Los 8.800 trabajadores de Telecom se lanzaron de nuevo al paro en todo el país, el martes 9 de junio, en rechazo a la antinacional subasta del estratégico sector y para defender el régimen especial vigente de pensiones, en peligro de desaparecer. Los huelguistas demandan además que Caprecom, la descaecida entidad encargada de prestar el servicio de salud, vuelva a ser una caja de previsión fuerte y exclusiva para quienes operan este crucial renglón de la economía. Y exigen que se cumplan los acuerdos convencionales, que están siendo violados por la administración.
Tanto operarios como técnicos unificaron fuerzas para reclamarle a este gobierno que suspenda la entrega a las trasnacionales y a los grupos financieros locales de sector tan vital, entrega que ya se encuentra a punto de consumarse una vez les sean concretadas las licencias a los operadores escogidos: la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, cuya privatización acaba de aprobar el Concejo distrital, y Orbitel. Ambos se hallan en la tarea de conseguir el socio extranjero, requisito fijado por la siniestra ley 142, de servicios públicos, para entrar a saco en la red de Telecom.
El combativo paro, única vía que queda disponible, es la firme respuesta de los trabajadores a tan turbia ofensiva contra el interés de la nación, y busca preservar el patrimonio social atesorado por el trabajo colombiano en más de cinco décadas de esfuerzos.
Las pensiones en peligro
Otro abierto atropello se cierne ahora sobre el conjunto de los asalariados, sin discriminación alguna. Hace unos cuantos días, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado dieron las primeras puntadas para desconocer el actual régimen de excepción, una conquista necesaria ante lo riesgoso de la actividad laboral. Argumentan las Cortes, ladinamente, que, según la reforma constitucional de 1968, dicho régimen no tiene aplicación. Basada en la jurisprudencia de la Corte y en el concepto del Consejo de Estado, Telecom se apresuró a entablar demanda. De verse ésta favorecida por el fallo de la justicia, como es lo previsible, tanto los actuales pensionados como el resto de los trabajadores, sin excepción, sufrirían graves perjucios y el tope de la edad pasaría a regirse por la nefasta y antiobrera ley 100.
La pelea de Telecom viene a sumarse a los recientes paros que, en rechazo a las privatizaciones, coronaron con éxito los trabajadores del Estado en la Caja Agraria, el SENA y los hospitales. En las tres entidades se obtuvieron conquistas de significación. Lo anterior es una prueba más de que la clase obrera del sector oficial no dejará que impunemente se lesionen los intereses nacionales ni los derechos de los trabajadores. El oscuro intervencionismo gringo tropezará con el más firme frente de resistencia.