TRIBUNA ROJA dialogó con el compañero Jesús Bernal, presidente del Sindicato Nacional de la Caja Agraria, con el objeto de oír sus conclusiones sobre la negociación colectiva y el paro nacional que a fines de abril adelantaron los 13.500 trabajadores de la entidad bancaria estatal en las 875 sucursales. Publicamos extractos de la entrevista.
TB: En la fase preparatoria del conflicto ¿qué merece especial mención?
Jesús Bernal: Ante todo el contrapliego patronal, pero también la firme decisión de los creditarios de no permitir que la administración Ospina Hernández nos despojara de prestaciones adquiridas en más de veinte años de luchas. El contrapliego fue el peor obstáculo en las etapas de arreglo directo y de conciliación, pues la empresa no quiso tomar en cuenta las peticiones sindicales mientras no se aceptaran sus diez demandas. Por tal razón, un pleno de presidentes reunido el 5 de abril determinó enfrentar la amenaza con un cese de actividades. Ese mismo día se nombró el comité de paro, compuesto por las cuatro fuerzas actualmente presentes en el ejecutivo nacional.
TR: ¿En dicho pleno las decisiones se tomaron por consenso, en forma unánime?
Jesús Bernal: Sí, y el consenso se mantuvo hasta el final de la conciliación. Aunque hubo una serie de incidentes que en el debate actual han vuelto a cobrar vigencia, no se rompió en ese lapso el frente común contra la empresa. Por ejemplo, la renuncia de Rafael Conde al cargo de negociador, por haberle negado el respaldó su corriente política. Y la destaco en primer término, porque en tal coyuntura el sector revolucionario mostró una actitud unitaria. Nosotros podríamos haber sacado fruto de esa rencilla interna. No lo hicimos, pues la lucha contra la empresa entraba en una fase que requería el fortalecimiento del sindicato. ¿Cómo hubieran visto las bases, en vísperas del paro, el resquebrajamiento de la comisión negociadora? En resumen, conseguimos que Conde echara atrás su dimisión.
Un segundo incidente tuvo que ver con la solidaridad. A comienzos de abril se llegó en el comité de paro a un compromiso por el cual las fuerzas integrantes debían recoger un millón de pesos entre los sindicatos amigos. Nosotros lo acatamos. En cambio la fracción afín a la CSTC lo incumplió abiertamente, ya que condicionó el apoyo financiero a que el sindicato alentara el proyecto mamerto de central unitaria. Y en este punto hay un abismo entre nosotros y la CSTC: cuando brindamos a un conflicto nuestro respaldo solidario lo hacemos de manera diáfana, como se vio en Colpuertos, sin exigirles a los huelguistas sectarias adhesiones en el campo ideológico y político.
El tercer litigio estuvo relacionado con la «hora cero», discusión que se llevó a cabo el 18 de abril. Tres corrientes del comité de paro proponían como fecha el 25 de abril, con el peregrino argumento de que el paro no podía postergarse, pues, según decían, mientras la represión ganaba terreno, el ánimo de los trabajadores disminuía. Nosotros sugeríamos el 2 de mayo, pensando en las manifestaciones de la víspera en las que podría concretarse el amplio respaldo de la clase obrera. Pensábamos también que, de lanzarse el movimiento el 25 de abril, la proximidad de los festivos de Semana Santa haría más difíciles las tareas preparatorias. Debido a que la Caja Agraria es el organismo encargado de pagar a algunos empleados del gobierno, resultaba factible en ese principio de mes aprovechar la circunstancia como arma de presión. Preveíamos además una pelea prolongada, tal cual sucedió, y estimábamos que los trabajadores debían percibir la quincena para estar aprovisionados. Finalmente, no compartíamos la idea de que el ánimo estuviera en baja.
Aquí cabe una consideración. ¿Ha de rendirle culto el dirigente a la espontaneidad dejándose llevar por tendencias derrotistas, que siempre las habrá, o, al revés, tomar las decisiones con base en el examen frió de la correlación de fuerzas? A dicho interrogante se dieron en el paro dos respuestas distintas.
Tras una discusión de cuatro horas, la cuestión de la fecha se puso a votación. Y aunque salimos derrotados, nos sometimos disciplinadamente y comenzamos a trabajar por el cese del 25 de abril, como a todo el mundo le consta. Nuestro comportamiento unitario fue consecuente de principio a fin, a diferencia de ciertos grupos, que durante el conflicto cuidaron más sus ambiciones mezquinas que la suerte de los trabajadores. Y yo aprovecho para denunciar en este reportaje que el día 17 de abril, es decir, cuando reinaba todavía la unidad en el sindicato, los tres sectores restantes del comité de paro suscribieron un documento clandestino y sectario, autenticado en la Notaría Diecisiete de Bogotá, mediante el cual se comprometieron a coordinar fuerzas para combatir al MOIR. De la existencia de tal escrito logramos enterarnos apenas en julio. Pero ahí está sin duda el verdadero origen del divisionismo. A ciertos dirigentes no les interesaba ni la unidad ni el pliego, sino desprestigiar a aquel partido.
TR: ¿Cómo evaluaron ustedes la participación de los asalariados en el paro?
Jesús Bernal: La habíamos calculado en un 80 por ciento pero llegó al 95 por ciento. Fue la repercusión lógica del contrapliego, que se encargó de unificar a los creditarios, incluso el estamento directivo de la empresa. Del 25 al 29 de abril, el gerente general y los gerentes regionales se quedaron solos, empecinados en sacar adelante su contrapliego frente al resto de los obreros y empleados.
TR: ¿Qué efectos inmediatos tuvo el movimiento?
Jesús Bernal: El 26 de abril, cuando el cese pasaba por el mejor momento, el gerente general, Mariano Ospina Hernández, llamó a negociar. Yo estaba en minoría en la dirección y los demás sectores me desautorizaron para hacerlo, con la tesis de que ya Ospina no decidía en las conversaciones. Ahora sabemos que en el trasfondo de todo esto se hallaba el documento clandestino al que ya hice referencia. Se pretendía con ello coartarle al sindicato su derecho legítimo a discutir con la cabeza de la parte patronal, que se veía obligada por la fuerza del paro a bajarse del pedestal. La mayoría del comité, por mantener un hirsuto enfrentamiento con nosotros, impidió la concreción de lo que podríamos llamar un primer objetivo, o sea, sentar en la mesa de negociaciones al recalcitrante gerente. Se argumentó en cambio que todo debía canalizarse a través de la Ministra de Trabajo ad hoc, Nohemí Sanín.
Todo ello implicaba otro asunto vital y era la conveniencia de negociar cuando el sindicato se encontraba en auge, con sus fuerzas intactas. En mi concepto, debíamos haber entrado a negociar el 26 de abril.
TR: ¿La Caja Agraria modificó, en algo su actitud intransigente?
Jesús Bernal: Hubo indicios de que la lucha continuaba rindiendo frutos. El 27 de abril, por ejemplo, el gobierno cedió terreno presentando una fórmula que en cierto sentido respetaba las dos reivindicaciones en juego: la prima de antigüedad y la jubilación.
TR: ¿Y qué estorbó el convenio?
Jesús Bernal: El sistema engorroso del lleva y trae que restó flexibilidad a las partes. El sindicato no estaba negociando directamente, sino por medio de un abogado. La ministra, a su vez, sopesaba con éste las alternativas pero debía someterlas al análisis de la empresa. Y el acercamiento logrado se vino a tierra el 29 de abril, cuando Nohemí Sanín rebajó la oferta sobre pensión.
Todavía a estas alturas existía la probabilidad de poner a salvo parte de la jubilación y la prima de antigüedad. A manera de solución, le propusimos entonces al gobierno que la prima de antigüedad sólo se congelara a los 20 años y la jubilación se mantuviera para aquellos trabajadores que superaran los diez años de servicios, incrementándose la edad a 50 años para el resto del personal, incluso el que ingresara posteriormente. Con base en ello, el gerente general volvió a citar al sindicato para el 30 de abril. Pero otra vez la mayoría me prohibió asistir. Si el principio de acuerdo hubiera partido de algún otro sector, con seguridad el comité de paro lo hubiera aceptado. Pero venía de nosotros y había que reprobarlo a toda costa. Uno de los grandes tropiezos para un arreglo ventajoso fue el sectarismo de ciertos directivos, interesados no en buscarle salida al pliego sino en sus propias ambiciones de grupo. A ello hay que sumar como aspecto fundamental la crisis del país, que se traduce en restricciones a los derechos laborales, no obstante las recias batallas libradas por los trabajadores, como fue el caso de Colpuertos.
TR: ¿Qué consecuencias arrojó el asesinato del ministro Lara Bonilla y la declaratoria del estado de sitio?
Jesús Bernal: Aunque es cierto que a nivel nacional el hecho debilitó al gobierno de Belisario Betancur, poniéndolo en dificultades, nuestra situación particular no nos permitió aprovecharnos de ellas. Al impacto causado entre los creditarios por la muerte de Lara se agregó el que el gobierno calificó de ilegal el paro y autorizó destituciones. El sindicato, por unanimidad, acordó el retorno a las labores y una tregua de 24 horas, que a la postre se volvió indefinida.
TR: ¿Y cómo se valió el gobierno de esta coyuntura?
Jesús Bernal: A partir de entonces, y hasta la firma de la convención, el 17 de mayo, se proceso en el que el gobierno fue rebajando sus precarios ofrecimientos. Tal tendencia se vio coadyuvada por ciertos directivos, que con su mezquindad tribuyeron a ahondar las dificultades del sindicato. En concreto, al destituirnos del comité de dirección, se generó el desconcierto entre las bases. A pesar de todo, nosotros no cejamos en presentar un frente unido de combate, para no dejarle ventajas a la parte patronal.
TR: ¿Por último, ¿qué conclusiones deriva usted del conflicto?
Jesús Bernal: Hay quienes dicen que la batalla no dio frutos positivos. Pero si se analiza sin prejuicios, se verá que la resistencia de los creditarios derrotó el contrapliego casi en su totalidad, e impidió el tribunal y las sanciones, ya autorizadas. Ahora bien: en la actualidad el debate interno se ha concentrado en los problemas de la táctica. Nosotros sostenemos que hubiera podido suscribirse en mejores condiciones la convención colectiva, pero que algunos grupos lo impidieron por su comportamiento sectario y estrecho. Tal discusión debe librarse con el criterio de educar a las bases y de fortalecer los niveles de dirección, pues la reciente batalla no fue sino escaramuza. Ya ha comenzado en la Caja una «reestructuración administrativa» que podría implicar la destitución masiva de unos tres mil asalariados. Ante la inminencia de esta agresión, nosotros estamos dispuestos a unirnos con todos los sectores, pese a las discrepancias expuestas, con el objeto de echar por tierra el nefasto plan.