A cuatro meses del cierre de la Universidad Nacional, en un vandálico episodio en el cual las fuerzas represivas dejaron un alto saldo de estudiantes muertos y heridos, el gobierno, en lugar de formular propuestas para la solución de la problemática educativa del país, y en especial a la del primer centro de formación superior, se ha empeñado en continuar, con el coro de la gran prensa, una campaña de calumnia contra la bases estudiantiles. En el fondo, toda la palabrería oficial solamente busca eludir el problema más grave: que la educación pública colombiana soporta un déficit de más de 60 mil millones de pesos.
Para la administración de Belisario betancur, quien con innumeras promesas sobre la fracasada “educación a distancia” llegara a la presidencia, la gran solución ha consistido en cerrar colegios, universidades, escuelas y hasta jardines infantiles, decretar “vacaciones anticipadas” para intentar detener las justas demandas del magisterio, continuar con el fortalecimiento de la educación privada y combinar la demagogia con la más dura represión. En lugar de suplir la falta de maestros que ha obligado a suspensiones de labores en planteles de todas las regiones del país, se congela la nómina, y en lugar de aumentar de acuerdo con las ingentes necesidades del presupuesto de las universidades oficiales, en el informe financiero de la Contraloría General de la República consta que éste se redujo de 17 mil a 10 mil millones de pesos.
En síntesis, la crisis educativa es la misma crisis del país. La quiebra de las universidades, el proyecto regresivo de volver a los pagos regionales para los educadores, los anuncios de que sólo en 1985 “tal vez se reabra la Universidad Nacional”, el sistemático incumplimiento de las promesas gubernamentales para las demás universidades, así lo hacen evidente.
Cuando el pasado 16 de mayo uniformados y personal de civil de las fuerzas represivas irrumpieron en la Ciudad Universitaria, dejando un elevado número de estudiantes muertos y heridos, no sólo quedó al desnudo la política educativa del gobierno de Belisario Betancur, en un todo idéntica a la de los anteriores regímenes, sino también la magnitud de la crisis de la educación pública en Colombia, la cual soporta un déficit superior a los 60 mil millones de pesos. El cierre de los establecimientos educativos se ha convertido en la cómoda solución gubernamental para todos los problemas de este sector, tanto en el nivel secundario como en el de la instrucción superior, y con él vienen aparejados los recortes presupuestales, la paulatina privatización de la universidad pública y la quimérica «universidad a distancia». Por otra parte, el movimiento estudiantil, disperso y desorganizado, ha sido víctima de las aventuras de la extrema izquierda que, combinadas con el conciliacionismo típico del Partido Comunista, llevaron las justas protestas de la juventud colombiana en la primera mitad de 1984 a una desbandada general.
Crisis sin precedentes
Al terminar la gestión ministerial de Rodrigo Escobar Navia, en los primeros días del mes de abril, el panorama educativo no podía ser más desolador: estaban cerradas las universidades Nacional, de Antioquia, Tecnológica de Pereira y del Quindío; otro tanto acontecía con cuatro de los principales colegios de Medellín, y, en un verdadero alud de problemas financieros, ruina de. la planta física, deudas con el profesorado, desalojos de residencias estudiantiles, «recesos académicos» por decreto, desaparición de escuelas, carencia de la más elemental dotación pedagógica y falta de maestros, el desbarajuste se extendía por Caquetá, Quindío, Boyacá, Valle, Risaralda, Norte de Santander, Cauca, Tolima, Cesar, Santander, Magdalena, Huila y Chocó.
Funcionarios oficiales de Boyacá y Risaralda declararon que sólo tenían plata hasta julio; en el Tolima había 247 escuelas rurales cerradas, tal y como sucedía en un colegio de Bucaramanga y en los municipios santandereanos de Málaga, San Vicente de Chucurí, Floridablanca, Puerto Wilches, Cimitarra, Bolívar, Capitanejo, Guavatá y Concepción, carentes de maestros; y en el resto del país se vivía una situación similar, hasta el punto de que por esos días renunció el rector de la Universidad de Nariño, Guillermo Dávila Muñoz, dejando expresa constancia de que su retiro obedecía al cuantioso déficit de aquella institución y al incumplimiento de las promesas de remediarlo hechas meses atrás por el presidente.
Un aterrador informe publicado en El Tiempo del 27 de mayo, por otra parte, daba cuenta de cómo en las escuelas bogotanas el abandono oficial llega al extremo de que los maestros -cuando los hay nombrados- deben apelar a sus menguados salarios y a la comunidad para conseguir tiza, reparaciones locativas, papel para reemplazar las inexistentes libretas de calificaciones, tapas de cerveza y cajetillas vacías para improvisar el material de actividades manuales. Padres de familia y vecinos acaban pagando el 80% de los costos educativos. Y eso que este año, en escuelas y colegios bajaron en cien mil los cupos disponibles.
Para colmo de males, y según el informe financiero de la Contraloría General de la República, el gobierno redujo en el presupuesto nacional los aportes a las universidades públicas (inicialmente calculados en 17 mil mes) a sólo 10 mil millones de pesos, en una variación de última hora que hasta El Tiempo califica como acto que coloca la educación en el papel de «comodín presupuestal». A estos recortes se suma el hecho de que el 60% de los recursos proviene de agencias internacionales, como el BID, con las conocidas secuelas de injerencia en la investigación y todo tipo de condiciones lesivas para el país. La consecuencia obvia de semejante estado de cosas es la privatización: las universidades elevan sus matrículas cada semestre y apelan a la «autofinanciación» para costear los servicios de bienestar, residencias, salud y restaurantes.
El gobierno no oculta sus simpatías por la universidad privada; el 16 de abril, cuando llegó hasta Palacio una marcha de estudiantes y profesores de la Universidad del Quindío, reclamando la solución a un déficit que ese centro de estudios arrastra de tiempo atrás y que ha llegado a los 370 millones de pesos, Belisario Betancur, además de hacer las consabidas promesas, manifestó que no tenía predilección por la universidad privada, pero que «es innegable que es mayor su rendimiento». Según El Espectador del día siguiente, «señaló Betancur que al establecer una relación de costos de un alumno de la universidad pública con uno de los de la universidad privada, indudablemente resulta más costosa la educación estatal». Con razón, pues, en la tan mentada educación a distancia más de la mitad de los estudiantes están matriculados en sólo cuatro universidades caras, privadas y confesionales, las cuales monopolizan el presupuesto destinado a los «módulos» de la fantasmagórica Universidad del Sur que, aparte de atender a menos de 3 mil estudiantes, registra una deserción acelerada.
La respuesta es la represión
Al ministro Escobar lo sucedió en el cargo Doris Eder de Zambrano, quien de entrada diagnosticó que el problema presupuestal podía resolverse destituyendo un buen número de «maestros sobrantes», y a la vez comenzó a intensificar la ampliación de los antidemocráticos artículos de la Reforma de la Educación Superior (Decreto 080 de 1980) expedida durante el gobierno de Turbay. Sus más recientes declaraciones apuntan hacia el cierre de una docena de programas académicos; todas las actitudes de esta funcionaria, a la cual solo le falta el zurriago, han precipitado la crisis. A comienzos de mayo, el magisterio de todo el país se lanzó a un paro que, además de reclamar salarios y prestaciones atrasados, constituía una defensa de la educación pública. El gobierno procedió a hostigar y detener a profesores y directivos de Fecode en Antioquia, Quindío, Santander, Guajira, Guaviare, Nariño y Atlántico. Finalmente tras 17 días de cese y masivas movilizaciones de los maestros, no halló mejor solución que un «adelanto de las vacaciones». Con justicia denunciaba la Federación Colombiana de Educadores el 27 de mayo: «Cuando en las universidades hay crisis, la medida mil veces ensayada es cerrarlas; si los maestros se encuentran en paro en demanda de soluciones a los graves problemas que aquejan a la educación pública, lo único que se le ocurre al gobierno es ordenar el cierre de escuelas y colegios. A este paso, el gobierno va a terminar clausurando el país entero».
En el campo universitario las medidas han sido similares. Durante el semestre fueron cerradas varias universidades: de Antioquia, donde los estudiantes repudiaron las 850 sanciones y expulsiones de compañeros en virtud de unas Normas Académicas engendradas al amparo del decreto 080 de 1980, que fue declarado inconstitucional para establecimientos departamentales; Industrial de Santander, cuya organización gremial, Audesa, fue víctima de una persecución encarnizada; del Atlántico, donde la inmensa mayoría del estudiantado busca sacudirse el yugo de una alianza entre las directivas y la Juco; y la Nacional, contra la cual la gran prensa orquestó una campaña de calumnias. Tal y como lo afirma el periódico Nueva Democracia de la Juventud Patriótica, Jupa, de junio último, en este caso «una opinión pública timorata y todavía encandilada por los reflectores de la demagogia belisarista, consternada por el asesinato de un miembro del gabinete de gobierno, apenas se inmuta por la más grande matanza de universitarios acaecida desde el 8 y 9 de junio de 1954».
Y donde no ha habido cierres, también se ha sentido la política represiva. Por ejemplo, en la Dístrital de Bogotá se organizaron unas antidemocráticas elecciones de representantes estudiantiles, y en la Universidad de la Amazonía, en Florencia han sido expulsados numerosos profesores.
Lastre anarcomamerto
Ya desde marzo y abril, las protestas de una decena de universidades ante la crisis y la represión hacían presagiar un movimiento de envergadura nacional. Sin embargo, en el curso de su desarrollo se hizo evidente que las bases estudiantiles fueron víctimas de la desorganización y el oportunismo. Aliada con la franja extremoizquíerdista, la Juco manipuló asambleas en varías universidades, y no escatimó esfuerzos ni oportunidad para anarquizar el movimiento, pese a sus declaraciones en contra. Como consecuencia de las acciones alocadas y temerarias, las bases daban los previsibles bandazos: un día apoyaban la toma de una Iglesia o de una sede de la Cruz Roja, y al siguiente manifestaban su espontánea repulsa de la presencia de encapuchados armados en sus asambleas. Tal es el efecto de la manipulación de efímeras «coordinadoras» sin capacidad de dirección, que en lugar de una táctica realmente revolucionaria ofrecieron acciones inmediatistas e infantiles, y a falta de un programa, la maniobra que combina la conciliación con el aventurerismo.
Muestra de todo ello fue lo sucedido en la Universidad de Antioquia, donde los «Activos» se ocultaron tras la consigna de «apenas informar», se negaron tercamente a propiciar las negociaciones y sabotearon las decisiones democráticas de las asambleas. Con ello sólo lograron alejar a las bases de la universidad, enfrentar a los profesores y precipitar el fracaso del movimiento.
Sin embargo, la polémica llenó de lecciones a los estudiantes, cuyas mayorías perciben que en la organización democrática hallarán solidez para reclamar sus reivindicaciones; las experiencias del semestre podrán así fortalecer al movimiento estudiantil y orientarlo por cauces revolucionarios de lucha. Como lo proclama el periódico de la Jupa, “la tarea de conformar las organizaciones del estudiantado sigue al orden del día. Nuestra corriente revolucionaria ha empezado a abrirse paso a través de ellas: si continuamos este trabajo con renovado ahínco, el próximo despertar revolucionario de este frente de masas contará con una formidable base organizativa”.