Raul Arroyave
Se acaba de librar la segunda gran batalla contra el gobierno de Pastrana en menos de ocho meses. Como en el paro estatal de octubre de 1998 y las movilizaciones de 1993 contra la Apertura Educativa de Gaviria, este enfrentamiento superó las reivindicaciones meramente gremiales de los maestros para transformarse en un abierto repudio a la política neoliberal en el campo de la enseñanza, y aglutinó a todo el magisterio, a la comunidad y a muchas organizaciones sociales en la defensa de la educación pública.
Lo recio de la batalla puso al desnudo la intransigencia del gobierno y la actitud obsecuente del Congreso de la República, al aprobar a pupitrazo limpio medidas abiertamente antipopulares. Los requerimientos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, controlados por Estados Unidos, se han convertido en políticas del Estado colombiano para asestarle un golpe mortal a la educación pública y atropellar derechos hace mucho conquistados por el magisterio.
La política educativa oficial fue incluida como «parte programática» en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo y se propone modificar elementos sustanciales de la Ley General de Educación y de la Ley 60 de 1993: ubicar el nivel de preescolar como parte de la educación informal con el programa Úrsulas; entregar el financiamiento de la educación media a las entidades territoriales a través de nuevos impuestos y excluirla del situado fiscal; volver a imponer, contra la autonomía escolar, un currículo único, obligatorio y uniforme; introducir el sistema de pagos por capitación con carácter de subsidio a la demanda, que determina la financiación por el número de estudiantes atendidos y no por las reales necesidades educativas; redistribuir el situado fiscal entre las entidades territoriales, en lugar de aumentarlo, en aras de una supuesta equidad; reorganizar el sistema educativo con el llamado Nuevo Colegio, dirigido a recortar personal directivo y docente mediante la fusión de instituciones, la reducción de cupos escolares, una nueva organización con el esquema de Empresas Sociales del Estado, con autonomía administrativa y financiera y con rectores gerentes de libre nombramiento y remoción.
Gracias al paro, muchas de las propuestas presentadas como novedosas en la parte programática del proyecto inicial del Plan fueron desechadas. No eran otra cosa que las vetustas políticas ya derrotadas desde la época de la Ley General de Educación, que se pretendía modificar. Sin embargo, sobre los puntos programáticos del Plan no hubo acuerdo. Mucho menos en lo atinente a los traslados y a la evaluación, políticas que buscan destituir y perseguir a los docentes.
En el centro del debate estuvo el financiamiento de la educación pública. Fecode le demostró al gobierno que los porcentajes del situado fiscal vienen congelados desde 1996 en 24.5% de los ingresos corrientes de la nación. Esto significó la acumulación de un déficit que tuvo que ser cubierto con el llamado Fondo Educativo de Compensación, FEC. En 1998, por ejemplo, lo ejecutado por el FEC llegó a la suma de 732 mil millones de pesos, cifra destinada en 95% a suplir los faltantes de los dineros del situado en los diferentes departamentos del país. El congelamiento en los porcentajes del situado fiscal es mucho más grave si se tiene en cuenta la bancarrota de la nación y el desplome de sus sectores productivos provocados por la aplicación de la apertura económica, lo que ha devenido en profunda crisis tributaria que disminuye los ingresos corrientes de la nación y, como consecuencia, las sumas destinadas al situado fiscal.
Para 1999, el gobierno suprimió el presupuesto del FEC y mantuvo los porcentajes del situado en el mismo 24.5% de 1996. Es decir, el déficit actual puede superar el 25%, lo que explica por sí solo el retraso en el pago de los incrementos salariales para 1999 y la decisión del gobierno pastranista de imponer con el Plan una política de drástico recorte.
El gobierno busca compensar este cuantioso déficit con los «Convenios de desempeño», los cuales obligan a los departamentos a efectuar recortes de personal para acceder a créditos «blandos» que les permitan financiar los faltantes en el presupuesto. Igual propósito cumplen la autorización para despedir educadores financiados por los departamentos y municipios, cuando no puedan pagarlos, y la «flexibilización» del régimen de traslados y los planes de retiro obligatorio y «voluntario».
El director de Planeación Nacional, Jaime Ruiz, a pesar de lo contundente de las cifras, siempre afirmó de manera obcecada que los recursos alcanzaban, pero que estaban mal distribuidos y que, por tanto, se imponía el recorte de la planta de personal. La verdadera catástrofe financiera se hará sentir en el segundo semestre del presente año, cuando las decisiones del Plan comiencen a aplicarse, los recursos del situado se agoten y los funestos efectos de los convenios de desempeño se hagan sentir en todo su vigor.
La derogatoria del régimen prestacional especial fue otro de los asuntos consignados en el Plan. Éste pretendía suprimir la compatibilidad entre pensiones, pensión y salario, prolongar la edad de jubilación hasta 62 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente, e incrementar los aportes laborales al régimen de previsión. También buscaba rebajar las pensiones aplicando el promedio de los salarios de los últimos diez años de servicio.
Aunque estos puntos tuvieron que ser retirados del Plan, el gobierno no quiso garantizar el respeto al régimen prestacional especial del magisterio. Por el contrario, expresó su decisión de impulsar la reforma a la ley 100 de 1993 y eliminar los regímenes especiales en materia prestacional. Esto significa que la pelea por su defensa queda aplazada y que el magisterio tendrá que librarla denodadamente cuando se presenten los anunciados proyectos de reforma. Para que no queden dudas sobre las nefastas intenciones del pastranismo, el ministro de Hacienda llevó al Congreso el 19 de mayo un nuevo proyecto que arrasa con la retroactividad de las cesantías para todos los trabajadores del Estado que aún conservan este derecho.
El tema de los traslados ocupó gran parte de las conversaciones con el gobierno. En las negociaciones Fecode rechazó un régimen de traslados ligado a los procesos de «racionalización» de las plantas de personal, lo que implicaba que se regresara a las épocas anteriores al Estatuto Docente, cuando eran discrecionales y la estabilidad laboral del educador estaba a merced de gamonales, jefes políticos, curas y funcionarios.
Sobre el sistema de evaluación, la diferencia radicó en que mientras la Federación proponía que cualquier proceso evaluativo debe estar orientado hacia la capacitación del docente, el ministro Bula insiste en aplicar una evaluación que implica el retiro de maestros sin importar los resultados de la misma. Pase lo que pase, así todos ganen las pruebas, el 1.5% que obtenga los puntajes más bajos será destituidos. Cada dos años serán sacados de la nómina 4.500 educadores.
El MOIR y Tribuna Magisterial apoyan la desobediencia civil aprobada por la Junta Nacional de Fecode frente a las medidas del Plan Nacional de Desarrollo. Esta forma de oponerse a la política de Pastrana significa en esta etapa la defensa de los derechos del magisterio y de la educación pública como reivindicación estratégica de la población colombiana. La desobediencia civil implica un estado de alerta permanente para salirle al paso a cada medida lesiva intentada por el gobierno.
Es necesario reconocer que el principal objetivo del paro nacional, que era derrotar el Plan Nacional de Desarrollo en materia educativa, no fue alcanzado. Un discurso triunfalista en estas circunstancias en nada contribuye al temple de las fuerzas, a la comprensión de la difícil coyuntura ni a la preparación para las inevitables batallas que se avecinan. Estamos seguros de que el alto grado de unidad alcanzado en la Federación, el amplio apoyo de estudiantes y padres de familia, el respaldo brindado por las demás fuerzas sindicales y por el pueblo colombiano se harán sentir de nuevo, con mayor fuerza aún, contra el régimen neoliberal y proimperialista de Pastrana.
Premio Principe de Asturias al Instituto Caro y Cuervo
Hace más de medio siglo fue fundado el Instituto Caro y Cuervo, con el fin de coronar la monumental obra que iniciase don Rufino José Cuervo: el Dicionario de construcción y régimen de la lengua castellana. La culminación de esta tarea fue dirigida por el actual director del Instituto, Ignacio Chávez Cuevas. El Caro y Cuervo ha sobresalido en el mundo de habla hispana por su infatigable labor en defensa de nuestra lengua. Son innumerables las publicaciones que salen de su Imprenta Patriótica: libros, revistas, y obras tan significativas como el Atlas lingüístico y etnográfico de Colombia.
Celebramos este premio, tan merecido, y esperamos que el Instituto Caro y Cuervo prosiga su encomiable labor.