Hace siete meses, los dueños de Pasteurizadora San Luis registraron en las notarías de Bogotá un cambio de personería jurídica, se declararon al punto en quiebra y desaparecieron sin dejar rastro, abandonando máquinas avaluadas en $80 millones y 37 camiones repartidores. Por extraño que parezca, valiosos equipos, embargados por el juzgado 12 Civil, salieron misteriosamente días después hacia depósitos particulares. Nadie supo a ciencia cierta qué ocurrió entre bastidores, ni siquiera los 200 obreros, que ven esfumarse las prestaciones sociales y la jubilación ante el silencio tolerante del Ministerio de Trabajo.
Mientras el expediente se apolilla, los obreros resisten sin vacilaciones el prolongado cerco al que los han sometido el gobierno, el Idema, el ICSS y un acuciosos juez de la República, cuya única medida ha sido declarar insubsistentes los contratos de trabajo.
Los trabajadores, por boca del presidente del sindicato, José Gregorio Cortés, propusieron ya hace meses poner en funcionamiento la fábrica, para costearse los salarios atrasados y las prestaciones. Pero ni el Idema quiere suministrar la materia prima ni el juzgado lo permite. Millones de pesos se convierten en inútil chatarra en espera de un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que no llega.
“La estafa de los patronos fue completa – denuncia Cortés -, porque cuando tocamos a las puertas del ICSS reclamando la jubilación de compañeros con 25 y 28 años de servicios, quienes siempre estuvieron al día en las cotizaciones, resultó que habían perdido el derecho porque la empresa estaba atrasada en los pagos”.
Sin desmayar ni un momento, los obreros lanzaron un llamamiento al movimiento sindical, reclamando mayor solidaridad. “Sin ella será imposible – sostuvieron los directivos – hacer frente a la justicia de un Estado que quiere someternos por hambre”.