(Intervención en el Panel sobre la situación política nacional, en el Congreso de Fecode, Villavicencio, mayo 13 de 1997)
Marcelo Torres
Hoy se inicia en el Senado el debate sobre el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno, para restablecer la extradición de colombianos. Por sus implicaciones, resulta imposible pasarlo inadvertido. Viene a ser una suerte de remate de todo un ciclo, con el cual se cumple la voluntad imperial de Estados Unidos sobre el país. No es casual que Washington se regodee a punto de cobrar la pieza. Precisamente, la extradición fue catalogada como instrumento principal contra el narcotráfico en el nuevo protocolo méxico-norteamericano sobre la materia y en los convenios impuestos por Clinton a los adocenados gobernantes de Centroamérica.
Durante casi dos años consecutivos, Samper expresó que el restablecimiento de la extradición «no estaba en su agenda» o, de modo más simple, que por prohibirla la Constitución, la cuestión quedaba fuera de su alcance inmediato. En el segundo semestre del año pasado la posición sufrió tal metamorfosis que se trocó en su contraria. Del «no» inicial se pasó al » debe estudiarse el tema», y de este al » sí y 20 mil veces sí» del anterior ministro de Justicia. El asunto llegó a tal extremo, que el mismo Samper abrió la puerta para que el retorno de la extradición pudiera completarse con su aplicación retroactiva. ¿Qué provocó vuelco tan radical? A estas alturas quizá no haya colombiano que lo ignore: la cancelación de la visa al presidente de Colombia, la » descertificación» gringa de marzo pasado y, sobre todo, las amenazas de represalias económicas de Estados Unidos contra el país, en la más intensa escalada intervencionista de Washington sobre Colombia que hoy prosigue y se ahonda. La crisis política que va para dos años, fue desencadenada a raíz de dicha intrusión. Fueron las presiones así desatadas las que doblegaron al gobierno al punto de llevarlo a adoptar numerosas medidas contra el país y el pueblo, como la aprobación de la extinción del dominio que arrasó con la presunción de inocencia, el aumento de penas, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense, y la firma del convenio que permite el abordaje por la marina gringa.
Samper ha hecho gala de un duro pellejo de lacayo. Un hecho evidente, a juzgar por la aflictiva actitud con que ha recibido el trato de congénere de Noriega y los frecuentes denuestos y vejámenes que le prodiga el imperio. El país se ha acostumbrado a que cuando Samper presume de rebeldía o de dignidad ante Estados Unidos se avecina una más oprobiosa humillación nacional. Concomitante con todo ello, la abierta injerencia del embajador de Frechette en cuanto le place, que bien le ha valido el rótulo de virrey o procónsul, prosigue sin que autoridad colombiana alguna se atreva a poner fin a la locuacidad del diplomático yanqui. En su sonado reportaje de comienzos de año, Frechette se burló sin ambages del nombramiento del ministro de Defensa González y censuró la proyectada reforma política. En seguida, ministro y reforma se derrumbaron.
El colaboracionismo, o la traición nacional del gobierno y la burguesía
La situación configurada no tiene parangón con ninguna otra época de nuestra historia republicana. En la víspera de la secesión de Panamá, por lo menos el Congreso rechazó un tratado infamante y Uribe Uribe propuso silenciar los cañones de la guerra en aras de la defensa de la patria. Así Marroquín no aceptara y el caudillo liberal conciliara a la postre con la septentrional «política de las cañoneras». Ante la actual intromisión en nuestros asuntos internos, que profundiza y afianza el dominio norteamericano, el actual gobierno asume una política de entreguismo y colaboracionismo sin precedentes. La burguesía en su conjunto, desde los altos » cacaos» de los grupos financieros, hasta los representantes de los gremios económicos, presa de pánico ante las amenazas de un eventual bloqueo económico, en la disyuntiva entre su bolsa y el interés nacional, se decidió presurosa por la primera, echando por la borda el legado de los pioneros de la industria, aquel ímpetu emprendedor que hizo de las tareas de la industrialización nacional «un desafío progresista y hasta heroico». Y cerrando los ojos ante el hecho de que toda la nación pierde si el capitalismo nacional termina por ser arrasado mediante la desindustrialización, la ruina total de agro y la toma plena del mercado interior por las multinacionales, que es la perspectiva cierta que abre la actitud capitulacionista. Así, entre los círculos dominantes prevalece la opinión de que la injerencia norteamericana es inevitable e incluso conveniente, abrazando la posición progringa y de traición nacional.
Para las próximas elecciones entrará en juego un factor fuera de serie que acentuará todas las contradicciones: la directa injerencia norteamericana en la determinación de los resultados que definirán el próximo presidente de Colombia. No se requieren mayores cábalas sobre el actual favorito del imperio. Se le considera un «aliado», que trabajó «estrechamente» con Estados Unidos desde la Fiscalía, al decir del propio Frechette. Cuando su candidatura iba a ser lanzada, el Departamento de Estado se apresuró a expresar el júbilo por el nuevo papel y la perspectiva de su pupilo. El subsecretario Robert Gelbard no escatimó alabanzas para Valdivieso, el hombre de los gringos en Colombia.
Urge una salida negociada
Crisis política, aguda recesión económica, y alarmante recrudecimiento de la violencia a escala nacional, concluyen en la explosiva mezcla constitutiva de la situación nacional. Para la mayoría de los colombianos es claro que el ascendente espiral de violencia, de continuar, terminará llevándose de calle la frágil democracia política existente, abultando las pérdidas materiales del país y, lo peor, generalizando el derramamiento de sangre entre las filas del pueblo. La intensificación del conflicto interno amenaza balcanizar el país, en el momento en que más se requiere la unidad nacional para hacer frente al intervencionismo imperialista. Urge una salida política negociada, que civilice la contienda y traiga una paz fundada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.
La raíz de la recesión es la apertura económica
La afugias de la economía nacional, especialmente agudizadas durante 1996 y en el actual año, no se originaron de modo principal en la crisis política, como sostienen gremios económicos y analistas desde la orilla progringa. La drástica recesión resultó del efecto combinado de revaluación, pagos de deuda externa, restricción del gasto público, congelación salarial y altas tasas de interés, privatizaciones y desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiaria. Los memorandos del FMI, de donde proceden todas esta políticas, han sido aplicados a pie juntillas por Samper. De allí derivaron la caída de la producción industrial y agropecuaria, de la inversión pública y privada, del consumo y las ventas, el aumento del desempleo y del déficit en cuenta corriente. La raíz de tantos estragos es anterior a la crisis política y reside en la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, la estrategia económica continental impuesta por Estados Unidos a nuestros pueblos. El creciente intervencionismo, lejos de llevar la administración Samper a enmendar la plana, la ha vuelto aún más obsecuente con el esquema económico proyanqui, provocando el fuerte repudio del movimiento obrero y el pueblo y sus movilizaciones contra el gobierno.
Samper sigue batiendo marcas en materia de servilismo ante las multinacionales. A instancias suyas, el Congreso aprobó el Convenio de Protección de Inversiones con Gran Bretaña, para exonerarlas de la expropiación por vía administrativa, terminando lo que Gaviria inició y contrariando la Constitución misma. Luego, en la hundida reforma política, pretendió circunscribir la mencionada expropiación a los inmuebles, con tal de favorecer el capital foráneo. Antes había rebajado los impuestos a las remesas de utilidades de las empresas petroleras extranjeras. En otro acto reciente de entreguismo, en Cartagena ofreció todo género de ventajas y facilidades a las grandes trasnacionales de la energía y el petróleo ; despidió directivos de Ecopetrol en aras de complacer a la BP en su inaudita pretensión de mejorar su rentabilidad mediante el cambio unilateral de los contratos de asociación con la petrolera estatal; apoyó las descaradas maniobras del fletado ministro de Minas para favorecer a la misma multinacional, por encima del concepto del Consejo de Estado y de resultados de estudios científicos. Por fortuna, el país, alerta, frustró esta vez la jugada contra la nación. Las empresas y entidades del Estado privatizadas o desmanteladas suman una larga lista y continúan llevándose a cabo a precios de realización. No sólo se ha suprimido la función pública que cumplían sino que, como lo revela la Contraloría, en tales enajenaciones la nación ha soportado cuantiosas pérdidas.
Los obreros marcan el rumbo
Mientras el gobierno y la burguesía en su conjunto han adoptado medrosos la política de sumisión nacional, el grueso de los trabajadores y otros extensos sectores populares se enfrentan valerosamente contra la injerencia imperialista en pugna por la independencia y la soberanía del país. Detrás de la confusión y el caos aparente, la batalla ideológica y política más general y decisiva entablada hoy en Colombia, de la cual depende el presente y el porvenir, se libra entre una posición que canta loas al sojuzgamiento nacional como salida a la crisis, que sólo representa a una minoría vendepatria, y otra que expresa el interés de la mayorías, la de los patriotas que han salido a defender la autodeterminación y la libertad de la nación. Tal la verdadera » línea divisora» que delimita los campos en la crisis. Cabe perseverar en el camino que hemos emprendido. Ante todo, velando por una mayor coordinación organizativa mediante el reforzamiento del Comando Nacional Unitario, ese instrumento surgido de la lucha en el movimiento obrero, y comprendiendo que la resistencia planteada ante la agresión norteamericana demanda la activa incorporación de los patriotas de todas las clases sociales, partidos, sectores y fuerzas.
Se aproximan sin duda nuevas y complejas coyunturas críticas. Mas por oscuros que sean los tiempos que sobrevengan para la nación, de allí brotará su victoria.
Senado aprueba proposición contra injerencia
de EU a propósito de «derechos humanos»
El Senado, en su sesión plenaria de ayer, aprobó la siguiente proposición: «El Senado de la República rechaza la nueva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia a propósito de su política de derechos humanos, que no persigue cosa distinta que someter a sus dictados el desempeño de las instituciones colombianas, entre ellas la castrense».