Enrique Daza G.
Durante los últimos meses participamos con Juan Pablo Arango en la comisión pactada entre los sindicatos y el gobierno, para estudiar la conveniencia o no de la apertura en el servicio de larga distancia nacional e internacional. De esta comisión se produjo un estudio que, junto con el del Dr. Eduardo Sarmiento Palacio, concluyó que era desde todo punto de vista inconveniente efectuar esta apertura o privatizar Telecom. Después se realizaron seis foros regionales en los cuales hubo amplia participación de los trabajadores, organizaciones sindicales y populares, representantes de concejos municipales y asambleas departamentales, usuarios y ciudadanía en general. En estos foros se rechazó categóricamente la apertura en telecomunicaciones y se condenó la posición del gobierno y de los expertos de éste en la comisión, lo cual amplió el conocimiento de la opinión pública sobre el tema y ha servido para preparar las batallas que se librarán en el futuro inmediato en defensa de este importante patrimonio nacional.
El proceso de apertura en larga distancia, formalizado en la resolución 28 de 1996, se hizo sin estudios previos. Las recomendaciones de algunas firmas extranjeras que elaboraron documentos entre 1995 y 1996 se limitaron a sugerir mecanismos de liberalización y ninguno contempló qué le pasaría al país y a Telecom de introducirse la competencia. Lo que ha estado verdaderamente en juego son los multimillonarios intereses que existen alrededor de este negocio y los apetitos de las empresas multinacionales, principalmente norteamericanas, de apoderarse del mercado colombiano.
En realidad la legislación aperturista comenzó con el decreto 1900 de 1990, continuó con la ley 33 de 1992 y no ha concluido, ya que en la actualidad se cocinan nuevas resoluciones para entregar las partes más lucrativas del mercado del sector al capital extranjero. Entre los efectos de esta legislación incoherente, apresurada e irresponsable se encuentran: privar de la capacidad de control técnico en la materia a Telecom, que es quien puede hacerlo, trasladándosela al Ministerio de Comunicaciones, cuya capacidad de control es nula. Crear un enfrentamiento de decisiones entre la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones y Telecom. Y, la más importante de todas, provocar un enfrentamiento artificial entre las telefónicas y Telecom, enfrentamiento detrás del cual están las empresas extranjeras y que provoca un gran desorden en el sector.
La heroica lucha de los trabajadores de Telecom, en 1992 y en 1996, ha impedido consumar estos atentados cuyas consecuencias hubieran sido devastadoras para la empresa.
La apertura programada en la resolución 28 de 1996, que entregaba la larga distancia a dos operadores más, hubiera tenido las siguientes implicaciones: deteriorar la situación de Telecom, eliminar sus transferencias al Tesoro nacional, reducir a cero sus contribuciones a la renta en un período de tres años, convertir sus utilidades en pérdidas y abandonar la telefonía social que hoy cubre Telecom.
Por otra parte, esta apertura habría significado trasladar a manos del Estado la responsabilidad de las pensiones mientras las ganancias se las llevan los monopolios, dejar al país sin la posibilidad de una base para el desarrollo tecnológico de la industria más importante del siglo XXI y entregar a manos privadas, mayoritariamente extranjeras, un recurso indispensable para la defensa de la soberanía nacional, e importante apoyo para la producción nacional y el fortalecimiento del mercado interno, eliminando una importante herramienta de redistribución del ingreso.
Esta política, junto a la de privatización, parte de un diagnóstico errado de la situación mundial y del contexto nacional. En lo nacional, porque subestima las fortalezas de Telecom: base tecnológica, capacidad de sus trabajadores, estructura financiera sana, experiencia, cubrimiento y función social. De otro lado, sobrestima las debilidades de la empresa: la falta de mayor autonomía frente a las decisiones coyunturales del gobierno, la necesidad de aprovisionar para el Fondo de Pensiones, y diversos problemas administrativos. Para corregir esas fallas los sindicatos plantean como solución una ley de gestión, provisiones paulatinas y una administración estable, idónea y profesional.
En lo internacional, la posición de los aperturistas es equivocada porque no tienen en cuenta la necesidad de fuertes empresas nacionales para enfrentar gigantescos monopolios trasnacionales. Hacen demagogia sobre la disminución de las tarifas,cuando las evidencias internacionales muestran lo contrario. No atienden la realidad mundial de la convergencia, o sea el ofrecimiento de paquetes integrados de servicios por parte de grandes empresas, lo cual se debe resolver en Colombia manejando integralmente el sector y creando una gran empresa nacional de telecomunicaciones.
Las tesis aperturistas niegan, por su parte, el hecho de que esta política está indisolublemente ligada a la apertura, que en América Latina ha significado aumento de la pobreza, desindustrialización, dependencia económica, pérdida de la soberanía nacional y concentración del ingreso.
Con sus propuestas, que incluyen la privatización de Telecom, el actual gobierno reduce la posición del país a la de un satélite sometido a la lucha de las potencias y las multinacionales por el control de mercados y territorios. Sobrestima los efectos inmediatos que sobre Colombia tiene la modernización tecnológica, como si ésta no estuviera también al alcance de Telecom y niega la experiencia histórica de cómo se construyeron las redes de telecomunicaciones con fuertes monopolios e intervención del Estado.
En los foros se demostró que quienes sostienen este diagnóstico cometen graves errores, y no pueden refutar los argumentos de los defensores del monopolio estatal, limitándose a repetir los lugares comunes de las corrientes neoliberales que se han convertido en un acto de fe en las bondades del libre mercado, las que no han sido comprobadas en ninguna parte del mundo.
Planteamos argumentos y cifras que demuestran que quienes se benefician con la apertura y la privatización son un puñado de grupos monopolistas colombianos y extranjeros, perjudicándose la inmensa mayoría de la población, la producción nacional y la nación entera, siendo que la ciudadanía a la que tanto apelan, es defensora de Telecom.
Sin embargo, ante la persistencia del gobierno en su intento de privatizar la empresa valiéndose de diversos subterfugios, los trabajadores deberán salir nuevamente al paro y a las calles decididos a impedir que se cometa este atropello contra los intereses nacionales. Las gestas de 1992 y 1996 deberán repetirse en 1997 seguramente con el apoyo masivo del resto de trabajadores encabezados por sus centrales obreras.