.
Que así sucedería lo advertimos con anticipación; verdad que para pronosticarlo bastaba con reparar en la innegable tendencia al deterioro del aparato institucional montado por la oligarquía de los dos partidos en 1957, cuyas manifestaciones son visibles en la vida diaria desde tiempo atrás. En solo su primer año de gobierno Turbay ha cometido tantos actos de bandidaje contra el país, tantas y tan horrendas tropelías contra la gente sencilla que, comparados con él, todos sus predecesores se quedaron indudablemente cortos. Dolencias colombianas tan crónicas como el hambre, la miseria, el desempleo, la falta de vivienda, de asistencia médica, de servicios públicos, de educación y cultura se han extendido y, aún más, exacerbado.
Opinan algunos que para conjurar la avalancha represiva es preciso salir por los fueros de la Constitución, las leyes y las instituciones que de ellas se derivan. Que el peligro para las libertades y derechos de los colombianos lo encarna Camacho Leyva, pero no Turbay Ayala. Que el Congreso, la justicia ordinaria y el gobierno civil son otros tantos escudos protectores contra la arbitrariedad de los cuarteles. Los autores de la propuesta, el Partido Comunista, “Firmes” y sus amigos, cuando algunos voceros del gobierno los tildaron de subversivos con ocasión del Foro por la defensa de los Derechos Humanos, se ahogaron en protestas de fidelidad a las instituciones republicanas. Tan curiosas apreciaciones no llamarían la atención si no fuera porque amenazan con confundir a las masas en un momento crucial como el que vivimos. A mi entender, decirle al pueblo que defienda la democracia de los grandes capitalista y terratenientes es pedirles a los esclavos que le canten a sus propias cadenas. En Colombia, que no es un estado independiente sino una parte del traspatio yanqui, que no es una república popular sino una república oligárquica, ¿qué derechos pueden tener las amplias mayorías?
El derecho a la vida es aquí la opulencia y el derroche de la aristocracia de las finanzas y el latifundio; la miseria, el hambre, la desnutrición y las privaciones para el grueso del pueblo.
El derecho de reunión significa que los edificios públicos, las avenidas y plazas, amén de los clubes y palacios privados, están a disposición de los partidos, gremios y círculos de la casta dominante y que si el populacho quiere reunirse debe desafiar bayonetas y metralla en la calle o arriesgarse a que sus concentraciones en recinto cerrado caigan bajo la férula inquisidora del Estatuto de Seguridad.
El derecho al trabajo es para los poseedores la libertad de explotar obreros y siervos; para los desposeídos, el cautiverio asalariado cuanto no el desempleo y la indigencia.
El derecho de organización es la omnipotencia de los monopolios y conglomerados financieros, y la hostilización, la persecución y la congelaciones de los fondos de las organizaciones obreras y campesinas, cuando no su ilegalización y destrucción.
El derecho de huelga equivale a la prerrogativa que tienen los potentados de presionar y amenazar al gobierno siempre que lo exijan sus rapaces intereses; para la clase obrera se reduce a la batalla contra la voracidad de los explotadores en la que los huelguistas se jueguen el pan de sus familias, la existencia de sus organizaciones, su libertad y hasta sus propias vidas.
La libertad de expresión, mordaza y censura cuando la quiere ejercer el pueblo, es también cumplida servidora de los poderes económicos dominantes, que a través de la gran prensa, la radio, la televisión, la educación y la cultura, difunden la sumisión ante el imperialismo norteamericano y el oscurantismo.
La libertad de sufragio tipifica una de las más comprimidas instituciones políticas; en la práctica es la compra de votos, la coacción sobre los empleados públicos por parte de las maquinarias de los partidos tradicionales, el fraude electoral y, sobre todo, la lucha desproporcionadamente desigual entre los partidos que detentan el poder y las fuerzas que combaten el régimen.
Tal la tramposa democracia que algunos sectores de a izquierda nos llaman a apuntalar, en la creencia de que ante la amenaza de la dictadura militar el pueblo va a correr a defender al gobierno civil, que es la dictadura camuflada de la oligarquía. El dilema planteado por los participantes del Foro de los derechos Humanos es, por tanto, un falso dilema. Con o sin rogativas constitucionales, con gobierno civil o sin él, la única perspectiva cierta del régimen es su revolución acelerada hacia el fascismo y la generalización de la violencia contra el pueblo. ¿No dijo categóricamente Camacho Leyva que Pinochet había sido la solución de Chile? ¿Y el mismo Turbay no declaró para la prensa extranjera, que el golpe militar en Uruguay se justifica porque el gobierno civil fue incapaz de mantener la paz? El verdadero dilema estriba en si aquí también, en Colombia, el pueblo será desarmado ideológicamente y marchará inerme al sacrificio, como en Chile, o si, a la inversa, tomará conciencia, se unirá para enfrentar la embestida terrorista oficial que, pese a todo, apenas comienza.
Nos uniremos con todo partido, grupo o personalidad que quiera contribuir conjuntamente con el Frente por la Unidad del Pueblo, a que las masas dispongan su ánimo y se movilicen al combate, aglutinadas por un programa revolucionario.
Combatiremos la pretensión de propalar a tambor batiente la propaganda del enemigo en el campamento de la revolución. Delante nuestro tenemos la histórica tarea de desentrañar, en el seno mismo de las masas, que la democracia colombiana es la dictadura de la minoría plutocrática contra las mayorías trabajadoras.
El curso entero del movimiento revolucionario colombiano depende del desenlace de tan trascendente labor esclarecedora; si el vocerío en defensa de las instituciones lograra hacer carrera, serían imponderables los males que sobrevendrían para el país; aletargado el ímpetu de los oprimidos, se alejaría enormemente la proximidad de la revolución.
Si, al contrario, las masas, convencidas por su propia experiencia, abrazan el programa nacional y democrático de liberación nacional y revolución agraria, la unidad del pueblo se abrirá paso y el triunfo de la sublevación popular estará asegurado. Por fortuna, no es difícil darse cuenta de que Colombia marcha hacia el colapso y el desbarajuste total; que en tiempos de crisis los pueblos avanzan a grandes zancadas y aprenden en meses y aun en días lo que antes no asimilaron en años e inclusive en décadas. El futuro cercano, propicio para la gran rebelión de los explotados, sólo podrá ser aprovechado a fondo a condición de que hoy afrontemos a pie firme la ventisca de los conciliadores y avancemos en medio de la temporal oscuridad, seguros de la victoria final.