Pese a sus obcecadas tentativas, el gobierno no ha podido hasta ahora cerrar el Hospital Universitario Ramón González Valencia. Lo ha impedido la movilización de todo el pueblo santandereano, desde el gobernador del departamento, los alcaldes de la capital y de los municipios aledaños, los diputados, los concejales, la bancada parlamentaria santandereana, las Cámaras de Comercio y la Pastoral Social de la Iglesia Católica hasta las organizaciones de los trabajadores, los gremios de los médicos y enfermeras y los estudiantes de medicina de la UIS, que han respondido a la convocatoria del Comité Intergremial por la Defensa de la Salud. Bajo el lema de «abraza a tu hospital», se ha recurrido a diversas modalidades de denuncia, tales como mítines y desfiles, foros, cabildos abiertos, debates en Congreso, marchas en la provincia y una multitudinaria concentración en Bucaramanga en el mes de agosto, a más del «mayor cartel de papel reciclable según el Record Guiness 2004» (véase foto). Y a comienzos de septiembre, durante 24 horas, un cordón humano rodeó al Hospital Universitario.
Tal solidaridad no sorprende. El González Valencia es el hospital público más importante de todo el oriente colombiano. Con el cierre se les suspenderá a millones de colombianos de siete departamentos la única oportunidad de atención de alta complejidad, incluidas miles de cirugías y urgencias, cuidados intensivos, unidad renal, banco de sangre, cirugía general y ortopédica y tratamiento del cáncer, entre otros. El Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga posee la única Unidad de Quemados del oriente colombiano. Es el principal centro de práctica para la Facultad de Salud de la Universidad Industrialo de Santander, y en él reciben entrenamiento de alta calidad estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia, nutrición y laboratorio clínico, bajo la supervisión de más de un centenar de docentes universitarios. Es la sede de siete especializaciones médicas cuyo desarrollo se halla al servicio de la misión del hospital. De lo anterior puede inferirse la tragedia social que para Santander y el país representaría un eventual cierre del Hospital.
Bajo la consigna de Financiación estatal para los hospitales públicos, millares de santandereanos le han venido exigiendo al gobierno nacional que los hospitales se fortalezcan y denunciado la intención del Ministerio de Protección de no cancelar las deudas adquiridas con la Red Pública Hospitalaria por concepto de atención de la población pobre no asegurada. Tal como lo impuso la Ley 100, del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, el gobierno pretende que los hospitales reestructuren la planta de personal y ajusten el presupuesto al dinero que finalmente se les transfiere y no a las necesidades reales de la población.