Publicamos a continuación apartes de la declaración emitida en noviembre por la Unión de Comités Pro–Defensa de los Barrios Orientales de Bogotá.
El pasado 25 de octubre, se hizo presente la maquinaria en el barrio Sucre, reiniciando las obras de los “Circuitos viales”, hecho que constituye la amenaza franca del desalojo a las familias que viven en este sector. Igual ocurrió en la primera semana de noviembre en el Bosque Calderón y en los barrios: Paraíso, San Martín, Pardo Rubio, Juan XXIII y, en general, en toda la zona oriental.
El pueblo colombiano, y el pueblo bogotano en particular, viene combatiendo desde hace más de cinco años uno de los planes más antipopulares e imperialistas como es el llamado «Plan Cerros» caído en un desprestigio tal a los ojos del pueblo el actual gobierno de López ha tenido que disfrazarlos con el nombre de “Anillos o circuitos viales” con el fin de meterle gato por liebre al pueblo, y darle paso a los “Planes de Desarrollo Urbano” que benefician exclusivamente a los pulpos urbanizadores y al imperialismo norteamericano.
La reanudación de estas obras es la respuesta servil del gobierno distrital y nacional a las órdenes del Banco interamericano de Desarrollo (BID) que exige que antes del 11 de diciembre deben haberse puesto en marcha todas las obras en la zona. Así lo confiesa el director del IDU, Emilio Saravia, en el reportaje a El Tiempo (oct. 25/76) y al discurso del alcalde mayor, Luis Prieto Ocampo, en la instalación del Concejo de Bogotá (nov. 2/76). Esto significa que los desalojos es otra de las obras que se ponen a la orden del día; ya sea directamente, porque las viviendas se encuentren sobre los trazados o indirectamente, a través del desalojador impuesto de valorización y la correspondiente y continua alza de los servicios públicos, más las intimidaciones de las autoridades distritales y las compañías urbanizadoras.
Ante este atropello que se cierne sobre el pueblo colombiano, en cabeza de los habitantes de la zona oriental de Bogotá, llamamos al pueblo en general a la solidaridad en torno a nuestras exigencias que son:
1. El reconocimiento de los habitantes de la zona oriental como los únicos y legítimos propietarios y de los Comités Pro–Defensa como nuestros auténticos voceros.
2. El gobierno debe asumir la responsabilidad de indemnizar a los habitantes afectados por las obras. La indemnización debe satisfacer las necesidades de vida y de trabajo; eximir a los habitantes de cualquier pago adicional y entregar los respectivos títulos de propiedad.
3. La paralización inmediata de las obras hasta tanto no se defina por parte del gobierno sobre nuestras exigencias, que ponga fin a la actual situación.