Los 650 obreros de la firma contratista Hazama-Gumi, del Japón, constructora de la Central de Playas, se lanzaron el 23 de enero a la huelga para exigir seguridad en los frentes y reclamar el cumplimiento de la convención. Voceros de Acción Sindical Antioqueña, ASA, señalaron que el artículo 15 de la convención colectiva suscrita en noviembre autorizó a los operarios a suspender labores si por descuido en el mantenimiento llegare a presentarse un accidente grave. El paro fue acordado cinco días después de que un trabajador pereciera en uno de los túneles. El gobierno declaró ilegal la protesta.
Según denuncias de la organización, el consorcio japonés venía quebrantando 17 de las 47 cláusulas convencionales.
Además, el incremento del 26.5 por ciento en los jornales se vio contrapesado por la destitución de 120 obreros y por nuevos y agotadores sistemas de trabajo, violatorios de lo acordado en noviembre.
Mediante un acta de tres puntos ambas partes pusieron término al conflicto el 3 de febrero. El documento, que abroga los efectos del decreto de ilegalidad, crea una junta de seguridad industrial y un comité conjunto que estudiará los cargos existentes contra doce activistas y directivos del sindicato. La Hazama-Gumi adquirió el compromiso de resolver las quejas sobre infracciones a la convención colectiva.