Desde el día en que toda Colombia pasó a ser regida por el Estatuto de Seguridad, y los militares reemplazaron al César, argumentos más toscos y procesos aún más amañados que los que venían manipulando la justicia ordinaria, son montados a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
No otro es el caso que los solícitos generales han perpetrado en la persona de Consuelo de Montejo, directora de El Bogotano, condenada a un año de prisión bajo la sindicación de “tráfico de armas”. El pretexto lo encontraron en una carabina comprada en los Estados Unidos, que Consuelo no declaró al introducirla al país en 1974, y que hace ya más de un año le fue vendida a Eduardo Ramírez Bejarano, conocido de la periodista.
Alevoso proceso
El 3 de junio pasado, el arma fue confiscada por el ejército, y su propietario detenido. Cinco días más tarde, la Sexta Brigada expedía la resolución 0021 por medio de la cual se declaraba inocente a Eduardo Ramírez y se le ponía en libertad. Al mismo tiempo, la mencionada Brigada abría una investigación sobre Consuelo de Montejo por “tráfico ilegal de armas”.
Jurídicamente es innegable que la parlamentaria cuenta con suficientes argumentos a su favor. La acción ha prescrito porque el arma fue decomisada cuando ya había transcurrido más de un año desde su venta. Los peritos asignados por las Fuerzas Armadas manifiestan desconocer las características fijadas por el ejército para determinar que un arma sea considerada de su uso privativo y concluyen su informe señalando que “el ejército no cuenta dentro de su dotación con armas como ésta”. Además, si la compra y el porte no fueron sancionados tampoco puede serlo la venta. Pero lo cierto es que aquí vieron los militares la oportunidad para cobrarle a Consuelo el coraje y la entereza con que ha criticado las actividades de las Fuerzas Armadas, y el apoyo que, desde su periódico, ha brindado a los obreros y campesinos en sus luchas y en la defensa de sus derechos.
Un claro ejemplo de ello está consignado por El Bogotano el mismo día de la detención de la periodista. En esa ocasión ella misma denunciaba desde su columna “Ser o no ser” la muerte a golpes del obrero ferroviario Gustavo Manjarrés en las instalaciones de la Décima Brigada de Tolemaida, y las infames torturas a que fuera sometido su compañero Marco Aurelio Romero, cuando ella rendía descargos a pocos metros de allí.
Por eso la condena y el encarcelamiento de Consuelo de Montejo son una arremetida feroz contra uno de los pocos reductos que sobreviven de periodismo independiente y, por tanto, una flagrante violación de la libertad de prensa y expresión; es, un caso más, entre la multitud de casos que padecen miles de colombianos, de persecución política, en este país donde según el presidente de la República el único prisionero político es él.
De tal calidad moral sería el coronel Hernán Pinilla, Comandante de la Décima Brigada, y por tanto quien adelantara la farsa y firmara la condena contra Consuelo, que antes de que ella cumpliera veinte días de reclusión, fue dado de baja por mala conducta.
Oleada de protestas
Pero lo que los generales no calcularon en su afán por sacar partido de la coyuntura, fue la reacción que provocaría semejante iniquidad. Desde los más diversos sectores, desde múltiples organizaciones tanto políticas como gremiales, y desde los más apartados rincones del país, se han oído las voces de repudio por tan criminal atentado y la exigencia permanente de la libertad de la ex parlamentaria.
El representante a la Cámara por el FUP, Álvaro Bernal Segura, presentó el noviembre pasado una proposición reclamando la excarcelación y denunciando que “la señora Consuelo de Montejo ha sido detenida como evidente represalia por su valiente actitud frente al despotismo y la corrupción administrativa”.
Muchos senadores y representantes de todas las tendencias políticas apoyaron esta iniciativa y en mensajes y declaraciones a la prensa coincidieron en afirmar que la arbitraria medida es un ejemplo más de la dictadura militar propiciada por el mismo gobierno de Turbay Ayala.
Rodrigo Lara Bonilla, Emilio Urrea, Eduardo Fonseca, Luis Carlos Galán, David Aljure, Gustavo Rodríguez Vargas, Alegría Fonseca, Mario Montoya, Ernesto Lucena y Gilberto Vieira, fueron algunos de los congresistas que adhirieron al rechazo provocado por la injusta condena. Hasta Luz Castilla de Melo, connotada turbayista, no dudó en afirmar: “…en esta ocasión al gobierno se le fue la mano”. Igualmente enviaron sendos mensajes a este plebiscito de solidaridad: el Comité Liberal Independiente, María Eugenia Rojas de Moreno; el Comité Político de Democracia Cristiana, Luis Villar Borda, a nombre del liberalismo de izquierda, y el Partido Socialista de los Trabajadores. Organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles demostraron también su apoyo a Consuelo. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, línea Sincelejo; las Ligas Campesinas del Meta y los Llanos Orientales, organizaciones campesinas de Caldas y la Costa Atlántica, Sintracreditario, Sindes, la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, Sintrahacienda, Aceb, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Nacional de Tabaco, Sintrapolímeros, Sintraindupalma, Sinucom y Unimotor, entre otros, hicieron pública su solidaridad.
Los más variados columnistas del país, así como las organizaciones de los asalariados de la prensa, calificaron el hecho como el más grave atentado contra la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó, en forma enérgica, al gobierno de Turbay Ayala, la inmediata libertad de la aguerrida periodista. Daniel Samper, Maria Teresa Herrán, Maria Jimena Dussán, Consuelo Araujo, Eduardo Caballero, Enrique Santos Calderón, y otros comentaristas, hicieron un llamado a todos sus colegas para que expresaran su solidaridad con la directora de El Bogotano. La revista Alternativa, terminó así su nota editorial de noviembre: “Cada día que pase Consuelo de Montejo en la cárcel, es un golpe más para la libertad de prensa en el país”.
La mayoría de estas organizaciones, incluido el MOIR, formaron el pasado 27 de noviembre el Comité pro-libertad de Consuelo de Montejo.
Su directiva quedó integrada así: Patricia Montejo de Cáceres, Solita viuda de Jaramillo, Álvaro Bernal Segura, Margoth Uribe de Camargo, Avelino Niño, Urbano Alméciga, Samuel Klarh, Pastor Pastrán y el presbítero Eduardo Vasco. Más de doscientos integrantes del Comité, dirigentes cívicos y políticos, estudiantes y populares, campesinos y obreros, se impusieron como tarea realizar una amplia campaña de denuncia del vil atropello, para exigir del gobierno la inmediata libertad de la periodista. Comités similares a éste se han conformado en otras partes del país.