Unos mil quinientos delegados, en representación de sindicatos, sociedades científicas, asociaciones de usuarios, pensionados, comités por la defensa de los hospitales públicos, entre profesores y estudiantes de las facultades de salud, a más de muchos otros asistentes, deliberaron en doce comisiones que trataron la crisis en que se ha sumido a la seguridad social como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. Estuvieron representadas todas las vertientes opositoras de la Ley 100 de 1993, a la que se condenó unánimemente como la causante del descalabro que vive la salud pública. El 19 de noviembre, tercero del evento, los participantes realizaron una combativa marcha que terminó en la Plaza de Bolívar, pidiendo la derogatoria de la Ley 100, salvar la red pública hospitalaria y lograr el respeto de los derechos laborales de trabajadores y profesionales.
Dos temas concitaron la mayor polémica del evento, el apoyo a los proyectos de reforma a la Ley 100 y la centralización de los recursos financieros en manos de la nación. A la condena unánime del actual sistema corresponde el pedido de que se establezca uno nuevo. Por tanto no hay lugar a respaldar proyectos de reforma que no resuelven la actual crisis y cuyo alcance es inocuo frente al padecimiento que por esta causa vive la gran mayoría de la población. La plenaria se dividió frente al tema y votó 124 contra 104. Al cierre de esta edición, los proyectos de ley alternativos fueron hundidos por la bancada uribista, mientras que la reforma que empeora las condiciones de la nefasta Ley 100 recibe todo el apoyo de la bancada gobiernista. El segundo debate correspondió a la descalificación que la mayoría del congreso hizo a la propuesta de crear un fondo con los recursos de la salud para ser manejado autónomamente por fuera del Estado, dando cabida a las ONG privadas y a otras organizaciones y propiciando la descentralización de los recursos en las entidades territoriales.
Con grandes coincidencias en el diagnóstico y en la necesidad de ampliar y coordinar la lucha, el congreso aprobó un plan de lucha que incluye un paro nacional por la salud de los colombianos y contra el TLC en marzo de 2005, así como la convocatoria a un plenario en febrero de todas las organizaciones involucradas. Todos al unísono aprobaron la derogatoria de la Ley 100, la eliminación de la intermediación, el rechazo al TLC y la creación de facultades de salud por parte de las EPS, y defendieron el restablecimiento de la red publica hospitalaria y el sistema nacional de salud, el respeto de los derechos laborales de trabajadores y profesionales de la salud, la salvación del ISS y la supresión de los fondos privados de pensiones.
Los delegados orientados por nuestro Partido difundieron con gran acogida el siguiente programa mínimo para el sector y cuyo contenido básico fue presentado como propuesta en el congreso.
Programa nacional por la defensa de la salud pública
Derogatoria de la Ley 100 e implementación de un nuevo modelo de salud, que persiga el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la atención médica, un Instituto del Seguro Social fortalecido, una red pública hospitalaria financiada e innovada tecnológicamente y unos programas de prevención dirigidos y financiados por un sistema único nacional estatal.
Desaparición de la intermediación del capital financiero en el sistema, que asume para sí el cobro de una especie de peaje como compensación de su innecesaria labor de intermediación. Aún peor, sus ganancias derivan de la especulación con el dinero de los usuarios del sistema, restringiendo derechos, negando un acceso oportuno y pleno a la atención y sacrificando la calidad por las utilidades. En el nuevo modelo, la intermediación en la salud debe suspenderse, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Los recaudos del contributivo deben ir al ISS y a los fondos estatales, con el único objetivo de prestar o contratar los servicios de atención y prevención de salud. Los recursos del régimen subsidiado deben pasar a financiar la red pública hospitalaria y el sistema nacional de salud.
Demandar una actitud responsable del Estado frente a las necesidades de la población y el restablecimiento de un sistema nacional de salud pública, para materializar el concepto de la salud como un derecho y no como una mercancía. La adopción de este criterio por parte del gobierno implica el desmonte del subsidio a la demanda y de la facturación como fuentes de financiación de las instituciones públicas, lo que implica eliminar la obligación de los hospitales públicos y las clínicas del ISS a autofinanciarse. De lo anterior se desprende exigir la financiación de la capacidad instalada de la red pública hospitalaria y la desaparición de la concepción de empresa.
Recuperar las condiciones financieras y la capacidad operativa del ISS, unificándolo nuevamente en una sola estructura administrativa e inyectándole los recursos necesarios para recuperar la oportunidad y la calidad en la presentación de sus servicios preventivos y asistenciales. La recuperación del liderazgo del Seguro Social en la atención de los trabajadores colombianos es una necesidad para millones de usuarios y solo es posible mediante el apoyo administrativo y financiero del Estado.
Reivindicar unas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores de la salud. La demora y retención de salarios, el no pago de primas y prestaciones de ley, la revisión de las convenciones, la implementación de formas desreguladas de contratación, a más de increíbles limitaciones en recursos e instalaciones, son hoy la norma. Muchos hospitales funcionan con las mesadas no canceladas a los trabajadores. Las EPS privadas promueven prácticas que atentan contra las bases del profesionalismo, como la ausencia de recursos y espacios para la discusión académica y científica y la presión sobre la toma de decisiones para controlar costos: tiempo reducido para la atención de pacientes, prohibir remisiones a otros profesionales y reducción de pruebas diagnósticas y de medicamentos prescritos.
Defender los hospitales universitarios y las facultades de salud ante la pretensión de las EPS privadas de convertirse en centros de formación profesional, bajo la permisibilidad gubernamental. Estas vienen «creciendo verticalmente», creando clínicas propias por medio de las cuales se venden a sí mismas la atención, aumentando sus jugosas ganancias y desplazando la red de clínicas privadas del país y, finalmente, aspirando a crear sus propias facultades de medicina, en busca de contar con un recurso humano «ajustado a sus necesidades». Proponemos entonces la defensa de los hospitales universitarios como centros de alto nivel de atención para la población y de prácticas indispensables para la formación calificada de los profesionales de los centros superiores.