Los aumentos salariales del sector oficial siguieron congelados en la práctica al imponer el gobierno de Betancur un alza del 18.5 por ciento, que de hecho desmejora el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante estar clasificados como empleados públicos y no gozar de los derechos de organización y contratación colectiva, miles de ellos demandan significativas mejoras prestacionales, buscando romper las mezquinas ofertas del régimen.
Obligada Telecom a negociar
Los 12 mil asalariados de Telecom realizaron a finales de enero mítines de hasta cuatro horas diarias para forzar a la gerencia a discutir el petitorio. Si bien el Decreto 159 hizo valer allí el incremento del 18.5 por ciento, las combativas movilizaciones dieron por resultado que la parte patronal accediera el 3 de febrero a comenzar conversaciones alrededor de aspectos tales como el pago de los dominicales triples, el porcentaje por labores nocturnas, una prima para las estaciones repetidoras, una prima climática, el régimen disciplinario interno, salud, vivienda, auxilios sindicales y ajustes en el escalafón. Sobre todos estos puntos se logró un acuerdo, a la postre, satisfactorio para los trabajadores.
Entre tanto, el conflicto prosigue en Acotv y Gravi. En la Empresa de Teléfonos, que agrupa a casi cuatro mil obreros, el arreglo directo se inició el 11 de enero sin que a la fecha haya sido posible superar la primera oferta del 14 por ciento de aumento. En el frente de los empleados distritales de Bogotá, donde diez organizaciones gestionan alzas de salario, el gobierno está aplicando la táctica de distanciar unos conflictos de otros con el objeto de romper la acción coordinada de aquéllas.
Contrapliego en la Caja Agraria
Pocas veces se ha visto en los últimos tiempos un contrapliego tan agresivo como el presentado por la Caja Agraria a sus 13.600 trabajadores. Con él la empresa aspira a echar abajo el régimen especial de cesantías para traspasarlas al Fondo Nacional del Ahorro. Pretende asimismo ampliar de 47 a 60 años la edad de jubilación, suprimir la tabla de indemnizaciones por despido injusto, cuatro veces más alta que la del Código, y eliminar cuatro primas extralegales. De otra parte, la Caja Agraria pide también borrar de la convención la cláusula de estabilidad que le prohíbe despedir a un trabajador con más de diez años.
Otro pliego que se cierne sobre los creditarios es el llamado proyecto de refinanciación, mediante el cual cientos de asalariados serán clasificados como empleados públicos.
Sin acuerdo en el Cafetero
En 1982 un tribunal de arbitramento echó atrás un punto convencional que reconocía a los 7.800 trabajadores del Banco Cafetero la pensión de jubilación con el salario promedio y a los 25 años de servicios. En esta oportunidad el contrapliego de la empresa tiende a desconocer la retroactividad del aumento y a hacer más expedito el procedimiento para aplicar sanciones. Igualmente los 6 mil trabajadores del Banco Popular y los 2 mil del Industrial Colombiano enfrentan la política salarial del gobierno.
Por su lado, la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB, suscribió a comienzos del año sendas convenciones colectivas con el Banco del Comercio y el Banco Ganadero, con incrementos que llegan a 4.300 y 4.100, respectivamente.
Marginada la UTC en Acerías
En 1983, Acerías Paz del Río logró que el sindicato se aviniera a pactar con el 16.8 por ciento de aumento salarial y postergara las once cláusulas restantes del pliego. En aquella ocasión la empresa adujo estar en malas condiciones económicas. Sin embargo, éstas se debieron a pérdidas que sumaron 1.700 millones de pesos el año pasado, de las cuales el mayor porcentaje correspondió al pago de intereses a las entidades financieras. Cabe señalarse, además, que aunque la producción de hierro y cemento se vendió en su totalidad, con incrementos del 32.1 y del 68 por ciento, Paz del Río sigue adeudando al Chase Manhattan más de 15 mil millones de pesos. Por lo tanto, los obreros consideran con justeza que no son ellos los que deben sufrir las consecuencias del saqueo de los pulpos colombianos y extranjeros.
El pliego exige 250 diarios de incremento, a más de mejoras en los sistemas de destajo, bonificaciones para labores subterráneas, subsidio de transporte y otras cláusulas. De las conversaciones, que principiaron el 7 de diciembre, ha sido marginada la UTC por acuerdo mayoritario de la junta directiva, en protesta por la forma como se condujo y remató la pasada negociación.
Crece deuda laboral en Colpuertos
Más de 1.500 millones de pesos continúa debiendo Colpuertos a sus trabajadores por concepto de vacaciones, primas, cesantías, subsidio familiar y jubilaciones, denunció el presidente del sindicato del terminal marítimo de Barranquilla, Sindeoterma, Bernardo Charris. «Si se contabiliza tan sólo Barranquilla -indicó el directivo-, la suma que ha dejado la empresa de pagar por éstos y otros aspectos sube a 620 millones de pesos».
En 1983 hubo un insignificante aumento salarial del 10 por ciento para el personal fijo. Los obreros que laboran al destajo, en cambio, vieron disminuir sus ingresos en un 40 por ciento y más.
Estatales: jornada nacional
El 9 de febrero se cumplió en todo el país la jornada prevista por la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, para presionar la negociación de petitorios y rechazar la política salarial del 18.5 por ciento del gobierno belisarista.
En la jornada, además de Sittelecom y la Caja Agraria, participó igualmente Fecode para exigir el pago oportuno de las prestaciones y el respeto a la carrera administrativa.